Durante el 2016, el Órgano Administrativo Desconcentrado (de) Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Comisión Nacional de Seguridad y la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) de la SAGARPA pagaron contratos con sobrecostos millonarios a la empresa Desarrollos Jurídicos Integrados (DJI), SA de CV, que a su vez subcontrató a otras empresas entre éstas dos vinculadas al esquema de la estafa maestra.
DJI contrató a empresas que no fueron localizadas en los domicilios fiscales, o que evadieron el pago de impuestos, de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación (ASF).