Para el presidente de la CEAV y para algunos veteranos del movimiento de 1968, la búsqueda de la verdad y la justicia no comienza con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sino que se debe empezar desde el siglo pasado, incluyendo a las víctimas de Tlatelolco y de la “guerra sucia”, cuyas familias aún esperan la reparación del daño. Para David Roura, quien participó en el movimiento juvenil de hace medio siglo, el gobierno de López Obrador “va a tener que afrontar” la herencia de décadas de impunidad.
En entrevistas por separado, Rochín y los exdirigentes estudiantiles Félix Hernández Gamundi y David Roura expresaron algunas de sus expectativas de cara al próximo gobierno, en el contexto de los 50 años de la matanza del 2 de octubre.
“Si se quiere iniciar en México un proceso real y profundo de pacificación, se deben en primer lugar reconocer las violaciones graves a los derechos humanos en el pasado, empezando por el 68, siguiendo con la guerra sucia y luego una serie de hechos y acontecimientos que han cimbrado a nuestro país desde entonces, porque para lograr la pacificación necesitamos primero verdad y justicia”, sentencia Rochín.
Entrevistado el jueves 27, tres días después de que presentó públicamente la “resolución de medidas de satisfacción colectiva” a favor de las víctimas de 1968, Rochín sostiene que “si no hay ese reconocimiento, desde el Estado mexicano, de estas violaciones, nos estamos tapando los ojos y no estamos caminando hacia el futuro”.
La resolución de la CEAV se contextualiza en los actos conmemorativos de la matanza, como la inscripción en letras doradas de la leyenda “Al Movimiento Estudiantil de 1968”, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, y lo propio en el Senado.
El resolutivo, primero en su tipo que emite la CEAV, hace un largo recuento histórico para justificar la erogación de 6 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para cofinanciar un proyecto impulsado por el Centro Cultural Tlatelolco (CCUT) de la UNAM, Colección M68 Ciudadanías en Movimiento e Intervención Tlatelolco 68-18.
La primera iniciativa consiste en una recopilación de documentos digitalizados sobre los movimientos sociales, presupuestada en su totalidad en 37 millones de pesos –a la que el organismo destinó 3 millones– y la segunda, una intervención artística de Yael Bartana, en el patio del CCUT, con un costo de 3 millones de pesos, monto cubierto en su totalidad por la CEAV.
De acuerdo con el documento, disponible en la página de internet de la CEAV, el proyecto se le presentó a Rochín en febrero, en marzo formalizó el cofinanciamiento y el 25 de mayo se emitió la resolución con el objetivo de “abonar al derecho a la verdad, pero también contribuir a que los procesos de justicia continúen, sentando las bases para generar la participación de las víctimas”.
“No estamos diciendo nada novedoso simplemente como un órgano del Estado mexicano, estamos reconociendo hechos conocidos por toda la sociedad que incluso se encuentran en los libros de texto”, advierte Rochín tras señalar que la CEAV tiene un registro de entre 70 a 80 víctimas del movimiento estudiantil, que sumadas a las 450 de la “guerra sucia”, y las indirectas, alcanzan unas mil de ese periodo.
Si bien en el texto del documento no hay referencia a reuniones o consultas con víctimas, Rochín asegura que fue producto de “conversaciones muy intensas”, con grupos que pedían “una disculpa pública del más alto nivel” de los tres poderes de la Unión, o que se incluya el nombre de los agraviados de 1968 en el memorial que tiene la CEAV a un costado del Campo Marte.
El comisionado presidente, quien dice que desde que llegó a la CEAV, en 2014 –primero como parte de un órgano colegiado–, buscó que se reconocieran los abusos cometidos contra el movimiento estudiantil, agrega que cuando era candidato para presidir el organismo en 2017, tras la reforma a la Ley General de Víctimas, se comprometió ante el Senado a atender a las de 1968 y a las de la “guerra sucia”.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: GLORIA LETICIA DIAZ