El Boeing 787-8 se adquirió en 2012 por 218.7 millones de dólares (187.6 millones de euros), equivalentes a 2 mil 952.4 millones de pesos, con un tipo de cambio de 13.50 pesos por dólar.
El avión tiene nueve años de antigüedad, porque salió de fábrica en 2009 y considerando que una aeronave se deprecia entre 5 por ciento y 8 por ciento cada año, ahora puede tener un valor de 103.1 millones de euros (120.2 millones de dólares), de acuerdo con un vendedor de aviones privados. Pero como se configuró para uso del Gobierno, todo ese equipamiento se va a perder porque no tiene ningún valor para una aerolínea comercial, por lo que se puede vender por 30 por ciento de su precio original.
En 2016, cuando se entregó el avión, el Gobierno mexicano dio a conocer una evaluación de la firma Ascend Flightglobal Consultancy sobre la conveniencia de venderlo. El cálculo fue que venderlo a una aerolínea comercial en enero de 2019, sería por un valor de 70 millones de euros (81.6 millones de dólares), es decir, 37 por ciento de lo que se pagó por él. Y si se le vendiera a un cliente privado, sería por alrededor de 121.8 millones de euros (142 millones de dólares).
Rob Morris, gerente de Consultoría Global de Ascend Flightglobal, comentó que desde que hicieron el análisis en 2015, el mercado de aviones corporativos ha cambiado poco, por lo que sus conclusiones no han variado demasiado. “Estamos enterados que por lo menos dos Boeing 787 usados han salido a la venta, uno de ellos en junio de 2016 y hasta la fecha no se ha vendido. Esto demuestra la falta de demanda y el reto que significa vender un 787 usado. Como valuadores de aeronaves y analistas de mercado seguimos el comportamiento del mercado de las aeronaves corporativas y creemos que sigue siendo un reto poner el mercado un 787 configurado para uso corporativo”, explicó Morris a El Universal, por escrito. Por lo tanto, Ascend Flightglobal considera que el Gobierno mexicano debe conservar la operación de la aeronave durante los 15 años del contrato de arrendamiento con Boeing.
El avión cuenta con un menor número de asientos que el de una aerolínea comercial, 80 contra los 274 del nuevo Boeing 787, cabinas especializadas, oficinas y salas privadas, estancias y dormitorios, pero todo eso no tiene ningún valor para una aerolínea comercial. Y para reconvertir el avión presidencial para transporte regular de pasajeros, se tienen que invertir entre 8 y 12 millones de euros, de acuerdo con Ascend.
Adicionalmente, deben considerarse los costos de transición o comisiones por la venta de esta aeronave, las cuales oscilan entre 0.4 y 1.2 millones de euros. “Este avión específico es de los primeros en la línea de producción (número de línea: LN-6), además de ser una ex aeronave de Boeing para vuelos de prueba. Esto se traduce en que tiene un mercado más limitado, porque muchas aerolíneas con flotillas de Boeing 787 existentes no estarían interesadas en incluir este ejemplar atípico a sus flotillas”, indicó Ascend. “Hay más posibilidades de vender a un operador de una sola aeronave, pero éste sería un mercado extremadamente limitado”.
El análisis de la firma explica que entre más tiempo se tarden en vender el avión, menos dinero recibirán por él, pues se deprecia y si no está en uso y con el mantenimiento adecuado puede perder la certificación de aeronavegabilidad. Boeing no hará comentarios sobre el tema, por el momento.
OPERACIÓN Y SEGURIDAD
Además de la pérdida económica por depreciación del avión, los expertos consideran que se debe hacer un análisis del costo-beneficio de utilizar vuelos comerciales en lugar de tener una flota presidencial.
Pablo Casas Lias, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, dijo que utilizar aviones comerciales para trasladar al Presidente no es logísticamente recomendable e implica riesgos de seguridad. “Entorpecería el tráfico aéreo porque se le da prioridad al Presidente para aterrizar, por seguridad nacional. Tendría que haber una mayor distancia entre las aeronaves comerciales para evitar riesgos desde otro avión y eso entorpecería las operaciones aeroportuarias”, expuso.
Además, al utilizar aviones comerciales se pierde el control de quién le da el mantenimiento al avión presidencial y eso puede representar un riesgo de sabotaje. Y los pilotos del Estado Mayor Presidencial tienen mejores capacidades, entrenamiento y certificaciones que los pilotos de las aerolíneas comerciales. Para los pasajeros también sería incómodo, porque si alguien documenta su maleta y al final no se sube, el avión no despega hasta que se baje esa maleta porque puede ser una amenaza de bomba para el Presidente. “Sí es un tema de Estado, de seguridad nacional que debe ponderarse, influyen todos esos factores”, indicó Casas Lias.
FUENTE: SIN EMBARGO/ECONOMÍAHOY.MX
AUTOR: REDACCIÓN/SARA CANTERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-07-2018/3449671