Su pareja y madre de su hijo relató lo sucedió ese día: Sergio Ricardo, de 33 años de edad, se encontraba en Reynosa cuando el “pollero” le solicitó que se trasladara inmediatamente al hotel Malibú, localizado afuera del vecino municipio de Gustavo Díaz Ordaz.
Por la urgencia, Sergio dejó su bebé a una vecina y le avisó a su pareja que esa misma noche lo cruzarían a la “tierra prometida” por un punto de la frontera tamaulipeca.
El costarricense ya había radicado, como indocumentado, en Estados Unidos. Allí conoció a un empresario que le ofreció trabajo en una constructora de Houston, pero se regresó para conocer a su hijo recién nacido.
Sergio recogió su ropa y sus escasas pertenencias para alistarse y cruzar a Houston.
Antes de esta nueva travesía, el migrante ya había sido capturado y devuelto a su natal Costa Rica, así que pagó a supuestos experimentados “polleros” para evitar ser detenido porque ya tenía la advertencia de permanecer preso como castigo por violar la ley migratoria estadunidense.
Sergio Ricardo llegó al hotel, y ahí se reunió con varios migrantes más. Ellos formaban parte del grupo que los “polleros” intentarían cruzar en la frontera con Texas, pero a escasos minutos de salir, recibieron una mala noticia: “Esa noche no se podría porque había mucha vigilancia”.
La razón de la vigilancia fue por una gran movilización de la Marina Armada de México porque horas antes, en la comunidad rural Raúl Muñiz, aledaña a Reynosa, se registró un tiroteo entre supuestos miembros del Cartel de Golfo (CDG) con efectivos de la Policía Federal. Esa noche fueron reportados siete presuntos sicarios muertos.
Sergio Ricardo fue hospedado junto con el resto de los migrantes en el hotel Malibú; la noche siguiente intentarían cruzar la frontera.
Al día siguiente, la mañana del 22 de julio, el ciudadano estadunidense Cenovio Guerra Gutiérrez se despidió de su madre. Tomó su sombrero, una taza de café recién preparado y dejó su domicilio en el ejido Lucio Blanco, localizado a escasos kilómetros del municipio de Gustavo Díaz Ordaz.
Las declaraciones ministeriales sobre la desaparición de Cenovio Guerra precisan que minutos después de salir en su auto, un vecino advirtió a la familia que un helicóptero de la Marina sobrevolaba la zona y ocurría una intensa movilización de vehículos de la Armada.
La advertencia obligó a su hermana a llamarlo a su teléfono móvil para pedirle que mejor se regresara: Ya no obtuvo respuesta y salió a buscarlo.
A escasos kilómetros del Ejido Lucio Blanco fue localizado su auto. Su sombrero estaba en el piso junto con la taza de café.
Cuando su hermana revisaba el vehículo, al lugar arribó una unidad de la Marina del que descendieron varios efectivos. Un oficial comenzó a interrogarla, de acuerdo a su testimonio.
Tras decirle que buscaba a su hermano, un marino le espetó: “¿Por qué estás toda tatuada igual que tu hermano?”. La mujer respondió que los tatuajes nada tenían que ver y les preguntó dónde tenían a su hermano. El efectivo sólo respondió que lo buscara en el cuartel que tiene la Armada en Reynosa.
Ese mismo día, pero a las 14:00 horas, en la ciudad fronteriza de Reynosa, Joel Sebastián Cancino, de 48 años de edad, se preparaba para salir rumbo a Díaz Ordaz para concretar la venta de un auto, narraron sus familiares a Apro.
Joel Sebastián Cancino viajó en el vehículo para cerrar el trato. Dos horas después se comunicó con su familia para avisar que ya tenía los 17 mil pesos del acuerdo y les pidió que fueran a recogerlo. Quedó con su hijo menor y una de sus trabajadoras para verse frente al hotel Malibú; ahí, en el mismo lugar donde los migrantes pasaron la noche.
Antes de que Cancino llegara a su destino, el hotel fue cateado y resguardado por personal de la Armada, al mismo tiempo que un helicóptero sobrevolaba la zona.
