A partir del 1 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador, su gabinete y los representantes de Morena en las cámaras de diputados y senadores comenzarán el ejercicio de gobernar bajo una enorme expectativa social y, al mismo tiempo, bajo el escrutinio de la opinión pública que, desde ahora, ya pone en duda que pueda cumplir con todas las promesas de la cuarta transformación.
A López Obrador, así como a los integrantes de su gabinete y los legisladores los tendrán bajo la lupa en cada una de sus acciones y en muchas ocasiones se magnificarán sus errores que, seguramente, tendrán. Y sus aciertos no serán reconocidos sino tiene un impacto en la población.
Muchas de las expectativas con las que llega López Obrador a la Presidencia de la República han sido generadas por él mismo en su larga campaña de 18 años de candidato, tales como el combate a la corrupción, el uso transparente de los recursos públicos y el ejercicio honesto del poder público.
También han expresado su enojo ante lo que pareciera ser la pretensión de los organizadores de usar estos foros solo para legitimar la estrategia ya planeada de antemano de pacificación con base en la amnistía.
Pareciera que Alfonso Durazo no ha tomado en cuenta todo el trabajo ya avanzado por los familiares de las víctimas de la violencia, quienes se han convertido en peritos forenses, investigadores, exploradores en el terreno y en abogados en las investigaciones empantanadas en los tribunales.
No había necesidad de realizar más foros para escuchar lo ya dicho hasta el hartazgo: “¡Justicia!”. Lo que se requiere es ponerse de acuerdo con los afectados en los mecanismos expeditos para satisfacer esta demanda que nada tiene que ver con el perdón.
Algunos de los retos para el gobierno entrante se antojan imposibles de resolver en seis años, como es la atención a miles de afectados por el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
Ni con toda la voluntad habida y por haber se puede solucionar este problema de la atención, si al mismo tiempo no se combate a fondo el narcotráfico, un conflicto internacional en el cual están involucrados megapoderes como el sistema financiero y bancario mundial, en los que se lavan miles de millones de dólares y euros generados por la industria criminal.
Es evidente que, en este tema, uno de los más sensibles en la sociedad, López Obrador se juega una buena parte de la credibilidad de su gobierno. Si Alfonso Durazo, el responsable de contestar las demandas de las familias afectadas, no da una respuesta convincente, su carrera como funcionario será muy corta.
Por cierto… En dos de los 22 foros de paz previstos a realizarse, la película se ha repetido: los familiares de las víctimas están inconformes con la forma en que se realizan y acusan que se trata de una farsa. Alfonso Durazo tendrá que hacer algo para que cambie esta percepción antes de que su proyecto fracase, aún antes de que arranque el lopezobradorismo el 1 de septiembre próximo.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: JOSE GIL OLMOS