En un comunicado, el Centro Prodh apuntó que la resolución es en respuesta a un recurso de la víctima y sobreviviente Clara Gómez González.
Ella estuvo presente el 30 de junio de 2014, en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas murieron; de acuerdo con la Secretaría de la Defensa, las muertes fueron resultado de un enfrentamiento entre un grupo criminal y elementos del Ejército, pertenecientes al 102 Batallón de Infantería.
Sin embargo, “el testimonio de Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes fue resultado de ejecuciones arbitrarias cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables”.
Sobre la sentencia del juez Erik Zabalgiotia Novales, el Centro Prodh refirió que la misma está basada en que “no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas; que algunas de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados; y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal.
Además, las autoridades no han considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh en el primer aniversario de los hechos”.
Lo que se ordena a las autoridades, en la sentencia dictada el 25 de mayo de 2018, de acuerdo con el Centro Prodh, es realizar de manera ininterrumpida y con celeridad “diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando, investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal”.
Debido a la fallida investigación de la PGR, apuntó el Centro, “a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia” por el caso Tlatlaya, “a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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