Por ello, urge para el país un mecanismo internacional que apoye en la investigación de los actos de corrupción que hacen posible la vinculación entre el crimen organizado y las autoridades y que al mismo tiempo aporte apoyo y asistencia técnica para lograr mayor nivel de rendición de cuentas en todo el país.
En ello coinciden organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales, quienes en el marco del próximo Examen Periódico Universal (EPU) al que será sometido México en noviembre de este año dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, buscarán impulsar la creación de dicho mecanismo.
Una plataforma de alrededor de 230 ONG nacionales junto con el Observatorio Internacional de Derechos Humanos para México, que es una coalición permanente de ocho organizaciones de Europa y Estados Unidos, comenzaron a buscar ya el apoyo de los países europeos miembros del Consejo de Derechos Humanos a fin de que éstos recomienden al gobierno mexicano la implementación de un Mecanismo Internacional para combatir la Impunidad.
Para tal fin, representantes de ambos grupos han visitado a parlamentarios europeos, miembros de los ministerios de exterior y fundaciones políticas de Alemania, Francia, Bélgica y Suiza a quienes han compartido no sólo su preocupación por el estado de violencia que vive México sino una serie de informes con datos duros y crudos que reflejan la situación y la posible solución al problema.
Corrupción que mata
El Observatorio Internacional, por ejemplo, elaboró ya su informe sobre México de cara al EPU, y en él recomienda, entre otras medidas, justamente el establecimiento de un organismo internacional e independiente con facultades para investigar crímenes atroces y violaciones a derechos humanos relacionados con actos de corrupción.
Su recomendación se desprende de un diagnóstico elaborado por la Open Society Justice Initiative, integrante del mismo Observatorio, y vertido en su más reciente informe Corrupción que mata. Porqué México necesita un Mecanismo Internacional para combatir la Impunidad.
En el documento la organización analiza cómo la situación de violencia en el país se ha deteriorado, rebasando aquella del 2011, que por años se consideró como la cresta de la ola violenta desatada con la denominada guerra contra el narcotráfico y cómo las expectativas de mejora son nulas si no se realiza un cambio de política.
“La situación en México se ha deteriorado aún más. En 2017 experimentó su año más violento en dos décadas, con más de 25 mil homicidios. Los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos aumentaron considerablemente. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas en el país han sido reportadas en los últimos seis años. Y la tortura sigue siendo una práctica rutinaria y generalizada a nivel estatal y federal, hecho reafirmado a comienzos de 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura.
“La rendición de cuentas para estos crímenes es casi nula. De hecho, la impunidad ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano; los crímenes atroces han florecido, en parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, en especial cuando estos pueden ser funcionarios públicos”, señala el informe que ha sido distribuido entre representantes de gobiernos europeos y parlamentarios.
A fin de demostrar y ejemplificar la creciente evidencia de colusión entre funcionarios estatales y municipales en crímenes, catalogados por la ONG, de lesa humanidad cometidos por los cárteles, la Open Society Justice Initiative narra a detalle en su informe los casos de la Matanza de Allende y el del Cereso de Piedras Negras en el estado de Coahuila.
El primer caso se refiere al asesinato de, según el documento, alrededor de 300 hombres, mujeres y niños en el municipio norteño de Allende y pueblos cercanos durante tres días en marzo de 2011 a mano de un poderoso cártel del narcotráfico. El segundo, a la desaparición y asesinato de aproximadamente 150 personas dentro de los muros de la prisión de Piedras Negras durante el periodo 2009-2012, cuando ésta sirvió como centro de operaciones de los Zetas.
El informe vincula el análisis de los ataques en Coahuila con “crecientes indicios de que la corrupción y los crímenes violentos que abriga se han extendido en varios estados de México, desde Veracruz hasta Tamaulipas y desde Guerrero hasta Chihuahua”.
