“Tenemos que ser un gobierno abierto, que rinda cuentas y autocrítico”, afirma la próxima titular de la Secretaría de Gobernación.
Es la mañana del 9 de julio, y frente a la elegante casona amarilla se ven automóviles estacionados en batería, con choferes al volante. En la notaría ubicada al poniente de Ciudad de México hay más movimiento que de costumbre.
Gente entra y sale, sube y baja. Dos secretarias en la recepción no paran de tomar llamadas y anuncian que la cita de las 10 ha llegado. Por una puerta de madera caoba acristalada se ve en reunión privada a la mujer que ha sido propuesta para ser titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México.
Olga Sánchez Cordero se convertiría así en la primera mujer en la historia en ocupar esa dependencia federal y conducir la política interior del país.
La esperamos en una sala del segundo piso flanqueada por altas paredes. En los muros blancos hay fotografías de quien se convirtió en la octava ministra en la historia de México, cargo que desempeñó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante dos décadas, de 1995 a 2015. Portando la tradicional túnica negra, se le ve en fotos de distintos periodos posando sonriente entre los diez ministros. De 1995 —año en que fue nominada por el entonces presidente Ernesto Zedillo— a 2005, Sánchez Cordero fue la única ministra mujer de la Corte.
Antes de incorporarse y situarse en el ala liberal del Tribunal Supremo, la licenciada en derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en política social y administración por la Swanse University, fue la primera mujer notaria en el Distrito Federal y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad.
Al costado de otra puerta que conduce a la sala de juntas principal hay una foto más personal de quien ha sido reconocida como la abogada de los derechos de las mujeres: la futura jueza constitucional sujeta el brazo izquierdo del notario y académico Eduardo García Villegas —su esposo y padre de sus tres hijos: Olga Mercedes, Eduardo Francisco y Paulina María, notarios y jueza, respectivamente.
Apenas ha pasado una semana desde que López Obrador, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, ganó la Presidencia de la República con casi el 54 por ciento de los votos emitidos el 1 de julio. Y de que su partido, Morena, en alianza con el PT y el PES, obtuvo cinco de nueve gubernaturas, la mayoría en el Congreso de la Unión y la mayor parte de los congresos locales en disputa. Mas el inmueble de la notaría donde despachan cuatro miembros de la familia García Villegas Sánchez Cordero, que hoy sirve de oficina alterna de la próxima secretaria de Estado, se va nutriendo de visitas estratégicas —lo mismo de funcionarios públicos aún en funciones, como de políticos que podrían incorporarse al nuevo organigrama de la Segob.
Esta mañana, de hecho, en la sala de juntas donde está montado un librero de pared a pared con libros antiguos de derecho, el senador con licencia Zoé Robledo y dos miembros de su equipo aguardan también a la exministra. Hace apenas tres días, luego de que Alfonso Durazo lo destapara, López Obrador confirmó que el joven legislador fue invitado a ocupar la Subsecretaría de Gobernación. Del virtual diputado federal dependería, precisó, elegir permanecer en el Congreso o incorporarse a la Segob.
Minutos después del arribo del chiapaneco, la exministra aparece en el segundo piso de la notaría. Saluda a todos los ahí presentes con una sonrisa afable. Acaba de sostener una charla con el gobernador Graco Ramírez y está a la espera de que arribe el secretario de gobierno, Diódoro Carrasco. La crisis poselectoral en Puebla está en su cénit. “Teníamos que impugnar, no había modo de no hacerlo”, comenta la jurista brevemente.
En días previos a que forme parte de la comitiva que se reunirá con Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, a que refiera que impulsará la despenalización del aborto en todo el país, el derecho a una muerte digna y promoverá un plan de austeridad en el próximo gobierno federal, charlamos con Olga Sánchez Cordero.
Nos recibe en el pequeño privado contiguo a la sala de juntas, donde Zoe Robledo esperará a que concluya la entrevista con Newsweek en Español.
Durante más de media hora la abogada se desconectará de los asuntos urgentes que ocupan su agenda del día, para hacer un espacio de reflexión sobre lo que pasó el 1 de julio y los temas que priorizará desde la Secretaría de Gobernación.
