En primer lugar, acusaron que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) autorizó la construcción de una granja de 49 mil cerdos en la población de Homún, donde se encuentra la reserva de agua de la península por la gran cantidad de cenotes que se ubican en su área.
“Este megaproyecto que está desarrollando la empresa PAPO (Producción Alimentaria Porcícola) en una extensión de 120 hectáreas impactará negativamente en la calidad del agua y también en las actividades de turismo local que desarrollamos los habitantes en los cenotes”, explicaron.
Además, denunciaron que el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), cuyo principal objetivo “es fomentar la economía verde que no es otra cosa que convertir en mercancía la naturaleza en beneficio de las empresas y en perjuicio de las comunidades”, se realizó sin la participación real de miembros del pueblo maya y sólo con la inclusión de la opinión de las empresas y autoridades de universidades y escuelas privadas y públicas de la península.
“También participaron en la construcción del ASPY, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que muchas veces hablan a nombre de los pueblos sin pertenecer a ellos”, agregaron.
De acuerdo con los pueblos, las empresas buscan construir correderos turísticos en las reservas y abrir espacios para megaproyectos.
Añadieron que las inmobiliarias y empresarios han excluido de las decisiones sobre el territorio maya a los integrantes de las comunidades para levantar sus obras, así como que una de las estrategias de las autoridades para ignorar las peticiones en contra de los proyectos es negar la pertenencia de los habitantes al pueblo maya.
“Las autoridades han dicho que Chablekal no es un pueblo maya, negando nuestra pertenencia a este pueblo que vivimos diariamente a través del uso de nuestra lengua y el respeto a nuestras tradiciones culturales”, señalaron.
Recordaron que el gobierno constantemente busca permitir la siembra de semillas transgénicas por parte de Monsanto en los territorios de la península, a pesar de que los pueblos se han negado al cultivo de cualquier alimento modificado genéticamente.
Ante las violaciones a sus derechos como pueblo indígena y la invasión a sus territorios, los mayas exigieron un alto a las políticas públicas que, “en un marco de ilegalidad, violan leyes,decretos y acuerdos que ellos mismos han emitido”, así como el cese a la “simulación” del cuidado al medio ambiente y la naturaleza “a través de proyectos que dicen ser ecológicos” y el fin del “falso enaltecimiento” de la cultura maya ancestral a través de museos, reconstrucción de zonas arqueológicas, festivales “mal llamados mayas” y la folklorización que atiende “únicamente al mercado turístico”.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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