Entre insultos, le coloca dos bolsas en la cabeza. Reina escucha más pasos, llegan otros judiciales. No sabe cuántos. Inicia la golpiza. Le propinan golpes y patadas hasta en el rostro. “Confiesa ya de una vez, perra”, Reina distingue la voz del comandante, ese al que los otros le dicen Pamplona.
“No sé qué querían que confesara, si yo ya había dicho que sí, que yo lo había matado, pero fue en defensa propia”. La inculpada contará ese maltrato muchas veces: al ministerio público, al juez de su caso, pero no la escucharán. Solo un grupo de activistas le presta oídos y se mueven para defenderla.
María Guadalupe sabe también lo que es eso: la sordera de las autoridades ante una mujer que ha vivido violencia y ha tenido que matar para defenderse. La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, donde ella vive, la acusó por homicidio en riña en carácter de provocado, a pesar de que alegó legítima defensa.
La joven, de 19 años, hirió a su pareja sentimental, Carlos Alberto Balderas Castañeda, de 38 años, cuando éste amenazaba con matarla. Pero la fiscalía basó su sentencia en los dichos de testigos, amigos y familia de Carlos, y en una pericial deficiente para confirmar su hipótesis. Para la autoridad, María Guadalupe era una mujer violenta, que se aprovechaba de su pareja y quería asesinarlo.
No es posible saber cuántas mujeres enfrentan esa falta de debido proceso y de perspectiva de género cuando asesinan a su pareja o a otra persona para defenderse en una situación de violencia extrema. En el país no se hace ese registro y en muchos estados tampoco se reconoce la legítima defensa.
“No hay registros y la mayoría de las sentencias no son públicas, así que este tipo de casos solo se conocen cuando interviene alguien para apoyar a las mujeres, de lo contrario, se les juzga sin perspectiva de género, sin considerar la legítima defensa y se quedan en la cárcel”, dice Isabel Erreguerena, coordinadora de Políticas Públicas de Equis Justicia para las Mujeres.
Esa falta de perspectiva de género y de debido proceso fue unos de los temas que diversas organizaciones de la sociedad civil llevaron ante el comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), de la ONU, esperando que emita una recomendación en las próximas semanas para prevenir la repetición de este tipo de casos.
Reina frente al Estado
La noche del 5 de julio de 2015, Reina Gómez, mujer migrante, afrodescendiente y pobre, clavó un cuchillo en el cuello de su pareja, Marco Antonio Saenz Velázquez. Cuando lo vio herido, llamó a emergencias, a la familia de él y a las autoridades. Los paramédicos, los primeros en llegar al domicilio, lo encontraron ya muerto.
Reina, entonces de 48 años, les confesó que lo había herido cuando él (de 36 años) estaba golpeándola y amenazándola con un cuchillo. Había llegado drogado y se le había ido encima como muchas veces a lo largo del año y medio que llevaban viviendo juntos.
Marco Antonio no tenía empleo. Reina lo mantenía. Trabajaba limpiando casas desde los 12 años, cuando llegó de Belice, sin papeles. El hombre se pasaba el día en la calle, consumiendo drogas y alcohol. Llegaba a casa y la golpeaba. Ella quería dejarlo, pero la amenazaba con matar a su hijo, un muchacho ciego de 22 años, la mayor preocupación y cariño de Reina.
Esa noche de julio la violencia escaló, Reina supo que Marco Antonio la mataría cuando tomó un cuchillo. Se defendió, forcejearon. Entre la riña, ella le clavó el puñal en el cuello. Marco murió a los minutos. Cuando los policías llegaron, la mujer confesó que lo había herido por defenderse. No le valió ni eso, ni haber sido quien hiciera las llamadas de auxilio, ni permanecer en el lugar del crimen.
“Los policías se llevaron a Reina no a una delegación, sino a una casa de seguridad. La amenazaron y la golpearon, exigiéndole que dijera la verdad. Querían que confesara que había matado a su pareja, pero no en defensa propia, sino con alevosía”, denuncia Argentina Casanova, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche. Dos días duró la tortura. Fue hasta el 6 de julio cuando los oficiales la presentaron en el Centro de Reinserción Social de Chetumal, donde ella vive. Dijeron que a las 7 de la noche de ese día, la habían encontrado caminando por la calle.
El primero de abril de 2016, Daniel Esteban Farah Godoy, juez de juicio oral, adscrito a los tribunales de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, la sentenció a 25 años de cárcel. El impartidor de justicia no consideró la perspectiva de género en el caso, ni los alegatos de Reina respecto a la detención arbitraria y la tortura. Tampoco quiso tomar como prueba la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo había emitido cuando el hijo de la afectada acudió a poner una queja por los maltratos de las autoridades hacia su madre.
Fue hasta que apelaron la sentencia diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que se ordenó la reposición del proceso.
En la sentencia de segunda instancia, a la que Animal Político tuvo acceso, el magistrado José Antonio León Ruíz, reconoció la detención arbitraria y el trato cruel y degradante que la migrante sufrió por parte de las autoridades. Y ordenó reponer el juicio para darle cabida a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.
Como parte de esa sentencia en segunda instancia, León Ruíz ordenó también iniciar una investigación, imparcial, pronta, minuciosa, competente e independiente, por los hechos de tortura denunciados.
“Eso no se ha hecho –afirma Argentina Casanova, la integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche–, Reina está libre porque en la reposición del proceso, un juez determinó que en su caso no se había aplicado la perspectiva de género para reconocer las condiciones de vulnerabilidad y la dejó en libertad. Pero las autoridades del primer juicio y quienes participaron en la detención y la tortura no tuvieron consecuencias”.