“Yo pensaba, te lo digo con toda sinceridad, que Andrés Manuel iba a romper todos los techos previsibles… estaba convencida de que iba a romper el techo de los 50 puntos. De hecho, fueron 30 millones de mexicanos los que votaron por Andrés Manuel; 30 millones”, enfatiza.
CONTRA NEOLIBERALISMO ‘A ULTRANZA’
Olga Sánchez Cordero porta un saco color hueso, una camisa azul y una mascada con colores vivos. Al arranque de nuestra conversación señala que está convencida de que el proyecto de nación de “Andrés Manuel”, como le llama, se cimienta en dos pilares fundamentales: la justicia social y la pacificación para México.
Al hablar de justicia social, asegura, el nuevo gobierno que encabezará López Obrador no se refiere a asistencialismo.
“Fíjate, curiosamente todo el mundo lo tachó de populista y de asistencialista, nada más alejado de eso. Lo que él pretende es detonar desarrollos. Él me ha dicho en varias ocasiones: el asistencialismo como lo ha manejado el gobierno desde hace muchísimo tiempo, en un sistema de economía neoliberal, es simplemente mantener a la gente en un estado de pobreza, porque el asistencialismo no detona desarrollo, simplemente continúas en la pobreza y en la ignorancia, y así tienes sometidos muchos millones de personas como votantes”.
Los núcleos duros de votantes son los que los partidos controlan a través del asistencialismo. En cambio, “Andrés quiere detonar desarrollo. Quiere que la gente se libere de estos asistencialismos neoliberales. Su proyecto es, absolutamente, un proyecto de nación diferente […lo antepone] a este neoliberalismo a ultranza”.
—Y que arrancó en forma en la era de Carlos Salinas de Gortari o antes….
—Creo que había pasos previos muy importantes de Miguel de la Madrid. Pasos muy definitorios: el consenso de Chicago (sic), este consejo de Chicago de seguir las recetas del Banco Mundial, del Fondo, etcétera, que se impusieron. Tú tienes que hacer esto y esto y esto en tu país, seguir esta política pública, no obstante, toda la crisis que esto provocó y la desigualdad y la crisis social y la invisibilidad de la mitad de la población. Este sistema neoliberal le puso como una capa de invisibilidad a 50 millones de personas. Andrés se las quiere quitar.
—Hagamos un breve paréntesis y vayamos unos años atrás, cuando el expresidente Vicente Fox promovió el juicio de desafuero de AMLO. ¿Se conocieron en esta etapa, trabaron relación?
—No, él nunca litigó en la Corte el tema del desafuero, lo litigó su abogado Javier Quijano. El procedimiento de desafuero fue absurdo y fuera de contexto y de proporcionalidad.
—¿Cómo conectaron entonces?
—Yo tenía contacto con él en algunas comidas. Por ejemplo, me invitaba Genaro Góngora, que era muy amigo de él, se reunían con frecuencia a comer y a desayunar, entonces, en algunas ocasiones Genaro me invitó a mí a comer con Andrés Manuel y entonces yo lo conocí.
—¿Qué encontró atractivo de su propuesta para gobernar?
—Me encantó la manera en cómo gobernó la Ciudad de México, nadie antes de él había pensado siquiera en el rescate del Centro Histórico. Sin embargo, él dijo: voy a hacer un fideicomiso con grandes personalidades, con gente de muchos recursos económicos, para poder rescatar el Centro Histórico.
—Y fortaleció sus nexos con empresarios…
—Estaba en diálogo con empresarios, concretamente con Carlos Slim, que lo incorporó al fideicomiso del rescate del Centro Histórico…
—Y más recientemente, ¿cómo fue su acercamiento con él? ¿Qué acuerdos fraguaron, por qué se apuesta por usted para estar al frente de la Segob?
—Me acerqué a la plataforma de Morena porque yo quería ser senadora de la república, yo hablé con él de ese tema, el tema fue ser senadora.
—¿Eso en qué mes fue?
—El año pasado, creo en octubre, porque salí del constituyente en septiembre —me encantó ser legisladora… Y yo tenía la notaría. De hecho regresé a la notaría, pero lo que quería era ser senadora, construir leyes, construir normas.
