Su afirmación la soportan en que “no hay un padrón completo y confiable de las familias afectadas, muchas casas siguen destruidas y sus habitantes viven a la intemperie, las escuelas, bibliotecas, mercados y edificios públicos todavía no son funcionales”.
Los legisladores federales Carol Antonio Altamirano, Armando Contreras Castillo, Azael Santiago Chepi, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Irán Santiago Manuel, Alejandro Ponce Cobos, Rosalinda Domínguez Flores, Graciela Zavaleta Sánchez, Beatriz Pérez López, Irineo Molina Espinoza e Irma Juan Carlos, demandaron transparencia y revisión independiente del padrón de damnificados de SEDATU y del gobierno estatal.
Así como la “renuncia y la inhabilitación de todos los servidores públicos federales y estatales que han incumplido con la responsabilidad de atender a la gente afectada”.
Consideraron que el gobierno federal entregó tarjetas como un paliativo, pero pronto aparecieron sesgos partidistas y errores como: tarjetas entregadas a familiares de funcionarios sin que hubieran sido afectados, o la entrega de tarjetas sin fondos o falsificadas.
Mencionaron que “entregar dinero a la gente y alentar la autoconstrucción es un riesgo. Si no hay un estudio geológico que brinde certeza no se puede iniciar la reconstrucción porque construir en un suelo del que se desconocen las características, y sin normas técnicas confiables es poner en peligro la seguridad y la propia vida de la gente.
Adelantaron que “por la indiferencia y la incapacidad de los gobiernos federal y estatal de atender una tragedia”, llevarán el caso a la Tribuna de la Cámara de Diputados y serán prioridad en la discusión del presupuesto 2019.
Entre otras demandas pedirán incorporar al padrón a todas las familias realmente afectadas y entregar los recursos correspondientes, considerando efectos a partir de septiembre de 2018.
Así como la realización de un estudio geológico que determine la viabilidad de la reconstrucción y que genere recomendaciones de seguridad estructural, así como la revisión de las normas estatales de seguridad estructural de Oaxaca.
Y es que, dijeron: “es inaceptable que la normatividad sea dispersa y que no haya un mínimo de seguridad para rehabilitar lo dañado y para las nuevas construcciones”.
Además, exigieron información y en su caso ampliación de los recursos federales destinados al Fideicomiso de Reconstrucción establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.
Mencionaron que ese fondo debe mejorar sus reglas de operación para otorgar subsidios y apoyos directos la población afectada y no sólo considerar mecanismos de “alivio financiero” a los gobiernos estatales.
También, pidieron “dar prioridad a la rehabilitación de las viviendas, o en su caso a su demolición y reconstrucción. Rechazamos que un solo peso de la reconstrucción se use para fines distintos a los vinculados directamente a la atención social”.
Finalmente, demandaron la “condonación inmediata y eliminación del pago de contraparte estatal para que Oaxaca acceda al FONDEN. Es inaceptable que existan recursos sin ejercer cuando la sociedad exige atención”, reprocharon.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: https://www.proceso.com.mx/550026/ante-incapacidad-gubernamental-morena-promete-a-damnificados-de-oaxaca-darles-prioridad