DJI contrató a empresas que no fueron localizadas en los domicilios fiscales, o que evadieron el pago de impuestos, de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
La investigación estableció que la citada compañía recibió cinco contratos de los organismos gubernamentales señalados por 176 millones de pesos, todos por asignación directa, situación que violó la normativa gubernamental.
La asignación de estos contratos puso en riesgo información gubernamental catalogada como de seguridad nacional, pues la ASF detectó que la empresa no reportó que tuviera medidas de seguridad en el manejo de los datos a pesar de que la documentación entregada por la OADPRS contenía información delicada.
La ASF estimó que las irregularidades detectadas en estos contratos implicaron un daño al erario por 150 millones de pesos, y pidió a los órganos internos de control respectivo iniciar investigaciones a los funcionarios responsables y al Sistema de Administración Tributaria, investigar si las empresas cumplieron con sus obligaciones fiscales.
Contratos inflados
Durante el 2016, la empresa DIJ recibió tres contratos del OADPRS por 112.5 millones de pesos. Para entregar los contratos el organismo aseguró que no contaba con el personal especializado y capacitado para el manejo de “archivos gubernamentales, gestión documental y jurídico-administrativa para desarrollar el servicio”.
En la investigación, la ASF comprobó que el personal que la empresa DJI asignó al cumplimiento de los contratos tampoco estaba capacitada para la tarea, pues los coordinadores generales de los servicios de cada contrato (empleados por DJI) “argumentaron no contar con estudios especializados en las materias señaladas, y negaron cualquier capacitación relacionada con las mismas por parte de su empleadora y del OADPRS”.
La ASF también encontró que para la realización de los trabajos, DJI erogó en pago de nómina 26.3 millones pesos, es decir sólo el 23.4% de los 112.5 millones de pesos que pagó el gobierno federal, “lo que denota que la contratación de dicha empresa no estuvo motivada en las mejores condiciones para el Estado, toda vez que se pagaron tres servicios en un precio que resultó excesivo”.
También se detectó que para cumplir con los trabajos, DJI subcontrató a una segunda empresa: Full Service de México, SA de CV, “no obstante la prohibición de subcontratación establecida en la cláusula décima cuarta de cada uno de los tres contratos suscritos”.
Por todo lo anterior, la ASF pidió al Órgano Interno de Control “inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos que en su gestión solicitaron, autorizaron y suscribieron, durante el ejercicio de 2016, tres contratos de prestación de servicios por montos superiores al costo real de los trabajos realizados”.
Triangulan recursos a empresas inexistentes
La asignación de contratos sin concurso de por medio a DJI se repitió en Aserca, el organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), dedicado a la comercialización y desarrollo de mercados.
En ese caso, la asignación fue autorizada directamente por el titular del organismo, Alejandro Vázquez Salido, quien fue jefe de la oficina del secretario de Hacienda en el periodo de Agustín Cartens.
La dependencia pagó 63.4 millones de pesos a DJI por un diagnostico de los procesos en tres de las direcciones regionales de Aserca, y por servicios de procesamiento analítico de información y digitalización de documentos.
Lo que ASF detectó fue que DJI entregó como resultado del primer contrato, un diagnóstico en donde prácticamente el 70% del documento “son transcripciones y citas textuales” de documentos públicos.
Y aunque estaba pactado que se realizaran visitas a los centros regionales de Aserca para conocer los procesos a diagnosticar eso no se cumplió, de tal suerte que la empresa no pudo presentar documentos que confirmaran el trabajo.
Por ese diagnóstico Aserca pagó 2.5 millones de pesos mediante una transferencia bancaria a nombre de la empresa. La ASF constató que desde esa misma cuenta DJI transfirió mediante dos pagos electrónicos bancarios “una suma de 2.6 millones de pesos a la empresa IE Technologies, que a su vez transfirió la cantidad de 1.7 millones a la empresa COESSER, y un monto de 232 mil pesos a la empresa COFEVAM Servicios Integrales”.
Por el segundo contrato, Aserca pagó 60.9 millones de pesos por la digitalización del 3.5% de los expedientes generados durante el 2016, trabajo por el que DJI pagó 4.6 millones de pesos de nómina. El resto se trianguló a otras empresas.
“Del análisis realizado a la cuenta bancaria a nombre de DJI, en la cual ASERCA le depositó los recursos públicos federales, se constató que parte de ellos los transfirió como sigue: 3.7 millones a Gabala Asesores en Servicios Múltiples; 7.5 millones a Jal Asesores en Servicios Múltiples; 3.9 millones a Full Service de México; 3 millones a Logiv Group & Services; y 40.3 millones a una cuenta propia en BBVA Bancomer”.
En un segundo movimiento se detectó que “Jal Asesores en Servicios Múltiples, transfirió 3.1 millones a Soluciones Mixtas y 1.4 millones a Beltsite”. Estas dos empresas son ampliamente conocidas por la ASF, pues las dos aparecieron en una auditoria realizada a la Universidad Tecnológica de Campeche, utilizadas en el entramado de la estafa maestra.
No sólo eso. La ASF realizó visitas domiciliarias a las empresas sin hallarlas.
Además, se constató que las empresas Gabala Asesores en Servicios Múltiples; Jal Asesores en Servicios Múltiples y Logiv Group & Services, S.A. de C.V., se encuentran constituidas en el mismo domicilio fiscal; dichas empresas recibieron recursos públicos por un monto total de 14.3 millones a través de transferencias realizadas por (la empresa) DJI”.
Y concluyó la ASF: DJI sólo erogó por los trabajos realizados 9.4 millones de pesos, pero recibió 60.9 millones por el contrato.
La ASF consideró que “la carencia de mecanismos de control interno que inhiban la corrupción, así como actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos, lo que provocó un daño al erario por un monto de 63.4 millones de pesos”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERNESTO AROCHE AGUILAR.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2018/03/contratos-inflados-recursos-empresas-papel-asf/