María Guadalupe frente al Estado
El 14 de octubre de 2015, María Guadalupe Pereda estaba en casa de unos compañeros de la escuela, haciendo un trabajo. Tenía 19 años y estudiaba criminalística. Su pareja, Carlos Alberto Balderas Castañeda, de 38 años, llegó al lugar y empezó a insultarla. Estaba ebrio y drogado. La celaba. Entre gritos se fueron a la casa de ambos. Ella empezó a hacer su maleta, quería dejarlo. Carlos fue a sacar una pistola que guardaba.
Le dijo que la iba a matar. Dejó el arma en una cómoda y empezó a cerrar puertas y ventanas. María Guadalupe aprovechó para tomar la pistola. Él corrió a quitársela, forcejearon, el arma se disparó. Fue Carlos quien salió herido. La joven llamó a emergencias. Cuando la ambulancia llegó, ella quiso ayudar a subirlo al vehículo. Estaba todavía vivo y María Guadalupe le dio un beso entre lágrimas. Carlos murió una hora después.
A María Guadalupe se la llevaron detenida y las autoridades construyeron una hipótesis: ella era violenta y lo había matado con alevosía. “La fiscalía se dedicó a criminalizarla”, afirma Imelda Marrufo, coordinadora general de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, asociación civil que acompañó la defensa de la joven.
La abogada y activista señala que en la etapa de ofrecimiento de pruebas, las autoridades “intentaron probar que hubo dolo en el homicidio, basándose en dichos de testigos que eran amigos de parranda y familiares de él, y que declararon que Carlos (un hombre de 38 años, abogado, de buena posición económica) era quien sufría violencia por parte de María Guadalupe (entonces estudiante de 19 años y de bajos recursos)”.
La fiscalía también pretendió basarse, dice Marrufo, en un peritaje de criminalística deficiente, “en el que la perfilación no se hizo bien: los puntos, las medidas no eran correctas. Pero es que el criminalista ya tenía su planteamiento: que no hubo forcejeo. Según él, Mary lo había matado”. La querían sancionar, incluso con el agravante de traición, para que tuviera un mayor castigo.
Marrufo cree que en este caso y en otros similares, la fiscalía actúa así para no perder. “Si judicializas un caso y la persona está en prisión, y después resulta que es inocente, pues hay un problema para las autoridades, hay una falla del estado; por eso, ya en proceso, las fiscalías generales se empeñan en probar la culpabilidad del detenido”.
Gracias a la defensa que hizo la red de la que Imelda es coordinadora, María Guadalupe no obtuvo una condena alta. Las activistas presentaron un testimonial de contexto de un perito experto en perspectiva de género, quien determinó que ella sí era víctima de violencia y no pretendía matarlo. También presentaron a un experto en feminicidio del Inmujeres y a una experta en perfiles de agresores.
Pese a todo eso, a la joven la sentenciaron a tres años de prisión, por homicidio en riña en carácter de provocado. En los próximos meses, Mary cumplirá su condena. Pero falta ver si sale libre, porque la familia de Carlos y la fiscalía de Chihuahua apelaron la sentencia para fincarle una pena mayor.
El Estado mexicano frente a Cedaw
El pasado viernes 6 de julio, una delegación del gobierno mexicano compareció, en Ginebra, Suiza, ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Cedaw. El grupo debía responder a los cuestionamientos de las expertas, después de presentar un informe, en diciembre de 2016, sobre las acciones de las autoridades para enfrentar la violencia de género y garantizar los derechos de las mujeres.
Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron lo que se conoce como informes sombra, para hacer contrapeso a la versión oficial del gobierno y dejarle claro al Comité lo que consideran graves violaciones a los derechos de las mujeres.
Entre los temas que las OSC presentaron a Cedaw estaba la falta de perspectiva de género y la opacidad en la impartición de justicia. La Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez presentó en su informe sombra el caso de María Guadalupe. Equis Justicia le hizo llegar al Comité documentos sobre la falta de publicación de sentencias por parte de los poderes judiciales de los estados, lo que impide conocer hechos de discriminación. También documentaron la falta de perspectiva de género en la procuración e impartición de justicia.
Isabel Erreguerena, de Equis Justicia, una de las integrantes del grupo de organizaciones de la sociedad civil que también acudieron a Ginebra para reunirse con Cedaw, previo a la comparecencia del gobierno mexicano, cuenta que la experta del Comité Gladys Acosta mostró preocupación sobre el uso de estereotipos de género por parte de funcionarios públicos, y la falta de sanciones para prevenirlos.
“Gladys Acosta incluso le preguntó a la delegación del gobierno mexicano cómo se estaba aplicando el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Les dijo que tenían información de que las capacitaciones para aplicar este protocolo no estaban funcionando porque no estaban siendo bien evaluadas. El gobierno mexicano no respondió nada ante eso”, afirma Erreguerena.
Ahora se espera que al emitir sus recomendaciones finales para este informe y comparecencia de México, Cedaw incluya entre ellas la de crear una unidad de género en todas las fiscalías generales (que son las que atienden los casos de mujeres imputadas por algún delito) y la de implementar capacitaciones con perspectiva de género que tengan estructura, secuencia y sean medibles.
También se espera un pronunciamiento para pedirle al estado mexicano que todas las sentencias emitidas por los poderes judiciales de los estados sean públicas. Y lo que verdaderamente se espera es que el Estado mexicano atienda esas recomendaciones, “no hay sanción por no atenderlas –señala Erreguerena– pero sí ejercen una presión internacional, frente a la que el gobierno suele responder”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDREA VEGA.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2018/07/jueces-ministerios-publicos-criminalizan-a-mujeres-defensa-propia/