En rueda de prensa, tres de los cuatro magistrados que votaron por amparar al gobernador con licencia de Nuevo León, consideraron que existen elementos de prueba para pensar que “podría” haber alcanzado el número de firmas para obtener su registro.
Reconocieron que Rodríguez Calderón sí tuvo oportunidad de defenderse, pero lo hizo a ciegas porque la aplicación no guardaba un registro de las firmas que le permitieran hacer un contraste de información, de lo que culparon al Instituto Nacional Electoral (INE).
Los magistrados Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez y Mónica Aralí Soto Fregoso consideraron que el INE actuó erróneamente al eliminarle apoyos a Rodríguez Calderón.
José Luis Vargas Valdez sostuvo que existen los elementos de prueba para verificar que el Bronco habría alcanzado los 16 mil 656 apoyos que le faltaban… si se le hubiera permitido revisar las más de 300 mil firmas.
La omisión de la autoridad administrativa de no asegurarse de que el aspirante contara con un comprobante; es decir, con un resguardo de cada uno de los apoyos con un riguroso parámetro de protección de datos personales, se tradujo en esto: pic.twitter.com/8da8nZtQFT— José Luis Vargas V. (@JL_VargasV) 12 de abril de 2018
También aseguró que las inconsistencias de sus apoyos no incluían las firmas de personas muertas como lo denunció el consejero del INE, Ciro Murayama.
Incluso dijo que es el conocimiento público que hay en otras instancias, penales y administrativas, cuestionamientos de otra naturaleza sobre las que “no nos pronunciamos en esta sentencia, pero que siguen su curso y habrán de resolverse en otro momento”.
Aunque reconoció que Rodríguez Calderón asistió 12 veces a revisar sus apoyos, indicó que en cada una de esas visitas el aspirante recuperó entre 5 y 25 % de apoyos previamente invalidados.
Los magistrados del Tribunal argumentaron su voto con la suposición de que si se hubieran revisado los 418 mil 494 apoyos en su totalidad, “es evidente que hubiera podido recuperar el 1.9 % de apoyos que le faltaba para llegar al umbral requerido”.
En tanto, el magistrado Felipe Fuentes Barrera dijo que el Tribunal no hace política, por lo que pidió a militantes y a las autoridades conducirse con apego a la ley y ser sensibles con la crítica.
En su oportunidad, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso dijo que la resolución está sustentada en “estándares internacionales”, así como en el artículo primero de la Constitución.
La política en el orden electoral debe sujetarse a la ley y no la ley a la política. El #TEPJF siempre velará porque se garanticen el orden constitucional y la efectiva realización de los derechos humanos: @monisotofregoso pic.twitter.com/51TQLfwJWa— TEPJF (@TEPJF_informa) 12 de abril de 2018
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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