Entrevistados como parte del reportaje sobre seguridad en la Universidad Nacional, que dio a conocer Proceso en su edición de esta semana, los miembros de la comunidad universitaria subrayaron que delitos y situaciones de violencia en la máxima casa de estudios siempre se han registrado, e insistieron en que la muerte de dos personas por la detonación de un arma de fuego, ocurrido el viernes 23 de febrero, se “han sacado de contexto”
A título personal, el titular de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM, Imanol Orodika Sacristán, consideró que los hechos del 23 de febrero se han utilizado para “denigrar a la UNAM” y para “mostrar una imagen que no corresponde a la realidad”. El exmiembro del Consejo Universitario argumentó que la universidad resulta “incómoda para ciertos sectores”, principalmente para los sectores conservadores del país, dijo, por su independencia y autonomía y por su “capacidad crítica fundada en el conocimiento y la reflexión intelectual y por la actitud progresista en general de su comunidad”.
Al respecto, explicó: “no quiero decir que sean triviales o poco importantes los hechos que han acontecido; son inaceptables, imperdonables y es necesario reaccionar. (Pero) desmitifiquemos, porque se ha tratado de presentar a la universidad nacional como si fuera un espacio absolutamente violento, un pozo de criminalidad y de descomposición social”.
Consultado por separado, el académico e investigador Javier Oliva Posada refirió que el tema de la seguridad universitaria debe ser abordado a partir del contexto de violencia que impera en el país y en la Ciudad de México. Por ello, criticó que los medios de comunicación han presentado con “inmediatez los acontecimientos, pero descontextualizados”.
Dijo “parece como si fuera una verdadera crisis o una disfunción en materia de seguridad hacia el interior de la seguridad. No es una crisis de seguridad, pero sí es una llamada de atención a lo que no se ha hecho por muchos años en la universidad, ni de las autoridades de las delegaciones colindantes con la CU”.
El exconsejero técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y académico de la misma institución, Gustavo de la Vega Shiota, coincidió con Ordorika Sacristán en que el contexto político-electoral del país, también es un factor que ha alterado la presentación de la violencia y la delincuencia universitaria.
“El contexto político-social en este momento es crítico porque estamos en un periodo en el que vivimos un modelo político-económico decadente. No hay certidumbre en las elecciones que se avecinan, se necesita tener un espacio, una institución para meterla al escenario y que funja un distractor”, refirió De la Vega Shiota, quien participó como consejero cuando se dio a conocer que la FCPyS era un punto importante de venta de droga.
Los entrevistados, además, pidieron que también se analice la actuación y las deficiencias de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad, quienes pueden hacer labor de investigación y detención a fuera del campus o de sus inmediaciones.
Ordorika Sacristán concluyó: “La UNAM cumple con su responsabilidad de levantar las denuncias ante los organismos competentes. En muchas ocasiones todos sabemos que la procuración de justicia adolece de muy serios problemas, que hay corrupción, contubernio, ineficacia y que eso provoca que denuncias que pone la UNAM no sean adecuadamente seguidas de parte de las autoridades competentes. No es que no puedan entrar a levantar las pesquisas o lo que tengan que hacer, sino porque hacen mal las cosas que tiene que hacer en otros lados y no sólo dentro de la UNAM, esto es en todo el país”.
Llamado al diálogo
Los universitarios compartieron sus propuestas para mejorar el tema de seguridad universitaria.
Imanol Ordorika consideró como principal salida que la Universidad Nacional piense en una política de “recuperación del tejido social” como la “mejor arma para enfrentar el problema de inseguridad y violencia en la UNAM.
“La mejor protección de la universidad contra todo tipo de delitos es la construcción permanente de un tejido social muy estrecho de los universitarios. La recuperación de los espacios comunes, la presencia de universitarios en todas las áreas de la UNAM, la reconstrucción de órganos centrales que hacían que los universitarios convergieran en un punto y que hubiera un tránsito permanente. No sorprende que son las zonas más oscuras y vacías de CU aquellas en la que ocurren la mayor parte de los problemas de violencia”.
Oliva Posada, experto en temas de seguridad nacional, sugirió que la UNAM debe enfocar sus esfuerzos en buscar una “política de seguridad sostenible y continúa” en la que se incluya un programa de seguridad para toda la casa de estudios y uno específico para cada uno de las facultades, escuelas e institutos.
Héctor Maya, miembro del Consejo Universitario y representante del STUNAM, consideró como “urgente” trabajar en un protocolo de seguridad, además de la conformación de un consejo consultivo de seguridad que obtenga “la opinión directa de lo que viven cada uno en sus escuelas y dependencias y de forma horizontal se pueda emitir observaciones y recomendaciones para que se suban al pleno del consejo”, pues dijo, la seguridad “es una responsabilidad compartida, entre todos”.
Por último, De la Vega Shiota llamó al diálogo entre la comunidad universitaria y vislumbró el tema de la escala de violencia como un “reto” para la Universidad Nacional.
“Tenemos que encontrar una situación comunitaria de todas las instituciones que se han vuelto blanco, que las han usado los delincuentes. Es un camino distinto y no sería raro en la UNAM, puesto que es creadora y promotora de muchas alternativas y soluciones a problemas cotidianos. El reto es encontrar una solución que no utilice la violencia y la fuerza para resolver este problema”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARELI VILLALOBOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/524893/ven-intereses-politicos-en-cobertura-mediatica-de-la-violencia-en-la-unam