Apoyo internacional
Y aunque el gobierno mexicano ha implementado en los últimos años reformas al sistema de justicia penal, como la Fiscalía autónoma o la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el informe considera que éstas no garantizan en la actualidad la independencia institucional necesaria o la competencia para investigar crímenes atroces o las redes de corrupción entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
De ahí la necesidad y propuesta para el gobierno mexicano de aceptar la implementación de un mecanismo internacional que investigue actos de corrupción vinculados con crímenes atroces en el país.
Argumenta el informe:
“Un mecanismo internacional podría comenzar a romper los círculos de impunidad, al emprender sus propias investigaciones, preparar casos para la persecución del delito por iniciativa propia o por parte de la Fiscalía recién creada y proporcionar asistencia y apoyo técnico que orienten el camino a un mayor nivel de rendición de cuentas en todo el país”.
Agrega: “La participación y el apoyo internacional son esenciales para combatir los bloqueos políticos y los intereses partidistas que actualmente obstaculizan el funcionamiento del sistema penal mexicano. En pocas palabras: México necesita asistencia internacional si realmente desea que algún día se haga justicia por la corrupción que hace posible la comisión de crímenes atroces”.
Tanto la Open Society Justice Iniciative como el Observatorio Internacional, del que forma parte, se han tomado en serio la tarea de promover la conformación de un mecanismo internacional para México. Eric Witte, director del proyecto para juicios de crímenes atroces de la organización, explica en entrevista:
“La idea es que la comunidad internacional retome la propuesta y se pueda llevar al Consejo de Derechos Humanos. Sabemos que México es un país difícil para permitir la participación internacional en ciertos temas, pero ya hemos visto lo que ha pasado si no se hace nada: el presidente Enrique Peña Nieto sólo aceptó negociar en temas económicos, relativos al desarrollo industrial y modernización del país pero nunca aceptó negociar sobre la política en torno a la guerra con el narcotráfico y ya vemos lo que ha pasado”.
En opinión del especialista el cambio de gobierno en el país puede ser un momento adecuado para dar un viraje a esa política: “cualquiera de los candidatos que gane la elección tendría que saber ya que si no hace algo distinto a lo que ya se ha hecho, las cosas no cambiarán. Ahora hay la oportunidad de hacerlo y el tiempo para ello. Y por eso mismo estamos aquí ahora (en Alemania) e iremos a otros países para decirlo y apoyar la iniciativa”.
Y es que, las ONG mexicanas también están convencidas que el apoyo internacional es un primer paso para enfrentar la descomposición que vive el país.
“Consideramos que la crisis está generada fundamentalmente por la impunidad en el sistema de justicia mexicano. Hay zonas del país con un vacío de poder de parte del Estado llenado por el crimen organizado como Guerrero, Tamaulipas o Chihuahua. Así que nos preocupa que haya un posicionamiento (internacional) fuerte sobre el sistema de justicia que ayude a restablecer el tejido social y a realizar investigaciones adecuadas, profesionales e independientes”, explica por su parte Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red TDT durante su paso por la capital alemana.
El activista explica que el colectivo de 230 ONG que, como sociedad civil, presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con motivo del EPU, busca que la comunidad internacional presione a México con cuatro grandes recomendaciones denominadas estructurales.
Y estas tienen que ver con la nueva Fiscalía y su carácter realmente independiente; con la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, la cual consideran es un mecanismo de militarización del país, de represión y control social que generará más violaciones a los derechos humanos; con la reestructuración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual consideran ineficaz, insensible y que no responde a las necesidades de las víctimas y, finalmente, el mencionado Mecanismo Internacional de combate a la Impunidad.
Será en noviembre de este año cuando México sea evaluado por tercera ocasión por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, en donde tendrá que presentar los avances y cumplimiento a las 176 recomendaciones en materia de derechos humanos recibidas en el ejercicio anterior en el año 2013.
El EPU es un mecanismo a través del cual el organismo de Naciones Unidas vigila y evalúa de manera regular, cada cuatro años y medio, a los 192 Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en la materia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: YATLANECI ALZARAZ.
LINK: https://www.proceso.com.mx/539778/en-la-comunidad-internacional-se-cabildea-para-mexico-un-mecanismo-contra-la-impunidad