La mujer de 40 años –cuyo nombre real no es revelado– llegó a principios de junio al puente internacional de El Paso, después de una huida desesperada de su país. Venía con sus tres hijos, de cinco, siete y ocho años, escapando de la violencia doméstica y de las amenazas de la Mara Salvatrucha.
Al cruzar la frontera fue detenida por agentes migratorios y conducida a la cárcel del condado, acusada de “entrada ilegal”. Entonces dejó de ver a sus hijos. No supo a dónde los llevaron o quién se hace cargo de ellos. Se aferraba a su abogado de oficio, Ray Lauser, para obtener respuestas, pero nadie podía dárselas.
“Un agente de la Patrulla Fronteriza le dijo que se los habían llevado a Florida, pero no le dio detalles”, recuerda Lauser.
Cuando finalmente fue enviada al centro de detención de inmigrantes donde debería enfrentar su proceso para conseguir asilo, ella sólo quería pedirle al juez que la deportara “para poder reunirse con sus hijos”, dice Lauser a Proceso.
El abogado ha representado en la corte federal a más de 20 inmigrantes que, como María, cruzaron la frontera sin documentos. En la mitad de esos casos los niños fueron separados de sus padres y trasladados a diferentes albergues o campamentos improvisados en varios lugares de Estados Unidos. Ni los padres de los menores ni sus abogados o las organizaciones civiles que tratan de ayudar a los inmigrantes reciben información sobre el paradero de los menores.
“No te dicen nada, ni a nosotros los abogados ni a los jueces. Cuando los padres te preguntan ¿dónde están mis hijos? es muy duro repetirles: ‘No sé, no sé, no sé’”, afirma Lauser.
El Departamento de Seguridad Nacional estima que entre abril y junio de este año unos 2 mil 300 menores fueron separados de sus padres al entrar ilegalmente en la frontera, pero el número exacto se desconoce. Funcionarios del Departamento de Defensa confirmaron a la prensa que se preparan para albergar en algunas de sus bases militares hasta 20 mil niños migrantes.
Las imágenes de menores llorando al ser separados de sus padres y un audio dado a conocer por el medio digital Político, en el que se escucha a un pequeño llorar mientras llama a su papá, generaron una crisis política y mediática para el gobierno del presidente Donald Trump, quien como respuesta firmó el miércoles 20 una orden ejecutiva para detener la separación de familias.
La orden generó un rechazo inmediato por parte de abogados y activistas, porque no canceló la política de tolerancia cero, que ordena la detención y procesamiento de todos aquellos que cruzan la frontera sin documentos, incluidos los solicitantes de asilo político. Además, la orden pretende unificar a las familias, pero encarcelándolas indefinidamente.
“Ahora tendrás a niños detenidos y torturados –psicológicamente– junto con sus padres”, dice a la reportera Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso. “Esta orden mantendrá a los niños en detención indefinidamente, lo cual está mal y va contra nuestros valores fundamentales”.
La orden además no especifica cómo será el proceso de reunificación de aquellos niños que han sido separados de sus padres, algo que el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas durante la administración de Barack Obama, John Sandweg, considera extremadamente complicado. Primero, dijo, habrá que saber dónde están los padres, si aún están en un centro de detención o si ya fueron deportados.
“Hay que entender que cuando estos niños son puestos en custodia del Estado, entran también en un proceso de deportación, pero a diferencia de los adultos, el caso con los niños avanza muy despacio porque no están en corte migratoria y el proceso puede llevarse entre dos y tres años”, dijo Sandweg en una entrevista con NPR.
“Cuando el niño termina bajo la tutela del Estado entran en juego muchas leyes estatales que complican las cosas. Un niño de tres años no puede hablar por sí mismo, así que un tutor será el encargado de velar por su bienestar. Mientras tanto, tienes a sus padres (deportados) en Honduras… quizá no hablan inglés, no tienen dinero para un abogado y su hijo está cautivo en el sistema de seguridad social de Estados Unidos, donde su tutor quizá decida que por la violencia que se vive en ese país o por la pobreza, no es conveniente que el niño regrese”, señaló Sandweg.
