Gasto sí hubo. La Secretaría de Gobernación (Segob) –bajo la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong- pagó 870 millones de pesos en un contrato abierto con vigencia hasta 2019 para “la continuidad de los servicios de cómputo” de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal –la instancia a cargo de la clave- con el consorcio que forman las empresas SixSigma Networks México S.A. de C.V, Sm4rt Security Services, Metro Net S.A.P.I de C,V y Masnegocio.Com.
¿Qué hicieron? Los ciudadanos no pueden conocer si esa inversión fue efectiva. La dependencia reservó los anexos del contrato (la parte técnica) del 3 de abril de 2017 al mismo día de 2022. Para entonces, habrán pasado ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos que estremeció al Gobierno de Enrique Peña Nieto con el despunte en reprobación hasta 80 por ciento. Quien gane las elecciones presidenciales de 2018 cumplirá cuatro años en el Gobierno cuando ese contrato pueda conocerse.
Las bases de datos de la identidad de los mexicanos tienen fallas históricas. En 1997, el Gobierno de Ernesto Zedillo intentó remendarlas con la expedición de la Clave Única del Registro de Población (CURP). Sería un solo documento que llevaría todos los datos de los ciudadanos. Pero no lo logró. 21 años después, cuando la Administración peñanietista inició sus trabajos, la Secretaría de Gobernación reconoció en su plan sectorial 2013-2018 que había un excedente de 60 millones de CURP, la mitad de la población.
Poner en orden esas bases era prioritario si es que se quería emitir una Clave Única de Identidad, según observó la ASF en 2015 (Informe de la cuenta pública). Pero a unos meses de la conclusión del Gobierno, en el panorama del registro de los ciudadanos, según datos de la misma Segob, reinan las discordancias. Hay un sobreregistro de 46.4 por ciento en el Registro Nacional de Población respecto a la población estimada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) en 121 millones 493 mil personas.
En otras palabras, casi la mitad de la población tiene doble CURP, como ocurría al principio del Gobierno. Pero además, 12.7 por ciento de los integrantes del Registro de Menores de Edad también está duplicado y los integrantes del Catálogo de Extranjeros Residentes en la República Mexicana tienen en promedio 9.5 registros cada uno, según datos de la Segob.
En la revisión de la cuenta pública de 2015, la ASF determinó que la Segob carecía de información sistematizada, confiable y oportuna para expedir la clave única de identidad, lo que limitaba el derecho de los ciudadanos mexicanos a tener acceso fácil a los trámites y servicios que brinda el Estado. Además, inhibía los derechos esenciales a la salud, educación y protección. Después, al analizar las observaciones el año siguiente, el órgano de la Cámara de Diputados expuso que la dependencia no acreditó avances significativos en la consolidación del Sistema Nacional de Identificación Personal (SNIP).
En conjunto, en la gestión del Renapo se han invertido poco más de mil 80 millones de pesos, de acuerdo con una búsqueda de contratos de la Unidad de Datos de Sin Embargo en el Portal de Obligaciones y Transparencia. El dinero se distribuyó en varios servicios informáticos de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, la instancia a cargo.
Los contratos para la operación del Registro fueron todos – mil 79 millones de pesos- para SixSigma Networks México. Se trata de la misma empresa que en 2006 fue señalada de montar en Intranet una página de georeferencia para identificar personas por nombre, apellido, dirección y hasta preferencia electoral.
Hubo un contrato más. Este fue para organizar el evento que tuvo como título “Hacia la Clave Única de Identidad tu Acta de Nacimiento en donde te Encuentres”. Costó 1 millón 256 mil pesos con la empresa Servicio Audio Representaciones y Artistas S.A. de C.V. Era febrero de 2015 y el Presidente Enrique Peña Nieto había dicho en un comunicado: “México carece en pleno siglo XXI de un registro confiable de su población con el cual ayudar a tener certeza en actos jurídicos, eficacia en la prestación de servicios públicos y privados, y en materia de seguridad pública”.
Ya en el evento, el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el derecho a la identidad sería elevado a rango constitucional. Mencionó que entre las disposiciones se incluirá la gratuidad del trámite de la primera acta de nacimiento. Luego dijo: “La Clave Única de Registro de Población es incierta… La CUI hace depuración del Registro Civil. Se busca un sistema más accesible y moderno”.
A unos meses de que concluya el Gobierno, la CUI no es una realidad.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-04-2018/3405204