En un operativo que duró escasos minutos, los marinos sacaron del hotel a algunos migrantes y al costarricense Sergio Ricardo. Todos fueron obligados a subir a sus unidades oficiales.
A las 17:00 horas, el hijo de Sebastián Cancino buscaba estacionarse frente al hotel Malibú cuando atestiguó que los marinos interrogaban a su padre para luego, con violencia, subirlo a una de sus unidades, donde también eran trasladados Sergio Ricardo y el resto de los migrantes. Esa ocasión fue la última en que Sebastián vio con vida a su padre.
Aparecen seis cuerpos incinerados en un vehículo
La tarde del 22 de julio, en un camino vecinal de Díaz Ordaz: dos supuestos miembros del Cartel del Golfo a bordo de una camioneta eran perseguidos por marinos. En su intento por escapar, los dos hombres abandonaron el auto, pero desde el helicóptero, los efectivos dispararon para obligarlos a regresar a la unidad, según los hechos plasmados en la carpeta de investigación CI-SGJN/SC/NADV/2016-1 que tiene Proceso.
Los hombres estaban afuera de la camioneta cuando llegaron los militares para interrogarlos. Un oficial encapuchado los observó. Acto seguido dijo: “Estos no son”.
Minutos después llegaron, a ese mismo lugar, las unidades militares que transportaban a Sergio Ricardo y cuatro hombres más, a quienes les ordenaron bajar y subir a la camioneta que fue perseguida.
Las seis personas estaban arriba del vehículo, y ahí mismo, los marinos los acribillaron. Los cadáveres cayeron en la caja del vehículo, después fueron rociados con gasolina y fue incendiada.
Los marinos se retiraban del lugar cuando observaron que uno de los cadáveres cayó de la camioneta, pero al mirar que el fuego quemaba su espalda decidieron seguir su camino.
El hombre, uno de los dos supuestos miembros del CDG, pudo sobrevivir gracias a que se quedó quieto a pesar del dolor. Al ver que los marinos se alejaron comenzó a rodar para apagar las llamas en su espalda. El cuerpo de su compañero que estaba enfrente lo protegió de los disparos.
Después de huir del lugar, el sobreviviente contó lo sucedido a algunos habitantes de Díaz Ordaz para luego abandonar Tamaulipas.
En tanto, la versión oficial de las autoridades a la prensa se resumió en que pistoleros abordaron dos vehículos que “repentinamente se incendiaron”, y al “al menos seis hombres murieron incinerados”.
En un escueto comunicado el Grupo de Coordinación Tamaulipas informó sobre otros dos cuerpos incinerados: “(…) a las 09 horas del sábado 23 de julio se reportó que en una bodega abandonada y ubicada en el poblado de Valadeces, perteneciente al municipio de Gustavo Díaz Ordaz, se encontraban los cuerpos calcinados de dos personas a bordo de un tractocamión”.
Los cadáveres que reportó el Grupo de Coordinación en la bodega correspondían al de Joel Sebastián Cancino y de otra persona identificada como Jonathan Camacho Perales.
Durante la movilización militar, los días 21 y 22 de julio, los efectivos de la Marina retuvieron en el municipio de la Frontera Chica Díaz Ordaz y Camargo al menos a 22 personas: la mayoría está en calidad de desaparecida, entre ellos, el ciudadano estadunidense Cenovio Guerra.
La estrategia de “Kiko” Treviño y los falsos marinos
Un año después, como consecuencia de las insistentes denuncias de las familias, la Justicia Militar abrió una carpeta de investigación sobre las personas incineradas y las desaparecidas que tiene el registro CI-SGJN/SC/NADV/2016-1.
En el caso de las víctimas de Nuevo Laredo sí existe la duda de que los marinos sean los responsables de las desapariciones porque desde que Francisco “Kiko” Treviño, sobrino de “Z40”, tomó el control de la plaza, sus sicarios han operado con trajes clonados de la Armada, los cuales se fabrican en una maquila que opera en Monterrey.
Apenas, en abril pasado, las autoridades de Tamaulipas informaron sobre el aseguramiento de 33 chalecos clonados de la Marina, junto con un arsenal, presunta propiedad del Cartel del Noreste.
