La relatora especial determinó que la ausencia de una ley nacional sobre consulta no exime al Estado mexicano de implementar procesos de consulta conforme a las declaraciones y tratados internacionales.
De acuerdo con el informe, existen múltiples denuncias de uso desmedido de la fuerza, abusos cometidos durante operaciones militares y desplazamiento forzado contra comunidades indígenas.
En el caso de las mujeres indígenas, el acceso a la justicia es particularmente grave, consideró Tauli-Corpuz, dado el alto número de feminicidios y el nivel de impunidad existente. A este escenario se suman otras problemáticas como la violencia obstétrica y la violencia sexual cometida por militares.
Por otro lado destacó que los gobiernos autónomos y juntas de buen gobierno en Chiapas han ayudado a la realización del derecho a la salud y a la educación, y que las policías comunitarias indígenas en Guerrero y Michoacán han contribuido a la administración de justicia, en donde las autoridades son ineficientes.
Entre las recomendaciones realizadas por la relatora figuran la sustitución de políticas asistencialistas por un enfoque de derechos humanos; la reforma integral del régimen jurídico agrario; el desmantelamiento, desarme y sanción penal de grupos paramilitares; el procesamiento ante el fuero civil de militares que violen los derechos de los pueblos indígenas y la adopción de medidas para que el sistema penal de justicia no criminalice a los pueblos indígenas y a quienes los defienden.
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, acompañó la presentación del informe y destacó que en el contexto de transición política actual se deben resaltar los efectos negativos de una economía basada en mega proyectos de extracción y explotación de recursos.
Durante la presentación del informe, Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consideró que dadas las condiciones de pobreza “la brecha entre ser indígena y no serlo es enorme”.
FUENTE: CONTRALINEA
AUTOR: ALBA OLEA