En un comunicado, a propósito del décimo aniversario de una de las mayores tragedias recientes en la capital del país, el organismo aseguró que entre los grandes pendientes del gobierno capitalino está el acceso a la verdad y justicia para las víctimas y la sanción a los presuntos responsables de los lamentables hechos.
Y como ejemplo, mencionó la “no localización”, desde enero de 2017, de Guillermo Zayas González, entonces encargado del Programa de Mando Único de la Policía (UNIPOL), actualmente sujeto a proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
En el mismo sentido, la Comisión dirigida por Nashieli Ramírez destacó que la delegación Gustavo A. Madero tampoco ha cumplido con la verificación administrativa de los establecimientos mercantiles.
Ante este panorama, la CDHDF urgió de nuevo al gobierno de la Ciudad de México “a realizar todas aquellas acciones que, en el ámbito de sus atribuciones, permitan el acceso a la justicia, el combate a la impunidad y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las víctimas, sus familias y la sociedad en general”.
El viernes 20 de junio de 2008, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX), entonces a cargo de Joel Ortega; la Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX), dirigida por Rodolfo Félix; y la delegación Gustavo A. Madero, encabezada por Francisco Chíguil; -bajo la administración de Marcelo Ebrard-, realizó un operativo en la discoteca New´s Divine.
Aquella tarde en el antro, ubicado en la colonia Nueva Atzacoalco, cientos de jóvenes celebraban el fin de clases en una tardeada, como las que se organizaban regularmente en ese lugar. De pronto, cientos de policías llegaron bajo la orden de resguardar el lugar con el argumento de evitar la venta de alcohol a menores de edad en establecimientos mercantiles.
La orden de la policía de no dejar salir a los jóvenes, sumada a la falta de salidas de emergencia y medidas de protección civil en el lugar, ocasionaron que los asistentes comenzaran a asfixiarse. Los asistentes se amontonaron detrás del portón y comenzaron a empujar. Afuera, los policías resistían la presión y no permitían la salida. Al final ocurrió una estampida. Nueve jóvenes y tres policías perdieron la vida.
La CDHDF, entonces bajo la tutela de Emilio Álvarez Icaza, realizó una investigación en la que constató la violación a los derechos a “la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales, a la salud, a la seguridad jurídica, a la honra y dignidad, así como a derechos específicos de las mujeres y de la niñez”.
El resultado fue presentado ante la opinión pública el 8 de julio del 2008 con la emisión de la Recomendación 11/2008. En sus 40 puntos recomendatorios, el organismo solicitó a las autoridades previamente citadas, que garantizaran la reparación integral del daño causado a las víctimas y/o a sus familiares, incluido el reconocimiento de responsabilidad por parte de dichas autoridades y el acceso a la verdad y justicia mediante la sanción a las personas servidoras públicas responsables.
También recomendó acciones para garantizar la no repetición de los hechos a través de diversas modificaciones en sus políticas públicas.
Según la CDHDF, si bien se han llevado a cabo diversas acciones de cumplimiento por parte del gobierno de la Ciudad de México, “en particular la elaboración de políticas públicas y acciones tendientes a la reparación del daño a las víctimas”, tanto la administración central como la delegacional, aún tienen puntos pendientes de cumplir.
“Las horas decisivas”
El 13 de julio de 2008, Proceso publicó una entrevista con Álvarez Icaza -fundador del movimiento social “Ahora” y actual candidato al Senado por la coalición Por México al Frente- en la que relató cómo las autoridades responsables enfrentaron la tragedia.
El texto “revela que después del desastroso operativo las autoridades policiacas obstaculizaron la investigación, manipularon evidencias y encubrieron a algunos subordinados”.
A continuación se presenta un extracto de la entrevista:
“El martes 8 de julio a las 10 de la mañana, una hora antes de presentar su informe sobre el caso New´s Divine, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, recibió en sus oficinas de avenida Chapultepec al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon.
“Con un fotógrafo de la comisión como único testigo del encuentro, Álvarez Icaza le entregó a Ebrard el resultado del exhaustivo trabajo realizado por cerca de 300 personas (en 18 jornadas de trabajo de 24 horas, del 20 de junio al 8 de julio, incluidos sábados y domingos), con base en el cual el titular del GDF decidió remover ese mismo día, después de las 13:00 horas, al secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega Cuevas, y al procurador General de Justicia del DF, Rodolfo Félix Cárdenas.
“Viene duro”, le advirtió el ombudsman al gobernante capitalino esa mañana.
“Sin poder ocultar su preocupación, Ebrard recibió los dos volúmenes del demoledor informe que puso en evidencia la parcialidad y la manipulación con que Ortega Cuevas y Félix Cárdenas, con sus subordinados, condujeron desde un principio las indagatorias sobre la tragedia del viernes 20 de junio en la discoteca New´s Divine.
“No esperaba menos, los hechos son graves”, atinó a decir Ebrard.
Un día después, el miércoles 9, Álvarez Icaza recibió en su oficina una tarjeta en la que Marcelo Ebrard le dice que como capitalino se siente orgulloso del trabajo de la CDHDF y que como jefe de Gobierno pondrá todo su empeño en que se cumplan las recomendaciones que le hace”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://www.proceso.com.mx/539418/a-10-anos-del-news-divine-gobierno-de-la-cdmx-y-delegacion-gam-tienen-pendientes-con-las-victimas