La expansión del cultivo de transgénicos ha sido tan evidente que, entre 2005 y 2017, sólo la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Tabasco permanecieron como territorios “libres” del cultivo experimental y comercial de este tipo de productos. Sin embargo, existen casos documentados del uso ilegal de transgénicos en estos lugares y en toda la República mexicana.
A finales del año pasado, por ejemplo, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) reveló que a pesar de que en México está prohibida la siembra y distribución de maíz transgénico, el 91.3 por ciento de los productos industriales de maíz contienen algún producto genéticamente modificado –inclusive en aquellos etiquetados como “artesanales” o “libres de transgénicos”–.
El uso de organismos genéticamente modificados (OGM’s) o transgénicos, en México y el mundo, se presenta en la actualidad como “una alternativa para enfrentar la crisis climática” que afecta las cosechas y la producción de alimentos, refiere el documento del CECCAM.
Los cultivos transgénicos “son organismos creados en el laboratorio con una técnica que permite insertar genes de bacterias, plantas o animales a cultivos como el maíz y la soya”, refiere Greenpeace en su Guía roja y verde de alimentos transgénicos.
El problema radica en que “la ingeniería genética aplicada para la creación de transgénicos, ‘corta y pega’ genes sin controlar dónde y cuántos se pegan en el organismo receptor y sin que se sepa qué efectos inesperados pueden provocar. Tampoco se sabe si estas construcciones transgénicas son estables o no”, explica el organismo internacional.Aunado a ello, refiere el CECCAM, quienes siembran transgénicos en México lo hacen en áreas naturales protegidas, en centros de origen de los alimentos y en las mejores tierras de riego.
“Las empresas productoras intentan avanzar en las zonas donde existen las mejores condiciones de infraestructura, y no en las regiones agrícolas de mayor ‘estrés’ y sequías” –lo que más que un avance, puede significar un riesgo para la materia prima que se produce de manera tradicional, por ejemplo–.
Tal es el caso del maíz, “una riqueza socialmente producida y preservada por los pueblos indígenas y campesinos de México”, quienes nos han heredado las cerca de “59 razas nativas de maíz” que existen hoy en día en el territorio nacional, pero que “están siendo amenazadas por la liberación de organismos genéticamente modificados al ambiente”, se lee en el informe.
El documento del CECCAM menciona que el uso de OGM’s comenzó en México en 1988, cuando el Gobierno mexicano autorizó la primera siembra experimental de tomate genéticamente modificado a la empresa Sinalopasta, en Guasave, Sinaloa. Desde entonces y hasta agosto de 2017, en el país han sido solicitados, al menos, 356 sitios distintos de liberación de transgénicos.
Sólo entre 2005 y agosto de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) autorizó la liberación de transgénicos en 24 estados de la República [Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas].
El resto no lo solicitó [Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Tabasco] o le fueron negadas las solicitudes de cultivo [Aguacalientes, Estado de México, Michoacán y Puebla].
Destaca que la mayor parte de los beneficiarios de esta apertura del mercado de transgénicos en México son “un grupo muy selecto de empresas extranjeras”, ya que de 853 solicitudes hechas entre 2005 y el año pasado, sólo 22 fueron realizadas por centros de investigación gubernamental mexicanos.
Del total de solicitudes, menciona el CECCAM, el 70 por ciento [595 peticiones] han sido aprobadas. El resto de solicitudes está en proceso de resolución [14.4 por ciento] o ha sido negado [13.2 por ciento].
Y son precisamente dos compañías, Bayer y Monsanto, las que dominan el mercado mexicano al tener presencia en casi todo el país –salvo en los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Querétaro–.
El monopolio de Bayer y Monsanto concentra el 60 por ciento de los permisos otorgados entre 2005 y 2017. Pero podría consolidarse aún más, pues es probable que, este año, Bayer compre a Monsanto en una transacción que ronda los 66 mil millones de dólares.
Entre 2005 y el año pasado, las solicitudes para la liberación de transgénicos al ambiente se concentraron en la producción e importación de semillas, además de la comercialización de nueve tipos de cultivo: alfalfa [tres solicitudes aprobadas de 13], algodón [308 de 405], canola [cero de dos], frijol [una de una], limón mexicano [tres de seis], maíz [194 de 327], naranja dulce [cero de tres], soya [43 de 52] y trigo [43 de 44].