Linda Rivas, directora ejecutiva de Las Américas, un centro de apoyo a inmigrantes en El Paso, ha visto de cerca el caos y la desesperación que ha provocado la política de tolerancia cero.
Rivas dice a Proceso que no existe una base de datos que facilite el proceso de localización. “Uno pensaría que si detienen al padre en El Paso, el niño se quedará en El Paso, pero no es así, se los están llevando a Chicago, Detroit, Florida. Los padres llevan semanas o hasta meses sin saber dónde están sus niños, y si acaso los logran encontrar, sólo les dan permiso de hablar con ellos una vez por semana”.
Un problema adicional, apunta la abogada, es que ahora los niños deben llevar su caso separado de los adultos. “Tienen que pelear su caso solos, sin tener abogado y eso complica mucho las cosas”.
Las cortes migratorias dan prioridad a los casos de personas que están en centros de detención, pero si la persona está en custodia del Estado –como un menor– el caso se puede retrasar años. Según estimaciones del TRAC, una base de datos de la Universidad de Syracuse, las cortes migratorias tienen un atraso de más de 700 mil casos.
Ciudades campamento
Desde finales de mayo el gobierno anunció que habilitará algunas de sus bases militares para albergar a niños migrantes. En Texas, al menos tres podrían ser usadas así: Fort Bliss, en El Paso; Dyess Air Force Base, en Abilene; y Goodfellow Air Force Base, en San Angelo. Las dos últimas están a unos 640 kilómetros de la frontera. Hasta el viernes 22 no era claro si las bases militares albergarán sólo a niños no acompañados o a familias enteras.
Además, el gobierno ha habilitado campamentos para inmigrantes en áreas como Tornillo, a unos 60 kilómetros de El Paso, donde decenas de menores han sido captados en imágenes caminando en fila entre enormes tiendas de campaña. En el verano, las temperaturas en esta región desértica llegan hasta 40 grados centígrados.
Es incierto cuántos menores están recluidos. El congresista federal Beto O’Rourke aseguró que 96 permanecían ahí, pero aclaró que algunos llegaron solos a la frontera y otros fueron separados de sus padres. Otros reportes indican que el campamento tiene capacidad hasta para 360 personas.
El jueves 21, alcaldes de varias ciudades llegaron a las afueras del campamento de Tornillo, pero no se les permitió el acceso. Demandaban la inmediata reunificación de familias y la aprobación de una reforma migratoria. El alcalde de El Paso, Dee Margo, dijo que no tenía información sobre el número de niños detenidos ahí. “No sé de dónde son esos niños, no sé quiénes son sus padres y no sabemos qué está pasando”.
Las ciudades campamento o tent-cities son la respuesta del gobierno a la falta de espacios donde albergar a los menores inmigrantes detenidos. La Oficina de Reubicación de Refugiados tiene bajo su custodia a unos 11 mil 517 menores en una red de aproximadamente 100 albergues en 17 estados. Muchos de esos albergues son privados, contratados por el Estado.
En una nota publicada el jueves 21 The New York Times reveló el negocio multimillonario detrás de los centros o albergues a los que son llevados los menores cuando son separados de sus familias. El diario indicó que sólo en Texas alrededor de una decena de contratistas operan más de 30 albergues para niños en custodia federal, que reciben fondos federales.
“La orden del presidente Trump de mantener a las familias unidas mientras están en detención significará probablemente millones de dólares más en contratos para los albergues privados”, indicó el rotativo.
Este reportaje se publicó el 24 de junio de 2018 en la edición 2173 de la revista Proceso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LOURDES CÁRDENAS.
LINK: https://www.proceso.com.mx/540544/el-gran-negocio-de-detener-a-los-menores