Las organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, denunció que por décadas el Gobierno de México ha pactado acuerdos comerciales y creado reformas que vulneran los derechos de mexicanos.
Un ejemplo claro de ello, dijo, es el contexto de la firma del TLCAN en 1994.
“Para firmarlo, el gobierno de aquel entonces argumentó que se generarían más empleos con mejores salarios, se mitigarían las causas de la migración y, en general, las y los mexicanos tendríamos una mejor calidad de vida. Sin embargo, después de más de 20 años, lo comprobable es la precarización de las condiciones laborales”, mencionaron las organizaciones a través de un comunicado difundido hoy en el Día del Trabajo.
México es el país que más ha firmado tratados en el mundo. Actualmente ccuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).Para las organizaciones, la renegociación del TLCAN sostiene las mismas estrategias que excluyen a los trabajadores: otorgamiento total de facilidades a los mercados transnacionales; abaratamiento de la mano de obra; condiciones laborales precarias: subcontratación, horarios poco estables, falta de acceso a servicios de salud, pérdida de antigüedad y pensiones mínimas.
En contraste, señalaron, se garantizan mecanismos de protección a las empresas en demérito de los derechos.
Otro acuerdo que pone en alerta a las organizaciones es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), recién ratificado por el Senado. Acusan que no solo es grave por su falta de consulta pública, también por la acción estatal, la cual ha excluido de esta política pública fundamental a las personas, y colectividades que han manifestado su oposición a este tipo de acuerdos.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos denunció que con la reforma a la Ley Federal del trabajo en 2012 y la reforma del 2017 se consolidó la precarización y violación de los derechos de las y los trabajadores.
La Reforma Constitucional de Justicia Cotidiana promulgada el 24 de febrero del 2017 suponía importantes cambios institucionales, pero en la realidad, indicaron las organizaciones, las Juntas siguen otorgando rutinariamente reconocimiento legal a contratos de protección patronal y han obstaculizado el derecho de las y los trabajadores a la libertad de asociación sindical. Los impactos reales de la reformas 2012 y 2017, podemos observarlas, como hemos dicho en la precarización del trabajo y las condiciones laborales, con mayor impacto en las mujeres.
“La reforma del 2012 falló en combatir la desigualdad por género. Prometió mejorar la protección legal para las mujeres trabajadoras por acoso sexual, discriminación, licencias por maternidad y paternidad, e impedir la exigencia de pruebas forzadas de embarazo. Hoy, las organizaciones defensoras de derechos humanos laborales seguimos identificando la vulneración de los derechos en estos temas en las empresas de manufactura y ensamble”, destacaron.Este primero de mayo, la Red TDT se pronunció por leyes laborales más justas en México, creadas con la participación de los trabajadores.
“Nos parece evidente que es necesario un replanteamiento de la política de apertura indiscriminada al comercio y a la inversión, pasando por encima del origen social de nuestro régimen político”, exigieron.Para las organizaciones sociales, el modelo de negociación y firma de tratados comerciales no sólo es profundamente antidemocrático y poco transparente, sino que pone en riesgo la soberanía y la integridad de México y los derechos de los trabajadores.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos exigió:
– Que no se aprobara una reforma laboral secundaria, puesto que no ha sido puesta a consulta y perjudicaría aún más a la clase trabajadora de este país.
– Un debate abierto sobre la política laboral por parte del Gobierno federal con la participación de los sindicatos democráticos, la ciudadanía y las organizaciones y colectivos que trabajan derechos humanos laborales.
– Revocar la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
– La apertura de un diálogo nacional para valorar qué tipo de acuerdos y relaciones comerciales que deseamos tener con la región norteamericana.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-05-2018/3413517