No obstante, el INAI se quedó corto en materia de transparencia porque, según la Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en la versión pública del contrato quedarán ocultas las especificaciones técnicas del malware –desarrollado por la empresa israelí NSO Group–, así como los nombres, cargos y firmas de las personas físicas que participaron en la adquisición.
Es más, la decisión que presumió hoy el INAI en boletines resulta irrelevante, ya que la versión pública del contrato que “ordenó” publicar a la PGR tendrá menos detalles y datos que la que dio a conocer en el verano pasado Denisse Maerker en su noticiero de Televisa.
El contrato que exhibió la periodista fue celebrado entre Tomás Zerón de Lucio, el oscuro exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Armando Pérez Herrero, representante legal de Grupo Tech Bull, el 24 de octubre de 2014, por un monto de 32 millones de dólares.
R3D, que solicitó a la PGR todos los contratos vía transparencia, ya anunció que impugnará la decisión de limitarse en difundir la versión pública del contrato ante el Poder Judicial de la Federación.
Aun así, el INAI revirtió la decisión de la PGR, que en un primer momento reservó la información con el argumento de que “su difusión obstaculizaría las estrategias y acciones para combatir a la delincuencia organizada y garantizar la seguridad pública y nacional”.
Ello forma parte de una serie de resistencias del gobierno federal –y la PGR en particular– para evitar que se diera a conocer el uso ilegal de programas espía tipo Pegasus, que sólo pueden utilizarse en el marco de investigaciones y con orden judicial.
En julio pasado, víctimas de espionaje gubernamental interpusieron una denuncia ante la propia PGR y pidieron la instalación de un grupo de expertos independiente para supervisar y vigilar la investigación, pues asumieron que la dependencia no se investigaría a sí misma con seriedad.
El presidente Enrique Peña Nieto negó que hubiese espionaje ilegal e ignoró la petición de instalar el grupo de expertos. Y, a más de ocho meses de arrancar, la investigación resultó una farsa.
Proceso mostró que, según el propio Armando Pérez, Grupo Tech Bull es una filial de Balam Seguridad Privada, una empresa fundada por Rodrigo Ruiz Treviño y Asaf Zanzuri.
Ruiz Treviño es sobrino de Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador de Puertos y Marina en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y cercano al influyente senador priista Emilio Gamboa Patrón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: https://www.proceso.com.mx/530277/la-pgr-debe-publicar-contrato-para-la-compra-de-pegasus-pero-ocultara-especificaciones