Tras el reconocimiento de Martha Érika Alonso, esposa de Moreno Valle, como gobernadora electa del estado, Barbosa Huerta expresó que, a pesar de que Puebla parece ser “el único lugar del mundo en donde puede haber asesinatos, espionaje, la utilización de recursos públicos y el control absoluto de los órganos electorales”, Morena va con una “sólida impugnación” que no sólo ha sido respaldada por gente del partido sino por los mismos poblanos.
En entrevista para #AristeguiEnVivo, comentó que prueba de ello es la marcha del pasado domingo que contó con la participación de más de 30 mil personas de todo el estado “en donde el ánimo, el rechazo a un fraude electoral descarado, fue el tema central”.
“Me venía yo a enfrentar a un psicópata político que ha creado del ejercicio del poder una mafia, que ha creado del ejercicio del poder, un poder corrupto, ladrón y que se ha rodeado de personas con este mismo comportamiento: psicópatas políticos”, dijo el ex candidato durante su intervención en la marcha del pasado domingo.
Al respecto, en entrevista este lunes, Miguel Barbosa señaló que el partido ya acreditó “toda la injerencia del gobierno del estado en la elección, toda la operación gubernamental, dinero público, programas sociales, todo lo que desde el poder se puede hacer para presionar autoridades, para presionar segmentos sociales”.
El senador con licencia también detalló que su impugnación se encuentra respaldada por la acreditación de violencia generalizada antes y durante la jornada electoral, la cual cobró incluso la vida de cinco personas.
“Estamos manteniendo una lucha jurídica pero también una lucha política y una lucha social“, dijo el legislador al explicar que previo a la marcha del pasado domingo, ya tenían planeada una para el 9 de julio, la cual no se realizó debido a que “querían infiltrar grupos violentos”.
Barbosa manifestó que a pesar de haber estado 10 puntos arriba de Martha Érika Alonso en las encuestas y haber cerrado la votación con él a la cabeza, se preparó pues sabía que la elección se resolvería en un “gran litigio”, pues la manipulación en los resultado no solo se reflejó en la elección de gobernador sino también alteraron hasta cuatro elecciones de diputados locales y alrededor de 25 municipales.
Sin embargo, la coalición Juntos Haremos Historia tuvo conocimiento del proceso con el que se alteraron las votaciones hasta tres días después del 1 de julio y “todo eso lo probamos en la impugnación”.
Entre las pruebas entregadas, Barbosa resaltó la vinculación del crimen organizado “en zonas perfectamente detectadas, de candidatos que manejaron la elección en favor de Martha Érika Alonso por lo que manipularon la paquetería electoral“.
Uno de los casos más evidentes, dijo, fue el del municipio Venustiano Carranza en la Sierra Norte de Puebla, donde fue asesinado el coordinador de campaña de Morena de la zona.
“Lo que todos sabíamos es que la familia Valencia ha sido gobernante municipal, primero a través de Vicente, después de Jorge y ahora de Rafael Valencia. Ellos acceden al poder público municipal a través del PRI pero cuando llega Rafael es cuando vemos nosotros que empieza su dominio en actividades ilícitas“, detalló Barbosa.
El ex candidato enfatizó que con la llegada de Rafael Valencia no solamente se intensificó “el tema del huachicol sino también el narcotráfico, los asesinatos, el secuestro y muchas otras cosas que la gente de la Sierra Norte de los municipios de Huauchinango hasta Poza Riza han sufrido por muchos años”, todo bajo el solapamiento de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali Fayad, actual gobernador.
“A nuestros candidatos los han tenido bajo asedio y bajo amenaza”, denunció al agregar que “son grupos muy violentos, han cometido un sinnúmero de asesinatos solapados por la autoridad estatal. Esta es la condición que se vive en varias zonas del estado”.
Además, detalló que “parte del financiamiento de la campaña de Tony Gali y de la de Rafael Moreno Valle se dio desde el 2010 y 2016 por grupos huachicoleros“.
Incluso, explicó que entre ellos estaba Othón Muñoz Bravo, “El Cachetes”, quien fue liberado a menos de tres meses de su encarcelamiento, tras pagar una fianza de un millón de pesos, luego de ser señalado como uno de los principales implicados en el robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex). Concluyó que este sujeto formaba parte de un grupo que financiaba a políticos en la entidad.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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