Un informe realizado por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá, reveló en junio del año pasado que el Gobierno mexicano espió entre enero de 2015 y julio de 2016 a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas a través del malware “Pegasus”, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas.
La investigación destacó que al menos tres instancias del Gobierno federal habían adquirido este programa espía: PGR, el CISEN y la Sedena, esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia.
Tras el informe, las víctimas de espionaje presentaron ante la PGR un total de 70 pruebas ofrecidas por la defensa, de las cuales, la dependencia ha desahogado cerca de 9, mientras que 49 se han negado expresamente, entre ellas, las que fueron materia de la impugnación.
“La negativa a desahogar dichas pruebas, muestra la falta de debida diligencia con la que se conduce la PGR en la investigación de Gobierno Espía”, señalaron las organizaciones Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, El Poder del Consumidor, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) a través de un comunicado.A casi un año de presentada la denuncia radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, resolvió la impugnación 19/2008 presentada por las víctimas de Pegasus en contra de la decisión de la PGR de no admitir pruebas ofrecidas por la defensa el 20 febrero y que son relevantes para el avance de la investigación.
En la audiencia que se celebró el pasado 21 de mayo, se constató nuevamente que el software Pegasus comercializado por NSO a gobiernos, fue adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal de PGR, por lo que el juez señaló que la línea de investigación debe centrarse en su adquisición y posterior uso ilegal por parte de esta instancia.
Asimismo, se reconoció el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la obligación de la PGR de conducirse con debida diligencia, señalando que no debe trasladarse la carga de la prueba a las víctimas.
Tras escuchar los argumentos de las víctimas y de la PGR, el Juez determinó revocar la negativa de la PGR, exigiéndole la admisión de las pruebas ofrecidas por las víctimas por considerarlas conducentes para el desarrollo de la investigación.
De acuerdo con la información de las organizaciones, a partir de esta resolución, la PGR deberá pedir información a distintas instancias gubernamentales y recabar información relacionada con la contratación del sistema y de quiénes intervinieron.Además, la PGR solicitó al juez la reserva de la información que eventualmente pudiera obtenerse para que las víctimas no pudieran tener acceso a ella, pero el juez denegó la solicitud.
Para las organizaciones víctimas del espionaje gubernamental, la resolución del Juez es relevante pues demuestra que el Poder Judicial puede ser contrapeso frente a una Procuraduría que parece más comprometida con la impunidad que con la verdad.
“Reiteramos la exigencia de que se incorpore un panel de expertas y expertos independientes que den garantías de imparcialidad y solidez técnica. Así como el llamado a los candidatos para que se pronuncien sobre la importancia de investigar adecuadamente y en su caso sancionar a los responsables del espionaje”, indicaron.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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