Fue así como, cuenta, se acercó a AMLO y dice que él la recibió “con los brazos abiertos. Me dijo: claro que usted va al Senado de la República por parte de Morena”.
PUENTE DE INSTITUCIONALIDAD
Dos semanas después de ese encuentro, a la exministra le hablaron de la oficina de AMLO para decirle que él quería volver a verla. La recibió con “una gran sorpresa”: le pidió acompañarlo en el gabinete que decidió anunciar con mucha antelación. La también notaria le inquirió en qué lugar del gabinete la veía, si es que lograba ganar la presidencia en 2018. AMLO le dijo: “Yo quiero que usted sea secretaria de Gobernación”.
“Honrada” con el ofrecimiento, conversaron durante dos horas, y ella le inquirió por qué la veía para el cargo. “Me dijo que porque yo representaba el respeto a la legalidad, al Estado de derecho, y que él quería transitar hacia el Estado de derecho y la legalidad”.
La plática se detuvo varios minutos sobre uno de los principales problemas que afecta a los habitantes de México: la violencia. “Los homicidios, doscientos y pico mil de homicidios en estos dos sexenios”. Misma que sigue su curso. Para no ir más lejos, “ayer, domingo, 15 muertos en Monterrey y 14 heridos, estamos hablando de casi 30 personas”, dice Sánchez Cordero.
Y añade: “Luego hablas de las desapariciones, de los feminicidios, de la trata, de los asesinatos a periodistas —hay un tema de libertad de expresión grave, grave, de riesgo en la libertad de expresión: estás arriesgando su vida en aras de ser periodista—. Entonces, me dijo: ‘Yo quiero transitar a la pacificación del país’. Los grandes temas de Andrés son justicia social, pacificación y pacificación”.
—Vio en usted el puente hacia lo institucional, la legalidad.
—Claro, porque normalmente sus adversarios políticos no lo han tachado más que de falta de respeto a las instituciones, de populista y de ser una persona que no respeta el Estado derecho. El mensaje era claro: voy a respetar el Estado de derecho y las instituciones.
Y aquí, precisa, “cuando él dijo ‘al diablo con sus instituciones’, no es igual que ‘al diablo con las instituciones’, esas tres letras hacen una diferencia enorme”.
—Y cuando decía que los jueces estaban maiceados, ¿usted no se lo tomó personal?
—Yo nunca me lo tomé personal.
—Y ahora en el poder, ¿qué se hará con esos jueces?
—Tenemos un gran problema en los poderes judiciales locales, y es la primera instancia de impartición de justicia para el ciudadano.
—El primer eslabón…
—El primer eslabón. No el Poder Judicial Federal. Porque al Poder Judicial Federal llegas a través de una instancia de amparo, después de haber recorrido todas las instancias de los poderes judiciales locales, y ahí hay un tema porque no respetan al Poder Judicial, porque no hay movilidad, porque hay una cooptación de los poderes judiciales a través de los congresos, de sus presupuestos, de los propios gobernadores.
—¿Qué hacer?
—Vamos a apoyar desde la Federación, en la medida del respeto irrestricto a la soberanía de los estados, vamos a apoyar los poderes judiciales, definitivamente, en sus garantías institucionales.
—¿Cómo reconstruir la credibilidad?
—Mira, hay que reconstruir la credibilidad del gobierno, para empezar. Reconstruir la credibilidad en las instituciones, en los poderes públicos, en las instituciones gubernamentales.
—Menciona la pacificación, pero entre varios temas hay uno dolorosísimo en México: las desapariciones. ¿Se ha reunido con los colectivos de familiares?
—En varias ocasiones, y me voy a seguir reuniendo.
—¿De qué han hablado?
—No solamente de acompañamiento, que sí es muy importante para la búsqueda de sus seres queridos. Hay varios temas. Las víctimas tienen dos derechos fundamentales: el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Qué es el derecho la verdad: qué pasó con los desaparecidos.
