Organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) evitar “un cierre precipitado con tintes electorales” del caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ante nuevas evidencias de la colusión de autoridades federales, estatales y municipales con el grupo criminal Guerreros Unidos, al que se le atribuye la tragedia.
Tras la publicación en el diario Reforma de escuchas telefónicas realizadas por el gobierno de Estados Unidos a integrantes de la banda criminal en las que se revela que capos radicados en Chicago siguieron en tiempo real el ataque contra los estudiantes en septiembre de 2014, las agrupaciones que representan a las víctimas y sus familias puntualizaron que las revelaciones contravienen la “verdad histórica” de que los jóvenes fueron ejecutados y calcinados con sus pertenencias en el basurero de Cocula y sus cenizas, vaciadas al río San Juan.
Así lo manifestaron el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, así como la representación para América Latina de Amnistía Internacional (AI).
En entrevista con Apro, el director del Centro Prodh, Mario Patrón Sánchez, aseguró que la información proporcionada por la DEA a la PGR se integró entre febrero y marzo pasados. No obstante, recalcó que, como representantes legales de los familiares de las víctimas, no tienen copia hasta ahora.
“Las escuchas son relevantes, pero no resuelven el caso. Son importantes para seguir ahondando en la investigación. Nosotros las solicitamos desde hace más de dos años y medio, pero la PGR había sido negligente en su solicitud y seguimiento de la asistencia jurídica internacional y de nuevo estamos ante elementos de prueba que, si se hubieran tenido desde la primera etapa de la investigación, seguro hubiesen sido mucho más útiles”, agregó.
Patrón Sánchez agregó que las autoridades federales les mostraron la información de la DEA “sobre un escritorio” y que, a partir de ello, como representantes de las víctimas entregaron dos escritos -el 9 de marzo y el 4 de abril-, para solicitar “el desahogo de más de 60 diligencias a partir de ese conocimiento que tuvimos. Pudimos leerlas, pero no nos han dado copia de eso”.
El activista puntualizó que las intervenciones telefónicas de la DEA -que identifican a Silver “N” y a Pablo Vega Arroyo-, ocurrieron el 24 de septiembre, así como el 9 y 30 de octubre, todas, en 2014, y en ninguna se hace mención del basurero de Cocula, pese a que se trataba de personajes que habrían dirigido el ataque contra los estudiantes desde Chicago.
Diligencias pendientes
Entre las diligencias que solicitaron los abogados de las familias de las víctimas resaltan: ahondar en la cooperación internacional para esclarecer el tema del trasiego de drogas de Iguala a Chicago; seguir la línea de investigación sobre la participación de funcionarios del gobierno del estado, por la mención que se hace del exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco; esclarecer la identidad de más de 20 alias de personas que podrían estar involucradas con Guerreros Unidos; así como fortalecer la relacionada con el Ejército Mexicano.
Según el defensor, “en las trascripciones aparecen sobrenombres que obligan a ahondar en la línea del Ejército. Están El Guacho, El soldado del amor, alguien llamado Arroyo, que podría ser un teniente de apellido Arroyo, y El Capi, que tenemos entendido, así le decían al capitán José Martínez Crespo, del 27 Batallón, que operó la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Además, comentó que “según, se lee, hay una instrucción desde Chicago para que no intervengan ‘los verdes’ y la policía estatal. Lo que da cuenta de la necesidad de seguir indagando por acciones u omisiones. No intervenir podría significar no prevenir o evitar la desaparición. Eso podría ser más un contexto de contubernio y no de exculpación”, explicó Patrón Sánchez.
Para el abogado, las transcripciones de la intervención de comunicaciones de la DEA revelan que, mientras el gobierno de Estados Unidos había considerado a Guerreros Unidos como una organización criminal digna de investigación desde 2013, “en México tuvo que ocurrir una tragedia como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa para que se diera cuenta de esta organización internacional, y que hasta hace muy poco el gobierno federal no reconocía esta línea del trasiego de droga, pues siempre minimizó esa solicitud del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
Confrontaciones
En un comunicado aparte, las organizaciones que apoyan la lucha de los 43 padres y madres de los desaparecidos, consideraron que el mensaje emitido a las 15:28 horas del 27 de septiembre de 2014, publicados por el diario Reforma, confronta la “verdad histórica” cuando se refieren a los “60 paquetes guardados y otros con San Pedro”, si se consideran como “paquetes” a personas.
Lo anterior, aseguraron, “entra en franca contradicción con la teoría oficial pues, de acuerdo con la PGR, a esa hora los estudiantes ya habrían sido ejecutados e incinerados, mientras que el mensaje es claro en señalar que a esa hora había paquetes ‘guardados’”.
Al señalar que la información divulgada confirma la recomendación hecha por GIEI de agotar la línea de investigación sobre el trasiego de droga, las organizaciones firmantes advirtieron sobre el carácter internacional de Guerreros Unidos, que sería “una compleja red transnacional de tráfico de drogas en vías de expansión, vinculada al trasiego de heroína en autobuses, coludida con niveles de gobierno municipal, estatal y federal y cuyo organigrama real es aún desconocido”.
La publicación evidencia que la supuesta infiltración de estudiantes con el crimen organizado “nunca existió, por el contrario, desde el primer día de los hechos, los emisores de los mensajes aclararon que en los autobuses había estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y apunta a que en realidad en esa noche pudieron ocurrir otros eventos de violencia aún no investigados”.
El Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y Fundar añadieron que, a casi 43 meses de la desaparición, la información difundida confirma que “el caso no puede cerrarse y que la explicación oficial que se ha dado es insatisfactoria”.
Además, exigieron a la PGR “agote todas las líneas de investigación que surgen de los mensajes, evitando un cierre precipitado con tintes electorales y que se profundice en el escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la colaboración de agencias estadunidenses.
En tanto, la directora de Amnistía Internacional para América Latina, Ericka Guevara Rosas, expresó que “la revelación de que el ataque a los estudiantes y a otras personas pudo estar dirigido desde Estados Unidos, por miembros de la delincuencia organizada, debe mover a las autoridades mexicanas a abandonar finalmente su desacreditada teoría del caso”.
La defensora se sumó a las organizaciones que representan a las víctimas de exigir a las autoridades a “comprometerse a investigar los hechos de forma seria y expedienta, incluyendo todas las autoridades que pudieran estar involucradas en este crimen horrorífico. Es tiempo de que la PGR ajuste su investigación y se allegue de toda evidencia”.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.