Así lo expresa en la “primera parte” de su defensa contra los hechos que le imputa OHL, entregada a representantes de los medios de comunicación, la mañana de este martes 7 de agosto.
En un documento dirigido a Sandra Paola de la Cruz Recio, agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR), Díez Gargari señala:
“Como denunciante de irregularidades debí recibir el reconocimiento, el apoyo y la protección del Estado mexicano, pero éste, por el contrario, inició una auténtica persecución de Estado en mi contra, como represalia por mi actividad como asesor jurídico de mi cliente Tecnología Aplicada Infraiber, S.A. de C.V. y por mi actividad como denunciante de la corrupción público-privada en las carreteras concesionadas a OHL“.
En el documento, Díez Gargari recuerda que la manifestación más visible y vergonzosa de esa persecución fue la “siembra” de un arma de fuego en su automóvil por agentes del propio Estado mexicano y su detención ilegal, el 7 de septiembre de 2015.
Ese episodio fue objeto, en diciembre de 2016, de una opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y de una recomendación, en marzo del año siguiente, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El abogado agrega que la denuncia de OHL, la carpeta de investigación y “la actuación de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en dicha carpeta forman parte de esa persecución de Estado“.
Añade Díez Gargari:
“Esta actuación irregular es violatoria de las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, así como de las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en la Convención Anticorrupción, y es causa (una más) de responsabilidad internacional del Estado mexicano.
“De conformidad con lo establecido en la Convención Anticorrupción, la libertad de buscar recibir, publicar y difundir la información relativa a la corrupción es una de las manifestaciones específicas del derecho a la libertad de opinión y expresión. Y en términos de lo previsto en el artículo 33 de esa Convención, los denunciantes de irregularidades (como yo) deben ser protegidos (no perseguidos) por el Estado”.
Éste es el texto de la “primera parte” de la defensa de Díez Gargari:
20180803173955400 by ArturoIlizaliturriSánchez on Scribd
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://aristeguinoticias.com/0708/mexico/denuncia-paulo-diez-nueva-etapa-de-la-persecucion-de-estado-en-su-contra/