Además, “Kiko” Treviño mantuvo en su nómina a miembros y exefectivos de la Armada que trabajaron para él desde que le cambió el nombre a “Los Zetas” ahora conocidos como Cartel del Noreste (CDN).
Incluso su jefe de escoltas es identificado como un exmarino, originario de Veracruz, a quien le apodaban “Popeye”.
La estrategia que implementó “Kiko” Treviño para “levantar” a rivales o civiles inocentes consistió en usar unidades y uniformes de la Armada para asaltar sus viviendas o negocios.
De acuerdo a fuentes de inteligencia de la Cuarta Región Militar, la operación se realizaba de la siguiente manera: antes de ir por un rival o secuestrar a una víctima, los pistoleros a bordo de un vehículo accionan sus “cuernos de chivo” con disparos al aire, por una zona alejada por donde atacarían.
Los estruendos de los disparos provocan las alertas oficiales y las redes sociales se desbordan para informar sobre “enfrentamientos” en determinada zona.
Cuando las patrullas de los militares se concentran en esos puntos, los pistoleros disfrazados de marinos llegan y secuestran a sus víctimas en sus propios domicilios.
Familiares reclaman la falta de atención e incluso acoso de autoridades
Tras la serie de desapariciones atribuidas a los marinos en el municipio Díaz Ordaz, decenas de familiares de los “detenidos” se presentaron ante las autoridades ministeriales de Reynosa.
Ahí estaba Dionisia Galaviz Olivares, de 57 años de edad, quien busca a su hijo Emilio Saavedra Galaviz, de 23 años, detenido a las 21:30 horas del 21 de julio del 2016 en el ejido Puertecito, del municipio de Camargo.
Dionisia Galaviz denunció que los militares amenazaron con causar daño a su familia si hacía públicos los hechos. Todavía desconoce el paradero de su hijo.
Ahí también estaba Emily Lizbeth Rentería Lerma, de 17 años de edad, quien también se presentó al Ministerio Público para denunciar la desaparición de su esposo Juan Antonio Díaz Bocanegra, de 23 años.
Otra de las víctimas, Arely Treviño Salazar, de 18 años de edad, esposa de Jonathan Camacho Perales, denunció ante las autoridades que se encontraban en el ejido Lucio Blanco cuando los marinos se llevaron a su pareja a las 2:00 horas, el 21 de julio.
El cadáver de Jonathan Camacho, de 28 años de edad, apareció incinerado junto con Joel Sebastián Cancino en una bodega.
“Las madres y esposas de los detenidos coincidieron en manifestar que si sus familiares cometieron algún delito que se les aplique la ley, pero que no los desaparezcan o los maten en ejecuciones extrajudiciales”, publicó en esos días el diario El Mañana de Reynosa como parte de los reclamos para ventilar las desapariciones.
Tiempo después, la fiscal de la Procuraduría General de la República, Viridiana Guadalupe Pérez Merinos, y el “licenciado” Israel Vázquez se atribuyeron funciones que no le corresponden al emitir oficios al Registro Civil para que, con varias irregularidades, aceptaran las actas de defunción de los desaparecidos Joel Sebastián Cansino y de Sergio Ricardo Jiménez.
Pérez Merino también fue acusada de intimidar a las familias y de presentar a ciudadanos inocentes como supuestos miembros del crimen organizado, delito por la cual ya es investigada por Asuntos Internos de la PGR, está asentado en una carpeta de investigación FED/TAM/REY/0001538/2017.
Las familias también acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su intento de conocer el paradero de los desaparecidos.
Proceso solicitó a la CNDH su información sobre los casos de los desaparecidos en Díaz Ordaz. Ninguna persona contestó la petición, así como tampoco ha respondido a los familiares si existe una resolución sobre sus denuncias.
Este medio de información también solicitó la información oficial a la Secretaría de Marina sobre su investigación, pero el departamento de comunicación tampoco respondió a la petición escrita.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
LINK: https://www.proceso.com.mx/546721/tres-historias-de-desaparecidos-en-tamaulipas-la-semar-involucrada