Y sigue: “No solamente Ayotzinapa, que ya es emblemático; no solamente las fosas de San Fernando; no solamente los desaparecidos recientes de Tamaulipas, sino también todos estos colectivos de mujeres, sobre todo de mujeres, que andan buscando a sus hijos desaparecidos. La cifra del gobierno es que son 37,500. Ellos dicen que se puede duplicar en cifra negra. De verdad, es un cementerio este país, un cementerio; es terrible decirlo, pero es un cementerio”.
—¿Cómo le van a entrar al tema?
—No solamente el acompañamiento, las comisiones de verdad en determinados lugares, muy específicos, para saber qué pasó, qué pasó con sus seres queridos, qué pasó con estos asesinatos, qué pasó si estas comisiones, en inglés se llaman “Finding Facts Comissions”, comisiones investigadoras de los hechos concretos, para poder llegar a la verdad. Vamos a crearlas. Es uno de los temas para la pacificación del país. Es que es un reto enorme, de verdad, imagínense lo que implica después de estos dos sexenios de muerte.
MANOS MANCHADAS DE ROJO
—Cientos, miles esperan ver en práctica la nueva voluntad política y tener resultados, ¿ve esto posible? La expectativa es enorme.
—La expectativa es enorme porque hubo 30 millones de personas que votaron por Andrés Manuel…
—¿Cómo ir estructurando desde el poder dar resultados?
—Van a salir las convocatorias para la pacificación. Vamos a convocar una gran cantidad de gente: víctimas, sociedad civil, expertos nacionales, expertos internacionales, organizaciones sociales, nacionales e internacionales, organizaciones de las Naciones Unidas.
Hace una pausa y comparte: “Yo no sé qué esté pensando el gobierno actual [de EPN], no sé que esté pensando de esta nueva visión de política contra las drogas, de política contra el crimen y de tránsito a la pacificación. Me dicen que algunos actuales funcionarios están totalmente en contra de esta política, quieren seguir con la misma política de combate al crimen; otros dicen: por qué no se nos ocurrió antes a nosotros, hacer esta justicia transicional”.
—Explíquenos más sobre esta “justicia transicional”.
—La justicia transicional es un tema que nosotros [en México] no lo tenemos presente, pero que lo tienen muchos países, en muchos momentos históricos. Justicia transicional lo que ocurrió en España después de la Guerra Civil, a lo mejor no con la palabra acuñada como “justicia transicional”; pero la acuñaron ya para el proceso de paz en Colombia; la han acuñado para el proceso de paz en Nicaragua, en Ruanda, donde hubo un genocidio terriblemente complicado…
—Se refiere a que el Estado sí puede proveer justicia donde se cometieron crímenes…
—Crímenes de lesa humanidad y que se han logrado juzgar. El proceso de Yugoslavia, que fue un tema terriblemente complicado, porque fueron genocidios también. Y, en México, estamos viviendo una descomposición social y un tema de violencia extrema.
—Reitera, entonces, también el cambio de una política de Estado en esta materia, con respecto a los gobiernos del PRI y el PAN. ¿Cómo empezarán a avanzar en el camino hacia la reparación de justicia?
—No es de la noche a la mañana. Nosotros vamos a convocar a los expertos, vamos a empezar a crear en determinadas zonas del país este tipo de comisiones. Fíjate, el gobierno actual está ahorita impugnando la comisión de la verdad de un tribunal colegiado en el caso de Ayotzinapa. Lo que nosotros queremos es constituir comisiones para que encuentren los hechos verdaderos. Es otra visión, otra manera de ver la política en esta país, definitivamente. Tenemos que avanzar hacia lo que prometió Andrés Manuel.
En este punto Olga Sánchez Cordero dice que, a unos cuantos días de haber ganado, cuando ni siquiera le han entregado constancia de mayoría al presidente electo, “ya estamos cuestionados; que si yo dije, que nunca dijo Andrés de la política de la despenalización de las drogas [pero] sí lo dijo.
Si tú ves el encuentro que tuvo con las víctimas… lo que planteó ahí fueron comisiones de verdad y despenalización de droga en una consulta amplia y justicia transicional; no dijo como tal justicia transicional, pero dijo comisión de la verdad, acceso a la justicia, dijo despenalización, una nueva política de Estado de drogas”.
