“Es un negocio construido a base y a partir de la corrupción […]. El negocio de estos señores [de OHL] es la corrupción”, comentó el litigante que ha presentado varias denuncias en contra de la constructora.
OHL, según sus estados financieros modificados a raíz de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuenta con una inversión de 22 mil 402 millones de pesos.
Dicha cantidad corresponde a una “falsa inversión” de 3 mil 440 millones de pesos (autorizada por el Gobierno del Estado de México en 2013, a pesar de que las obras en el CEM concluyeron en 2011); los costos financieros de operaciones a crédito por 2 mil 320 mdp (que incluyen indebidamente como capital de riesgo); el derecho de vía por 4 mil mdp (valuado en un principio en 450 mdp para la obtención del título de la obra a nombre del Edomex, que debe ser pagado por OHL y que no cuenta cómo inversión); las inversiones correspondientes al Monumento Bicentenario y maquinaria del Viaducto Bicentenario, que suman 850 mdp; y el dinero para el pago de sobornos en Suiza —registrado como inversión— por más de 30 millones de pesos.
Si a los 11.7 mil mdp le restamos el monto de la deuda pagada, que asciende a 19 mil 200 mdp, la inversión por recuperar de OHL no sólo queda saldada, sino que implica un excedente de 7 mil 408 mdp.
Díez Gargari recordó que hasta 2015 el capital social de OHL no superaba los 6 mil mdp (por lo que su inversión, más allá de los créditos, no pudo ser superior a ese monto).
El problema es que, según el contrato de OHL y el Gobierno del Estado de México, la inversión de la compañía en el CEM implica la recuperación del capital de riesgo con una tasa de retorno del 10 por ciento anual, que habrá de pagarse de manera paulatina por los próximos 30 años.
Pero según la inversión real (o sin maquillaje), OHL habría recuperado la totalidad de su dinero más un 63 por ciento de rendimiento. De esta manera, no hay justificación para que la concesión siga vigente.
Paulo Díez Gargari sostiene que OHL infló sus cifras para, inclusive, beneficiarse en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a partir de manipular la información financiera para maquillar sus utilidades, márgenes de ganancia y el valor de la empresa, con la finalidad de impulsar el valor de sus acciones.
Las irregularidades, inclusive, han salido a relucir con las declaraciones de directivos de la constructora española. En junio de este año, por ejemplo, el consejero delegado de OHL Juan Osuna dijo, durante una asamblea de accionistas, que la caja invertida para todo OHL México fue de 600 millones de euros (15 mil mdp actuales) mientras que el valor de la empresa es de 2 mil 700 mdp. Es decir, la constructora cuadruplicó su fortuna —según el testimonio de Osuna— con sus negocios en México (mientras en España está quebrada).
Para Díez Gargari, esta es una “confesión de delito”, ya que no sólo reconoce una inversión (en todos sus proyectos en México) que es inferior a la reconocida ante la BMV por el proyecto del CEM (de 22.4 mil mdp), sino que además asegura que ya recuperaron más de lo invertido (contrario a lo que reflejan sus estados financieros).
Este tipo de irregularidades están reflejadas, asimismo, en los estados financieros de 2014 y 2015, que varían después de las recomendaciones hechas por la CNBV.
Según OHL, su inversión en concesión neto (o el valor de su activo en concesión) es de 57.2 mil mdp a diciembre de 2015; sus pérdidas acumuladas netas ascienden a 20.8 mil mdp; y su capital contable es de 27.1 mdp. En cambio, con las modificaciones de la CNBV, las cifras, respectivamente, decrecen a 22.4, 3.5 y 2.7 mil millones de pesos.
Con números manipulados, OHL logró vender sus acciones caras y comprarlas baratas, sobre todo a raíz de los escándalos de 2015.
En la opinión de Díez Gargari, no sería descabellado pensar que el escándalo fuera propiciado por la empresa española para manipular el valor de las acciones, recomprarlas baratas y obtener así los títulos suficientes para sacar a OHL del mercado mexicano (lo que no ha logrado) y venderla a la empresa australiana IFM.Con estas operaciones, refirió el abogado, la compañía defraudó a sus inversionistas a cambio de generar beneficios para unos cuantos, por un monto de 6 mil 500 millones de pesos.
MÁS IRREGULARIDADES
En 2015, Banobras emitió una garantía crediticia “inconstitucional” a favor de OHL, sin tener una fuente de pago asegurada. El monto del crédito —en conjunto con las aportaciones del Fenadim— ascendió a 10.6 mil mdp. Entonces, Alfredo del Mazo Maza, actual Gobernador mexiquense, era el director general de Banobras.
A esta irregularidad se suma la supuesta “rentabilidad garantizada” de la inversión millonaria de OHL por parte del Edomex, que permitió a la empresa inflar su valor y sus activos financieros ante la BMV.
Si esta rentabilidad garantizada por parte del Edomex fuera cierta, implicaría un aumento en su deuda pública y quebrar financieramente a la entidad federativa, ya que el estado estaría comprometido a cubrir, en un dado caso, la deuda que OHL asegura tener contratada con el Estado de México (cosa que no es reflejada en los estados financieros del estado, aunque sí está reflejado en los reportes financieros de OHL).
Estos señalamientos de Díez en contra de OHL, además de aquellos respecto de la deuda saldada, la manipulación en la BMV y las inversiones falsas, han hecho que la empresa responda con una demanda en contra del abogado de Infraiber.Como los actos de corrupción apuntan –en parte– al financiamiento ilegal de campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a favor de personalidades políticas como Arturo López Montiel, Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza, Díez Gargari reconoce ser objeto de una persecución de Estado, que surge de “ocurrencias” cobijadas al amparo del artículo 393 de la Ley del Mercado de Valores.
Con este recurso legal, que está diseñado para proteger el principio de revelación de información financiera para evitar información falsa en los mercados (y por tanto perjuicios a los accionistas), OHL busca impugnar las declaraciones de Paulo Díez Gargari, bajo el alegato de ser falsas y tener repercusiones negativas e injustificadas en contra de la empresa y sus accionistas.
“Es una ocurrencia que surge del enojo del Presidente Enrique Peña Nieto” y que va dirigida a proteger los intereses de la empresa en contra de “una supuesta campaña de calumnias que afectó las acciones de OHL”, explicó Díez Gargari, para quien el acto de litigio es “una especie de límite para criminalizar la libertad de expresión”.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EFRÉN FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-08-2018/3463335