El homicidio tuvo repercusiones dentro y fuera del país. Una semana después del incidente, el diario francés Le Monde reportó que México aún no podía recuperarse de la conmoción. “El homicidio tuvo un efecto de palo en el hormiguero. Sin duda hay que ver en ello una advertencia inequívoca al mundo de la prensa”.
Tres décadas después, columnistas y usuarios de Twitter insisten en señalar a Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, como autor intelectual del homicidio. Incluso en 2015 un ex agente de la DEA alimentó las sospechas cuando le dijo a la agencia Xinhua que Bartlett fue quien dio la orden de asesinar a Buendía por sus investigaciones sobre el involucramiento de la CIA en el tráfico de drogas en México.Los reclamos contra Bartlett vuelven a cobrar vigencia, pues Andrés Manuel López Obrador lo nombró hace tres semanas como próximo director de la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de su participación en la comisión que dio el triunfo en las elecciones presidenciales a Carlos Salinas en medio de acusaciones de fraude.
Sin embargo, el nombre de Manuel Bartlett no aparece en ninguno de los expedientes de la investigación judicial iniciada por la entonces Dirección Federal de Seguridad. BuzzFeed News México tuvo acceso a estos documentos.
En el primero de los fólders que componen el expediente hay declaraciones de testigos que coinciden en que, cerca de las 18:30 horas de aquel 30 de mayo de 1984, Manuel Buendía salió de su oficina que se encontraba en el sexto piso de un edificio ubicado en Insurgentes sur en compañía de un empleado suyo.Instantes después, al llegar al estacionamiento, el periodista fue asesinado por la espalda. Un pistolero le disparó cuatro balazos a quemarropa.
El asesino huyó por las calles de Nápoles y Londres y el empleado de Buendía intentó perseguirlo sin éxito. Esa tarde, el empleado había iniciado un trabajo escolar en las máquinas de escribir de la oficina de Buendía, pero lo suspendió antes de que el periodista llegara porque no le gustaba que el equipo se utilizara para fines personales.
Los archivos de la investigación judicial revelan que Bartlett no fue considerado como sospechoso de planear la muerte del periodista a las afueras de un estacionamiento de la colonia Juárez aquel 30 de mayo.
Un reporte de la Dirección Federal de Seguridad fechado el 12 de junio de 1984 afirma que Luis Pablo Soto Ortiz, colaborador cercano de Buendía y testigo del crimen, dijo que desde 1977 el periodista tuvo “fricciones y hasta amenazas” a causa de lo que escribía.
Los responsables de esas intimidaciones, según la declaración de Soto Ortiz, eran grupos de ultraderecha de la época como los “Tecos” (radicados en la Universidad Autónoma de Guadalajara), el MURO (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación), el Partido Ernesto Corripio Ahumada y Alfa 66 (una organización anticastrista).
Además de los grupos conservadores, Soto Ortiz dijo a las autoridades que otros de los autores de las amenazas contra Buendía eran el Sindicato de Petroleros de la República Mexicana y Geherard Merthens, un traficante alemán de armas.
Por otra parte, la Dirección Federal de Seguridad hizo un análisis de las columnas “Red privada” y concluyó que el personaje más criticado por Buendía fue Jorge Díaz Serrano, un exdirector de Pemex que un año antes del asesinato del periodista fue desaforado como senador y juzgado por un presunto fraude millonario a la paraestatal.
Además, añade el análisis, las personas y organizaciones que más criticó en sus textos fueron Ronald Reagan, expresidente de EEUU; el Instituto Lingüístico de Verano, una sociedad educativa acusada de estar al servicio de intereses estadounidenses; los “Tecos”, también señalados por colaboradores cercanos de Buendía; la familia del expresidente José López Portillo; el sindicato petrolero; el general Arturo Durazo Moreno, exjefe de la policía del Distrito Federal; la CIA; Héctor Hernández García, exdirigente del sindicato petrolero; Merthens, el traficante alemán de armas; general Ramón Mota Sánchez, quien sucedió a Durazo como jefe de la policía capitalina; Ramón Aguirre Velázquez, exjefe del departamento del Distrito Federal; la empresa McDonald’s; Humberto Romero, vocero de Ramón Aguirre Velázquez; Francisco Labastida Ochoa, entonces subsecretario de Programación y la embotelladora Coca Cola.
La investigación incluso menciona al cantante Juan Gabriel como uno de los personajes que llamó a Buendía para amenazarlo. En su declaración, Juan Manuel Bautista –el empleado que acompañó al periodista hasta el estacionamiento en día del crimen– dijo que “le comentó a Buendía que ya no debía atacar en su columna de ‘Red privada’ a Juan Gabriel, ya que no debería de tomar en cuenta las declaraciones hechas por este cantante porque era inculto e iletrado”.
En las dos cajas que componen el expediente de Buendía en Lecumberri no hay ni una sola referencia a Manuel Bartlett, quien abandonó el PRI para unirse a las filas del Partido del Trabajo y posteriormente de Morena. “No tengo nada que ver con ese crimen y no hay el menor elemento que señale alguna relación conmigo”, aseguró recientemente Bartlett en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
En 1989, José Antonio Zorrilla, director de la Dirección Federal de Seguridad (la dependencia que hizo la investigación asentada en estos expedientes), fue arrestado y acusado de ser el autor intelectual del homicidio Buendía; salió de prisión en 2013. El autor material también fue detenido.
Hoy, con 82 años de edad, Manuel Bartlett se prepara para ser el nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad sin haber enfrentado ninguna sanción por la actuación de José Antonio Zorrilla, a pesar de que al momento del asesinato éste era su subordinado.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN, MAURICIO MONTES DE OCA.
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