De acuerdo con Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Asencio Bautista, a más tardar este jueves 28 un grupo de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos acudirá a la sede del Tribunal Colegiado acompañado de sus abogados, con el fin de que los magistrados “expliquen cómo va a funcionar la Comisión de la Verdad”.
Entrevistada durante la marcha por los 45 meses de desaparición de los jóvenes, movilización que partió del Ángel de la Independencia y llegó a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Cristina Bautista informó que sólo está por definirse quiénes de entre las 43 familias acudirán a Reynosa en busca de entrevistarse con los magistrados.
“Lo primero que queremos es agradecer que hayan visto los expedientes, que hayan visto que todo está mal hecho por la Procuraduría General de la República, y también queremos ir para ponernos de acuerdo en la creación de la Comisión de la Investigación para la Verdad y para la Justicia, y van a estar presentes nuestros abogados y los que decidamos que estén presentes”, comentó Cristina Bautista a Apro.
Al recordar que, en la conformación de la comisión los padres y madres de las víctimas estarán representados a través de sus representantes legales con el fin de “vigilar las investigaciones”, Cristina Bautista consideró que “por más que quiera el gobierno defender su verdad histórica, ésta ya se está cayendo, ya no la pueden defender, ya no les queda más que cumplir la sentencia que ordenó el tribunal”.
Los padres y madres fueron arropados por decenas de simpatizantes, miembros de organizaciones sociales, así como estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, quienes marcharon bajo la fuerte lluvia por las calles del centro de la Ciudad de México.
En entrevista, Mario González Contreras, padre de César Manuel González, recordó que para deslindarse de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), “en la PGR nos decían que iban a hacer valer lo que dijeran los tribunales mexicanos”.
Explicó: “En este mes 45, la demanda es que se cumpla cabalmente la resolución de los magistrados que se tomaron el tiempo y vieron las fallas que había en las carpetas de investigación, queremos que la PGR cumpla con su palabra, tienen que acatar porque es una orden, no una recomendación”.
Mario González reprobó las voces que han criticado a los padres y a sus abogados, así como a los mismos magistrados por su resolución, siendo que, de los representantes del Estado mexicano, “en realidad son los primeros que han querido llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa”.
Luego cuestionó el reciente pronunciamiento de los 32 procuradores del país en contra de la sentencia del Tribunal Colegiado, al considerar que se extralimitó en sus atribuciones constitucionales al ordenar la creación de una comisión de investigación.
“¿Dónde estaban los 32 procuradores para buscar a nuestros hijos? Ahora que sale una resolución para buscar a los muchachos, se ponen en contra; no entiendo por qué esos procuradores tienen la desfachatez, el descaro y el cinismo de oponerse a que se busque a los muchachos y a saber la verdad”, apuntó.
En vísperas del proceso electoral presidencial, Mario González señaló que la única petición que los padres y madres de los desaparecidos tienen, “es que el que llegue tiene que retomar la resolución de los magistrados, porque en su momento le pedimos a Enrique Peña Nieto que, si tenía dignidad, acatara la resolución, pero desgraciadamente ya vimos que no le queda dignidad y está tratando de combatir la sentencia”.
El abogado de los 43 familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales Sierra, sostuvo que, pese a los recursos interpuestos en contra de la sentencia, los mismos “están condenados a la improcedencia”.
Entrevistado en una parada de la marcha, frente al “antimonumento a los 43”, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, consideró que, por los tiempos electorales, “es muy probable que la sentencia tenga que ser implementada hasta el próximo gobierno”.
Rosales Sierra consideró que, por los recursos interpuestos contra la sentencia del Tribunal Colegiado, “hay una clara intención de dilatar el proceso y mantener en la misma dirección la investigación, que ya fue hecha pedazos”.
Al mencionar que, “a menos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se preste para revertir la sentencia”, el abogado puso en duda la posibilidad de que se cambie el sentido de la resolución que, insistió, podrá materializarse hasta el siguiente sexenio.
“Si en 2015 y 2016, con el GIEI el gobierno dejó ir la oportunidad de avanzar y corregir la investigación, es improbable que a pesar de que hay una sentencia quiera cambiar de dirección”, observó.
Al resaltar que es “una sentencia sumamente garantista”, Rosales Sierra puntualizó que lo que “asusta a las voces conservadoras es que el Ministerio Público tenga contrapesos, siendo que no es la primera vez que ha realizado investigaciones irregulares; los magistrados lo que hicieron fue declarar la ilegalidad de toda prueba arrancada por tortura, pero no dejaron en indefensión a las víctimas, y es por eso que, amparados en el Protocolo de Minnesota, ordena la creación de una comisión, dentro de las facultades del MP, donde las víctimas son coadyuvantes de por sí, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que tiene una investigación en curso”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: https://www.proceso.com.mx/540298/padres-de-los-43-preven-reunirse-con-magistrados-para-conocer-operacion-de-la-comision-de-la-verdad