La declaración sobre el caso Iguala “es una muestra más de la decisión política del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de invertir todos los recursos disponibles para ocultar los hechos en vez de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias”, indicó AI.
Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reprobó que Peña Nieto aceptara dar entrevistas a los medios de comunicación para defender la versión oficial de la desaparición de los estudiantes, sucedida el 26 de septiembre de 2014.
“No es la reticencia de los padres y las madres a aceptar dicha versión el principal pendiente del caso, sino la ausencia de un esclarecimiento sostenido en pruebas científicas irrebatibles”, sostuvo el Centro Prodh.
Diversas organizaciones internacionales han evidenciado las irregularidades en la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso un tribunal mexicano emitió una sentencia para conformar una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia ante la deficiencia de la labor de la institución. Sin embargo, el gobierno interpuso más de cien recursos legales para que dicha Comisión no fuera creada, lo que fue interpretado como otro intento por ocultar los hechos y el paradero de los jóvenes.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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