En el caso específico del maíz, aunque hay un proceso jurídico que tiene cancelado el cultivo de transgénicos, no obstante, la importación es permitida. Según cifras de Greenpeace México, nuestro país importa de Estados Unidos “más de 6 millones de toneladas de maíz cada año, de las que 45 por ciento son de maíz transgénico”.
EL USO DE TRANSGÉNICOS EN MÉXICO
En 1996, el Gobierno federal formalizó la primera norma para regular la importación y liberación de transgénicos [NOM-056-FITO-1995]. Tres años después, apareció la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), que es el órgano del Poder Ejecutivo Federal encargado de establecer las políticas relativas a la seguridad de la biotecnología respecto al uso seguro de los OGM’s.
Sin embargo, desde 1993 comenzaron las primeras pruebas de campo para la siembra de maíz transgénico, mismas que fueron realizadas en mínima escala –ensayos en terrenos menores a una hectárea bajo estrictas medidas de control por parte del Gobierno federal–.
Por esos años, sobre todo entre 1996 y 1998, las solicitudes de experimentación en campo aumentaron, por lo que en 1999 y hasta 2005, Sagarpa –integrante de la CIBIOGEM– impuso una “moratoria de facto” o prohibición a la siembra experimental y comercial del maíz transgénico.
Entre 1988 y 2004, fueron otorgados 317 permisos a 38 empresas, tres institutos, varias universidades, entre otros, para establecer 26 cultivos experimentales de transgénicos, distribuidos en 48 sitios localizados en 17 estados de la República [Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz].
Debido a la moratoria impuesta sobre el maíz transgénico, en esos 16 años, el 90 por ciento de las áreas designadas para los cultivos experimentales [667 mil 510 hectáreas en total] produjo algodón. El resto se abocó a la siembra de calabaza y calabacita, canola, colza, clavel, chile, microorganismos, papa, piña, soya, tabaco, tomate, trigo, etcétera. También hubo cultivo de maíz, aunque de manera restringida.
A partir del año 2005, en México, se suscitó un parteaguas en la problemática de los cultivos de transgénicos, refiere el informe del CECCAM. Bajo la administración del ex Presidente panista Vicente Fox Quesada, a la vera de intensas críticas y denuncias por parte de diversos sectores de la sociedad civil, el 18 de marzo, el Gobierno federal publicó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) -también conocida como “Ley Monsanto”, debido a que beneficiaba, sobre todo, a la compañía con el mismo nombre-.Dicha norma permite, hasta la fecha, el avance de los transgénicos en nuestro país. Es la base de la regulación para actividades de uso confinado y liberación de transgénicos al ambiente, su comercialización, importación y exportación. Además, determina las competencias de las diversas dependencias de gobierno en materia de bioseguridad.
El resultado posterior a la entrada en vigor de la LBOGM fue un boom de aprobaciones de permisos para la liberación de cultivos genéticamente modificados, con la ulterior anuencia de la siembra comercial de algodón y soya transgénicos.
Entre 2005 y agosto de 2017, diversas compañías solicitaron 853 permisos para instalar 333 sitios distintos de siembra de OGM’s, en una extensión territorial de 15.4 millones de hectáreas -un área 22 mil 449 veces más grande que el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, por ejemplo-.
A partir de la LBOGM, el otorgamiento de permisos de liberación de transgénicos partió de tres fases: uno, la liberación experimental con controles para evitar el contacto de los transgénicos con la población y el medio ambiente; dos, programas piloto que pueden o no incluir dichas medidas de contención; y tres, la liberación comercial, es decir, permisos con vigencia indefinida para producir y distribuir transgénicos entre la población.
Entre 2005 y agosto de 2017, 21 estados de la República Mexicana entraron en fase experimental para la liberación de transgénicos [Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas].
Asimismo, en ese periodo, ocho entidades federativas entraron en fase piloto [Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz] y 15 en fase comercial [Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán].
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EFRÉN FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-03-2018/3387611