Tanto la oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) como la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron el emplazamiento para permitir el juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos.
Además, ambas oficinas instaron a las autoridades estatales a adoptar las medidas necesarias para garantizar la no repetición de hechos trágicos, como los ocurridos.
A decir de estos organismos, como parte de la obligación de garantizar los derechos humanos en lugares de privación de la libertad, los traslados deben ser planeados y ejecutados con miras a proteger tanto los derechos de las personas privadas de libertad como la vida e integridad de las autoridades que en ellos participan.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, ocho personas habrían fallecido en los hechos, entre ellas dos policías estatales, dos policías municipales, un custodio, un policía del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el estado de Veracruz y dos internos. Otras 60 personas tendrían lesiones de distinta consideración.
Informaciones preliminares apuntan que los funcionarios que fallecieron en los hechos eran parte del grupo que participaría en el traslado de varios reos a otras prisiones.
Según proceso.com.mx, son siete los policías muertos en la cárcel de La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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