En esta crisis de derechos humanos, donde las instituciones no garantizan la seguridad de las personas, el Estado mexicano es responsable en acción y omisión. La actual guerra múltiple, sistémica y generalizada, constituye una de las etapas más obscuras de la historia de nuestro país.
En un periodo de 12 años las desapariciones de personas se han disparado siendo 24,943 personas en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y actualmente suman ya más de 37 mil personas desaparecidas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Estos hechos están reconocidos por el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad. México es una herida abierta de Tlatelolco a Ayotzinapa, referentes de las graves violaciones a derechos humanos cotidianas en un país con imagen democrática. La amplia movilización de las familias, colectivos, redes, ha develado las atrocidades cometidas con la complicidad y permisividad de los gobiernos en distintos niveles y con la participación directa del Ejército como poder intocable.
En este contexto, como parte de la guerra contrainsurgente del Estado mexicano en contra del movimiento zapatista, la desaparición forzada se mantiene en la impunidad. En Chiapas, no existe la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente y el derecho a la verdad no está garantizado.
En la zona norte de Chiapas, entre los años de 1995 a 1999, el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia es responsable al menos de de 37 desapariciones forzadas; y el 13 de noviembre de 2006 durante la Masacre de Viejo Velasco ejecutada por agentes policiacos y personas civiles, en presencia de Ministerios Públicos, fueron desaparecidos Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López. A la fecha las familias persisten en la exigencia de encontrarles.
Seguimos insistiendo en la búsqueda de la joven Minerva Guadalupe Pérez Torres, desaparecida forzadamente el 20 de junio de 1996 , en el poblado Miguel Alemán; y desde el 4 de diciembre de 2011, de Alonso López Luna, originario de Banavil Tenejapa, Chiapas.
Ante esta situación, son lamentables las recientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México, quien anunció la permanencia del Ejército mexicano en las calles, lo que significa apostarle a la continuidad de una política de guerra implementada desde Felipe Calderón Hinojosa.
Reconocemos la lucha de los familiares de víctimas de desaparición forzada, ellas y ellos son quienes han buscado hasta hoy a sus desaparecidos, desaparecidas. Ellas y ellos también han sido víctimas de amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas, ellas y ellos han logrado una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, un Protocolo de Actuación, Fiscalías, han arrinconado al gobierno mexicano y evidenciado la indolencia que ha caracterizado a los funcionarios.
Los familiares con dignidad persisten en la lucha por la Justicia, la Verdad y el no Olvido. Hoy se manifiestan en la mayoría de los estados de la República mexicana para alzar la voz potente por la Verdad y la Justicia. Abrazamos, entre otras, a las madres de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (Fundec-Fundem) acompañados por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. También saludamos el reciente nacimiento del “Colectivo de Familiares de Desaparecidos” en Oaxaca. Con las familias que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas caminaremos en la exigencia de presentación con vida.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS/FRAYBA.
LINK: https://desinformemonos.org/chiapas-mexico-la-desaparicion-forzada-se-mantiene-la-impunidad/