—Le importa subrayar que no hay posturas diferentes entre usted y AMLO sobre ciertos temas.
—Claro, los temas particularizados no los he comentado con él —reconoce—. Por ejemplo, por una parte, el tema de la marihuana y, por otra parte, el de la amapola. Pero es un clamor de todos los gobernadores de Guerrero, no del de ahora —precisa—, del anterior y del anterior y del anterior: la despenalización de la amapola por muchas razones. Primero porque, muchas comunidades, en varios municipios, dependen de la amapola. Viven de eso.
Hay un tema que no se ha visibilizado y que se los doy como primicia: los niños no van a las escuelas porque al romper el bulbo de la amapola se les manchan las manos de rojo. Entonces, estos niños, que son muy pequeños, y que se les empiezan a manchar las manos de rojo ya están estigmatizados, hay una discriminación hacia ellos. Se les pintan las manos y [la pintura] no se les cae. [Los tratan como] que “ellos ya estuvieron en la droga”. ¿Imagínate si esto se despenaliza? Los niños que tienen las manos manchadas van a poder ir con tranquilidad al escuela. Son niños de ocho, diez años.
—Ha dicho que la despenalización de la amapola sería para darle un uso de fármaco…
—No hay en los hospitales morfina ni otras drogas derivadas de la amapola porque aquí hay un tema de prohibición. Tienes que tener una enfermedad terminal, prácticamente, para que te den morfina y puedas sobrellevar el tema. Hay temas muy profundos, sociales, de salud pública, que están ahí.
—Y esto conecta con el polémico y debatido tema sobre la amnistía a “criminales”.
—No podrían ser para delitos de lesa humanidad, no podrían ser para tortura, homicidio, violación, trata, extorsión, secuestro, desapariciones… [La amnistía sería] para una población enorme de estas comunidades que viven de la amapola, que viven de la marihuana, que siembran, cosecha, hacen el trasiego, la comercialización; eso es delito, por supuesto, porque está penalizado. Lo que ha habido en estos tiempos es una política punitiva prohibicionista. Nosotros queremos transitar hacia una política de despenalización, no punitiva, porque tenemos ahí la realidad.
Al propósito, explica: “No nos podemos seguir matando cuando ya Canadá, hace dos semanas, despenalizó totalmente la marihuana. Cuando veintitantos estados de la Unión Americana han transitado hasta la despenalización. Y hoy en día están proyectando que el estado de California va a obtener recursos derivados de la comercialización, de la marihuana concretamente, por más de 1,000 millones de dólares. Y nosotros aquí matándonos.
Creo que nadie quiere seguirse matando ni muriendo en este país por esas cuestiones… Tenemos que ver que las personas que no hayan cometido delitos de alto impacto se puedan canalizar por los cauces legales del Estado. ¿Es complicado? Sí, pero tenemos que ver cómo lo hizo Uruguay, cómo lo está haciendo Afganistán, tenemos que ir de la mano con la ONU, porque también tiene cuotas muy específicas sobre la venta de amapola y de los fármacos, etcétera. Pero vamos a ir dialogando con instancias internacionales.
—Menciona casos de países que contemplan hacer de la despenalización negocio, ¿eso a quién beneficia?
—Si se despenaliza… con estos recursos que se obtengan de parte del Estado puede haber varias políticas públicas importantes: prevención, rehabilitación de personas con adicciones y ver el problema no como un tema económico, sino también como un tema de salud pública. Transversalmente va desde Sagarpa, Salud, Economía, Gobernación, Secretaría de Cultura, Medio Ambiente, hasta Conagua. Es un tema transversal.
—Y ¿qué hay de programas de educación y estrategias de comunicación sobre el uso indebido de drogas?
—Una política preventiva de drogas implica también educación, ahí está presente la Secretaría de Educación. Una política de salud pública implica políticas para personas con adicciones. Es una política integral, a la que nadie le ha entrado. Lo quiso hacer Lázaro Cárdenas…
“Era otro México —reconoce—, pero aquí, la verdad de las cosas, es que esta política prohibicionista viene del extranjero, porque México tiene una cultura ancestral muy clara sobre drogas naturales, como el peyote, hongos, marihuana”.
