Pese a esta evaluación, que nos ubica como altamente vulnerables ante los desastres ocasionados por fenómenos naturales, y a que hace 1 año sufrimos dos letales sismos –que cobraron la vida de 471 personas y nos mostraron cruelmente esta fragilidad–, el país permanece en pañales en materia de prevención y atención de desastres.
Muestra de ello es que la capacidad de albergar a damnificados es terriblemente insignificante: sólo cubre al 1.7 por ciento de la población mexicana, estimada en más de 132 millones de personas.
El Sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto revela que, en todo el país, existen apenas “12 mil 916 instalaciones para resguardo de 2 millones 383 mil 121 damnificados”.
La incapacidad en este aspecto es evidente si tomamos en cuanta que el propio gobierno federal calculó en más de 12 millones de personas las damnificadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Éstas se ubicaron en unos 400 municipios de las entidades afectadas (Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Morelos, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Estado de México).
El censo de los poco más de 12 mil albergues se obtuvo, indica el Informe de Peña, con información de las 32 entidades federativas, a partir de la cual “se conformó el Catálogo nacional de refugios temporales, los cuales están georreferenciados para una localización precisa”.
En caso de ocurrir un gran desastre o emergencia, el albergue disponible para apenas 2.3 millones de personas sería, otra vez, insuficiente como lo fue en septiembre del año pasado. Tan sólo en la Ciudad de México habitan poco más de 8 millones 851 mil personas y no se entiende por qué, después de los sismos de 2017, este tema no se ha atendido.
Gastos excesivos
Lamentablemente, las fallas estructurales en la prevención y atención de desastres y emergencias no se reducen a la incapacidad para albergar a los damnificados. También alcanzan el mal manejo de los recursos públicos, sea por corrupción, fraude o negligencia.
El mismo Informe de Peña da cuenta de que, ante el desastre de septiembre de 2017 no faltaron recursos, sino que su ejecución ha sido fallida. Para continuar con las obras de reconstrucción en la atención de desastres naturales y otros, refiere, los recursos autorizados con cargo al Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ascendieron a 14 mil 320.1 millones de pesos, entre enero y junio de 2018.
Reconstrucción que, sin embargo, no se ve: las comunidades y pueblos destruidos por los sismos del año pasado permanecen en ruinas, a pesar de esos gastos.
Según el Sexto informe, de esa bolsa multimillonaria se destinaron 10 mil 364.8 millones para la reconstrucción de la infraestructura pública, que representa el 72.4 por ciento del total de los recursos autorizados; 2 mil 900.9 millones, a la adquisición de suministros de auxilio en situaciones de emergencia y desastre por fenómenos naturales; y 1 mil 54.4 millones, a la renovación del seguro catastrófico Fonden.
En el caso específico de la atención a las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, refiere que se emitieron 11 declaratorias de desastre, autorizando más de 38 mil millones de pesos, de los cuales 29 mil 694.7 millones correspondieron a la aportación federal a través del Fonden, y 8.4 mil millones a la aportación de las entidades federativas.
El propio informe admite subejercicios, pues detalla que, “a junio de 2018, la ejecución de recursos del Fonden presentó un avance físico del 46.9 por ciento y financiero del 45 por ciento”.
La deuda
El gran desastre causado por esos terremotos no sólo reveló la desorganización del gobierno y la negligencia –por no decir la corrupción– en la aplicación de los recursos públicos, sino también los negocios paralelos en el contexto de la reconstrucción.
Al respecto, uno de los temas que se han pasado por alto es el de los seguros, se consumieron ya 1 mil 54.4 millones de pesos del Fonden.
Según el Sexto informe, el primer sismo –del 7 de septiembre– activó el bono catastrófico contratado en agosto del año pasado, “lo cual generó un pago por 150 millones de dólares, que representó el ciento por ciento de la cobertura contratada a través de este instrumento para el riesgo de sismo. Los recursos de este bono fueron transferidos al Fonden en noviembre de 2017”.
Refiere que, en coordinación con los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú) y el Banco Mundial, el 7 de febrero de 2018 se colocó un nuevo bono catastrófico conjunto para el riesgo de sismo con vigencia de 2 años.
Éste consta de “dos series de cobertura complementarias para incrementar la suma asegurada de 150 millones a 260 millones de dólares, cobertura de las zonas sísmicas más relevantes del país con diferentes parámetros de activación y estructuración conjunta con los países de la Alianza del Pacífico para reducir costos de colocación”.
Agrega que esa colocación se suma a la cobertura vigente del bono emitido en 2017 para ciclones tropicales de las costas del Pacífico y Atlántico. En total, indica, se cuenta con una suma asegurada conjunta de 470 millones de dólares.
Otro tema ligado a los seguros es el que tiene que ver con el Fonden. Según el Informe, “derivado de los sismos que afectaron a la población e infraestructura durante septiembre de 2017, se detonó el proceso de reclamación y ajuste de pérdidas del seguro catastrófico del Foden, renovado en julio de 2017. La magnitud de los daños en la infraestructura a cargo del Fondo generó indemnizaciones por 2 mil 777.1 millones de pesos a mayo de 2018, derivadas de este seguro. El proceso de ajuste continúa y se estima obtener una mayor recuperación durante el segundo semestre de 2018”.
Así, el manejo de los multimillonarios recursos que, lamentable, los damnificados jamás vieron llegar. La falta de infraestructura en el tema de albergues es un reflejo más de la pésima administración del dinero. Pero, en peñalandia, México está mejor.
FUENTE: CONTRALINEA
AUTOR: NANCY FLORES