El informe señala que los jóvenes son el sector poblacional con mayor probabilidad de ser desaparecidos, también las personas que se encuentran en tránsito por las carreteras del estado, ya sea por su ocupación o por su condición de migrante.
Hasta la fecha, el Observatorio cuenta con un registro de 729 casos de desapariciones en la entidad.
Las desapariciones ocurrieron entre los años 2001 y 2017 y muestran una distribución que aumenta notablemente a partir de 2008 y tiene su máximo en el año 2011 con 179 casos. Luego se produce un progresivo descenso hasta el año 2017 con 8 casos registrados.
Las desapariciones se dan principalmente en 17 de los 38 municipios de la entidad, los de mayor incidencia son Piedras Negras (38%), Saltillo (23%) y Torreón (14%), que coinciden con las ciudades más pobladas del estado.
Las desapariciones en Coahuila han afectado a diferentes regiones entre los años 2009 y 2014, pero la más afectada fue la región fronteriza conformada por los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Durante los años 2010, 2011 y 2012 fue la región que más desaparecidos.
Los casos de desapariciones se concentran en el rango entre los 17 y los 37 años. La media general es de 29 años y el valor que más se repite es 26 años.
De los registros sobre desaparición analizados en este informe, existen 44 casos de víctimas entre 1 y 17 años distribuidas en 33 hechos. De ellas, 30 son hombres y 14 son mujeres.
El promedio de edad es de 13 años, sin embargo las edades más frecuentes se acumulan entre los 15, 16 y 17 años. Salvo el caso de un niño estadounidense, el resto de las víctimas son mexicanas.
¿Viajar es un peligro?
La segunda condición que resalta entre las víctimas de desaparición es encontrarse en tránsito por el estado o entre entidades del país, especialmente en las carreteras hacia Nuevo León y Tamaulipas. Este grupo de personas se puede identificar por su ocupación o por su calidad de migrantes.
De ellas, el 27% se dedicaba a actividades relacionadas al comercio y ventas, por lo que debían viajar por su trabajo.
La segunda categoría ocupacional más vulnerable a la desaparición se refiere a los trabajadores relacionados con el transporte de personas y mercancía como choferes de taxis, camiones y conductores de transportes de carga.
Mujeres, en riesgo
Las mujeres también integran los dos grupos de personas identificadas en alto riesgo de ser desaparecidos, la mayoría se dedica a trabajos domésticos, de limpieza y de cuidados. Otras eran estudiantes o comerciantes, vendedoras o empleadas en ventas.
De acuerdo con el informe, las mujeres suelen desaparecer después de discutir con ex parejas, en bares, capturadas en fiestas y con noticias posteriores de su “venta”, entre otras situaciones que sugieren la objetivización del cuerpo de las mujeres y, en ciertos casos, feminicidios.
¿Y las víctimas?
Los datos muestran que en el 79% de los casos las víctimas en general continúan desaparecidas, que el 3% aparece sin vida y solo el 2% aparece con vida. Existen 114 casos donde no fue posible establecer cómo aparecieron las víctimas.
“Las narrativas identifican algunas pocas personas que han aparecido, esas personas no abundan sobre lo sucedido después de la captura, los lugares a donde fueron trasladados o cualquier información respecto de los perpetradores. Entre los relatos, sin embargo, hay algunos que refieren actos de tortura constantes, traslados a diversos sitios de detención (públicos y privados), el ser forzados a cometer actos ilícitos e incluso ser utilizados como “carne de cañón” en los enfrentamientos con fuerzas armadas”, apunta el informe.
De acuerdo con la información disponible en el 26% de los casos se identifican a agentes oficiales como perpetradores de las desapariciones.
Respecto del 74% restante, la información en poder del Observatorio no es concluyente ya que muchas de las narrativas de los familiares de las víctimas son consistentes en identificar a personas vestidas de negro, encapuchadas la mayoría de las veces y sin ninguna identificación oficial. Ello lleva a las personas a no poder identificarlas con claridad como autoridades y, por tanto, pueden ser considerados agentes no estatales.
En aquellos casos donde se identifica con claridad la presencia de agentes estatales, se observa una mayor participación de los cuerpos policiales a nivel municipal (54%), seguido por el nivel estatal (25%) y federal (13%).
La autoridades que más veces es contactada frente a una desaparición es el Ministerio Público. Del total de casos donde se identificó la autoridad de contacto (682), los MP’s acumulan el 52% de los contactos, seguidos por la Procuraduría General de la República (19%) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (11%).
Para el análisis, el Observatorio se apoyó del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (CDHFJL), del Colegio de México (Colmex) para contar con información de los casos documentados por los colectivos Familias Unidas, Grupo Vida y Alas de Esperanza, así como de las organizaciones Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) e I(dh)eas-Litigio Estratégico de Derechos Humanos (IDHEAS).
El Observatorio parte de una pregunta básica: ¿quién le hizo qué a quién? o ¿quién desapareció a quién? Esta pregunta permite identificar a las víctimas, a los perpetradores y el mecanismo por el que ocurre la desaparición, y a partir de esto, establecer conclusiones sobre la forma en que opera la desaparición en las distintas regiones del país.
El Observatorio se basa en la información sistematizada por organizaciones y grupos de la sociedad civil.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA CASASOLA.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2018/03/desaparecidos-mexico-coahuila-jovenes-migrantes/