—Usted se refirió antes a un modelo económico dictado por organismos internacionales. ¿Estamos ahora ante un nuevo consenso para despenalizar las drogas que va avanzando?
—Sí. Lo que queremos es que permee. Nosotros lo que queremos es que vaya permeando en una cultura distinta, que vayan viendo el tema de Andrés como un tema de justicia social, de justicia transicional, de pacificación del país y, adicionalmente, que es la tendencia internacional sobre la política de drogas.
“TENEMOS QUE SER AUTOCRÍTICOS”
—En otros temas, ¿cómo entablarán diálogo con la mayoría de gobernadores de partidos de oposición?
—Tenemos que avanzar a construir. Alguien el otro día me decía: “Es que vamos a criticar tanto lo bueno como lo malo”. Le dije: “A ver, ¿qué no queremos construir?” Digo, si estamos haciendo las cosas bien pues vamos a apoyarlas; si estamos haciendo las cosas mal, hay que criticarlas. Pero no criticar las cosas buenas para avanzar, para destruir o para, políticamente, deshacer al adversario. El tema es el de construir. Vamos a tener no solamente que lidiar con la oposición sino también, dentro del mismo partido, con varias fracciones adversas.
En este punto, subraya:
“Creo que autocríticos tenemos que ser, creo que si transparentamos todo, si nos volvemos un gobierno abierto, un gobierno que rinda cuentas —y, por cierto, no necesariamente rendir cuentas es suficiente, ¿eh?, porque tú puedes rendir cuentas, por decirte algo, sobre un puente o un paso a desnivel, ¿y si no se necesitaba?, tú puedes decir, me costó 40 pesos y gasté 40 pesos y no hay manera de haber hecho corrupción, pero si esto no se necesitaba en esta comunidad, ¿por qué se hizo?—, y creo que también en la rendición de cuentas hay otro tema de eficiencia, de respuesta a necesidades fundadas de la población. Es un tema muy complicado. Seis años son muy pocos, lo dijo Andrés, pero seis años tenemos que hacerlos 12. Esa es la instrucción”.
—¿Qué va pasar con los gobernadores prófugos?
—Bueno, si hay denuncias hay que seguir adelante con todo. A ver qué quiere Andrés, respetar procuración e impartición de justicia, fortalecerlas.
—Pero no va haber amnistía para ellos…
—A ver, no, por supuesto que no. Además aquí hay un tema, no es la voluntad de un hombre la amnistía, ¿eh? Es una ley. Lo que es la voluntad de solo un hombre es el indulto y es a una persona, nada más. La amnistía es una ley general, con hipótesis muy claras: quiénes están en estas hipótesis, qué universos de personas —campesinos, niños, jóvenes, etcétera—. Podría haber una ley de reducción de penas, incluso, para informantes; pero no de amnistía.
—La mayoría de gobernantes refieren a la población tremendas injusticias, corrupción, uso indebido de recursos públicos, afecciones al tejido social muy graves…
—En el imaginario colectivo está muy presente…
—Por eso se lo pregunto, porque los temas están aquí, seguirán siendo recurrentes…
—Están muy presentes, muy presentes estos abusos y tú acabas de emplear una palabra que yo te la comparto que es “obscena” corrupción, “grotesca”. No se puede gobernar un país cuando tienes un tema de impunidad tan grave y que hagas actos de corrupción y no pase nada. Todo converge en una palabra —la violencia, los asesinatos, las desapariciones, la violación a mujeres, la trata, las ejecuciones extrajudiciales—, todo converge en una sola palabra: impunidad. No pasa nada. O sea, el delincuente tiene 99 por ciento de posibilidades de que nunca va a ser llevado a la justicia, imagínate nomás, el grado de impunidad que hay aquí.
—Entonces, todos los procesos abiertos seguirán su curso…
—Seguirán su curso.
FISCALÍA REQUIERE REFUNDACIÓN
—Otro tema que generó polémica al gobierno entrante fue que el virtual presidente electo se opone a contar con un fiscalía independiente, y reformar el artículo 102 constitucional.
