Con el compromiso de invertir 8 mil 600 millones de dólares en la región, los gobiernos de Estados Unidos y México definieron una estrategia para lograr la prosperidad y seguridad en Centroamérica.
Al concluir la segunda Conferencia para la Seguridad y Prosperidad de Centroamérica, en la capital de Estados Unidos, las dos naciones norteamericanas reiteraron su apoyo inalterable para mejorar el futuro de El Salvador, Guatemala y Honduras, basado en cuatro pilares esenciales:
El gobierno de Donald Trump, que prometió 2 mil 600 millones de dólares para la región centroamericana en un plazo de dos años, es el más interesado en la mejora económica de esas tres naciones para reducir el éxodo de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos sin documentos.
Definida por el vicepresidente estadunidense Mike Pence como punto inalterable para la prosperidad y seguridad en Centroamérica, en la conferencia celebrada en Washington los cinco países se comprometieron a abordar temas sobre la problemática de la inseguridad, la gobernabilidad y los impulsores económicos de la migración indocumentada, además del tráfico ilícito de estupefacientes y la ampliación de oportunidades para la inversión extranjera.
“La filosofía de esta conferencia para la seguridad y el ordenamiento de los flujos migratorios sólo puede ocurrir en un contexto en el que se atienda también la vertiente del desarrollo social y el desarrollo económico”, declaró Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de México, durante su participación en la conclusión del evento realizado durante dos días.
Por su parte, los representantes de las tres naciones centroamericanas expusieron su determinación de hacer lo que sea prudente y necesario para avanzar en el desarrollo social y económico, pero admitieron que la realidad es precaria ante la falta de oportunidades para adolescentes y familias enteras, lo que genera el flujo migratorio hacia el norte.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se quejó de las estrategias migratorias del gobierno de Trump, que no toman en cuenta un carácter humano, ni las economías en crisis de los países expulsores, como en el caso de su país.
Los gobiernos de Estados Unidos y México, que fungieron como patrocinadores, aceptaron que el clima de inseguridad en Centroamérica alienta la migración irregular, porque en especial los jóvenes y las familias se encuentran sin alternativa, por lo que buscan prosperidad en otro lado, lejos del suelo donde nacieron.
Por ello, Hernández se dirigió al gobierno de Trump al insistir en una reforma migratoria integral, sin criminalizar a los inmigrantes, tomando en cuenta que la crisis de inseguridad de su país, así como de El Salvador y Guatemala, está ligada a su vez al problema del incontenible consumo de drogas entre los estadunidenses.
La violencia que expulsa a los centroamericanos de sus países en busca de alternativas en Estados Unidos y México está estrictamente ligada al crimen organizado y al tráfico de estupefacientes ilegales, cuya demanda no merma entre la población estadunidense.
En ese sentido, el canciller mexicano subrayó: “Quiero hacer un llamado a este equipo de trabajo de estos cinco países que estamos aquí reunidos (para) que hagamos un especial énfasis en acciones que deriven en el efectivo desmantelamiento de los grupos criminales que se dedican a la trata de personas y al tráfico ilegal de migrantes”.
Y las naciones centroamericanas destacaron que la criminalización de los migrantes que escapan de la violencia y la falta de oportunidades económicas no debe ser la solución a la problemática, y tampoco la separación de los menores de edad de sus padres y familiares, como lo ha hecho el gobierno estadunidense.
Como parte de la representación del gobierno de Trump, a la sesión asistieron Mike Pompeo y Kirsjten Nielsen, secretarios de Estado y de Seguridad Interior, respectivamente, mientras que del lado mexicano acudió Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, así como un pequeño equipo que representó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
De igual manera, asistieron el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz, además de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: JESUS ESQUIVEL