El balance del sexenio de Enrique Peña Nieto ya era negativo en octubre pasado cuando la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpu, presentó un informe en el que señalaba que en México las consultas sobre megaproyectos han incumplido los estándares internacionales de derechos humanos a los el país se ha comprometido: que sean previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe.
Poco menos de dos meses después, la administración de EPN cierra con un ejercicio exprés y varias demandas contra los funcionarios encargados de realizarlas.