—No está opuesto, por supuesto que no está opuesto a un fiscal autónomo. Pero, ojo, tú no puedes tener una fiscalía que sirva, como ellos le llaman, si tú tienes una organización corrompida desde la raíz. Digamos, no solamente es la figura del fiscal autónomo, hay toda una institución que hay que renovar, reestructurar, rehacer para que sirva el fiscal autónomo. Si no, puedes traer a la gente más preparada, más calificada, y que yo tengo varios en la mente, además, pero que son ya retirados; como litigante, por ejemplo, me parece que Jesús Zamora Piers era una pieza fundamental del litigio penal, una gente incorruptible, y Juan Silva Meza, por ejemplo, ministro presidente de la Corte, también su materia era la materia penal, también incorruptible; o sea, gente incorruptible la hay, y desde luego los fiscales pueden ser maravillosos, pero si tú tienes una institución que está corrompida desde la raíz, pues…
Hace una pausa y agrega:
“Es una refundación. La susodicha reforma constitucional ni siquiera ha pasado. Te voy hablar en forma coloquial, lo del “fiscal carnal” no ha pasado; hay dos estados nada más que la han aprobado; tú sabes que tiene que ser la mitad más uno, mínimo 17, pues no hay ni 12, y eso que está desde hace cuánto tiempo… Y luego, el otro transitorio te dice que este fiscal que se nombre durará hasta el 30 de noviembre, o sea, de todas maneras hay que tener en mente que un proceso constitucional de reformas es, en primer lugar, difícil, por el tema.
“Él [AMLO] va a transitar con la normatividad vigente ahorita, porque no hay de otra: de los diez que son avalados por el Senado de la República y que son enviados a la presidencia. Dentro de estos diez, ojalá y también queden algunos de los que ha mencionado Andrés. Porque al final del día va ser el Senado quien designe. Y creo que ya hay gente que nombró Andrés que está también dentro de los diez. Te puedo decir que dentro de los fiscales anticorrupción está un abogado propuesto por la Universidad Nacional y por las organizaciones civiles que se llama Ricardo Peralta y que fue también designado en la terna, ahí está él dentro de los diez ya”.
—Pues suena a solo equilibrar, tener propuestas…
—El Senado va a tener la última palabra en los diez y, finalmente, la terna que escoja el presidente, en la asignación del fiscal.
SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD
—El tema de despenalizar el uso de marihuana o de amapola, cómo será el proceso de cabildeo, ¿llevarán la iniciativa al Congreso?
—Va a haber una convocatoria donde van a estar representados sociedad civil, víctimas, organismos internacionales, organismos nacionales, expertos, y ahí uno de los grandes temas es justicia transicional, amnistía, despenalización, política de drogas y política de seguridad pública. Se lleva el Congreso y se vota.
“El matiz es despenalización —aclara—, no legalización; es un matiz importante. Yo ya lo platiqué con [Manuel] Mondragón, ya ves que él está en contra de la legalización, pero yo ya le di el matiz y no le pareció nada mal… Hay matices importantes porque el Estado puede regir a través de sus instituciones de salud, de educación, de economía, en fin, el proceso de despenalización: cuánta cantidad, cómo, adónde va, cómo se distribuye, y si se violentan toda esta regulación de la despenalización; entonces, tú Estado, regulas, a través de la Cofepris y a través de las instancias que tú tienes de regulación, de salud, ahí está presente el Estado”.
—Menciona al exsecretario Mondragón, a quien se le asocia a favor de las políticas que dice que quieren revertir en materia de seguridad.
—Te explico, él solo es asesor. La política de la seguridad pública está compuesta por, primero, el secretario será Alfonso Durazo y el Consejo de Seguridad está compuesto por varias personas. No solamente está él, está Gertz Manero, está Marcos Fastlicht. También está Audomaro [Martínez] y un almirante.
—Cómo separar la seguridad de la gobernabilidad, ¿concibe un Estado sin inteligencia?
—La inteligencia sí va a estar, va a estar concentrada en la Secretaría de Seguridad Pública, pero yo ya estoy platicando de que también exista dentro de este aparato de inteligencia una pequeña unidad o rama para la inteligencia de gobernabilidad. Ya la estoy contemplando porque es muy diferente la seguridad pública a la gobernabilidad, yo creo que ahí hay matices muy importantes.
—¿El Cisen desaparece?
—El Cisen ya está desmantelado, dicen que está prácticamente desmantelado.
—Qué ocurrirá con la seguridad del jefe del Ejecutivo. Usted está a favor de que cuente con seguridad…
—Sí, qué bueno que me preguntas esto, porque luego me endilgaron que yo decía que estaba contrariando la política de Andrés Manuel de que va a desaparecer al Estado Mayor. La respuesta es: sí va a desaparecer al Estado Mayor, solamente que yo me pronuncié porque tuviera seguridad. ¿Qué seguridad? No sé, en el Distrito Federal tuvo a las Gacelas.
—Por el riesgo de la investidura que tiene…
—Ser la figura del presidente. Pero que no se confundan: yo no estoy diciendo ni contradiciendo a Andrés Manuel en el sentido de que no va a desaparecer el Estado Mayor. El Estado Mayor sí va a desaparecer, lo que yo dije es que necesitaba seguridad como todo jefe de Estado, no sé qué tipo de seguridad, pero alguna seguridad.
‘NO PODEMOS SER PRIMERAS Y ÚNICAS’
—Qué va a pasar si la CNTE se siente fortalecida y amplía sus movilizaciones…
—Vamos a revisar, pero no me toca a mí la reforma educativa —que más bien fue una reforma laboral—. No me toca a mí.
—Entonces, esperaremos a ver qué ocurre.
—No es esperar. Yo creo que sí prever algunas acciones con antelación y no esperar a ver qué pasa. Estamos conscientes de que tenemos que seguir adelante y que tenemos que hacer una planeación de política pública muy puntual, muy efectiva, muy diferente, y de un tránsito muy positivo para el país.
—En diciembre arribará un gobierno que cuenta, por vez primera, con paridad de género en el Ejecutivo y el Legislativo. Se distingue por empujar agendas de principio de igualdad y no discriminación, ¿cómo seguirá afianzándolas?
—Vamos a tener un Congreso paritario; creo que en el Senado vamos a ser ligeramente mayor el número de mujeres, eso va a ser muy importante. Mientras las mujeres no rompan un techo de cristal y no piensen, como yo lo pienso, que rompiendo el techo de cristal para ser secretaria de Gobernación por primera vez en la historia, y que se le haya confiado la política interior a una mujer, es un tema enorme y que soy la primera de muchísimas más que vendrán atrás. Nosotras no podemos ser primeras y únicas, tenemos que ser las primeras de muchísimas. Este es un cambio muy importante.
“Y sobre todo —dice— democratizar a la familia, para que los roles y los estereotipos no sigan campeando en una sociedad machista en donde a la mujer se le ve siempre sometida. Tenemos que cambiar ese rol desde la familia, en donde los niños no son personas con derechos plenos, sino son objetos de protección; en donde se oculta a una persona con discapacidad o algún adulto mayor… con participación y democratización, transformando esta concepción patriarcal, machista y de subordinación y de sometimiento, de niños, de adultos mayores, y de las mujeres, vamos a avanzar mucho. Mi tema es la democratización de la familia desde el seno familiar.
—¿Qué tiene en mente al pensar que será la secretaria de Gobernación a partir del 1 de diciembre?
—Es un reto enorme, enorme, enorme, enorme. De tiempo completo. Desde ya quiero platicar muy seriamente con mis hijos —con mi esposo desde luego ya lo platiqué— y con mis nietos, porque pues abuela tienen y de sobra, pero a lo mejor no de tiempo completo. Sí los quiero seguir viendo a mis nietos y a mis hijos.
—Usted ha dicho que se enorgullece de su rol de abuela y madre.
—Ahorita el que más me gusta, sin duda, es el de abuela —ríe ampliamente—. Es que a mí mis nietos me pueden llenar de alegría.
—¿Algo más que quiera agregar?
—Sí, que nosotros estamos empeñados en la pacificación del país, en la paz social y en la justicia social. Estos principios nos rigen y nos van a regir hasta el final.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NEWSWEEK.
AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2018/07/olga-sanchez-cordero-reto-estadodederecho/