“El Presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió en diciembre de 2018, heredó una catástrofe de derechos humanos originada en la violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público”, dijo la organización en su Informe Mundial 2019 sobre el estado de los Derechos Humanos en 90 países, México entre ellos.El informe, que se presentó ayer en Berlín , Alemania, revisa 11 aspectos de México: Sistema de justicia penal; abusos militares e impunidad; tortura; desapariciones forzadas; ejecuciones extrajudiciales; ataques contra periodistas; derechos de mujeres y niñas; migrantes y solicitantes de asilo; orientación sexual e identidad de género; derechos de discapacidad y actores clave.
La organización señaló que el Sistema de Justicia Penal de México no garantiza la justicia a las víctimas de delitos y violaciones de Derechos Humanos.
Y alertó que “corrupción […], falta de capacitación, complicidad de agentes del ministerio público y defensores de oficio con delincuentes” son las razones principales de que no haya en justicia en México.
México aprobó en 2013 una Ley General de Víctimas, y en 2017 también hizo reformas para reducir aspectos burocráticos y con ello mejorar el acceso a la justicia, sin embargo, “las víctimas señalan que las demoras burocráticas siguen obstaculizando su acceso”, dijo la organización.
Sobre los abusos cometidos por militares, la organización destacó que la utilización de las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad ha provocado que desde 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México recibiera más de 4 mil 600 denuncias por supuestos abusos cometidos por militares.
Además, el organismo destaca que a pesar de las reformas hechas al Código Penal en 2014, “los esfuerzos para que se haga justicia ante estas violaciones siguen siendo infructuosos”.
Sobre la Tortura, el organismo indicó que es delito habitual en México. “Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a más de 64 mil personas que, en 2016, estaban encarceladas en 338 cárceles de todo el país, el 64 por ciento de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestada”, señaló.
Sobre las desapariciones forzadas, HRW precisó que han sido un fenómeno extendido en México “a manos de las fuerzas de seguridad mexicanas”.
Cifras proporcionadas en octubre de 2018 por la Secretaría de Gobernación, indican que en nuestro país hay al menos 37 mil 400 personas de las que no se conoce su paradero. Además se destaca que el “Ministerio Público y policías no toman medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas”.
En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, se señaló que en México se siguen produciendo de forma alarmante, y no hay datos confiables sobre su número, además de que “la gran mayoría de los homicidios nunca son juzgados”.
La violencia contra periodistas también se incluyó en el informe HRW. En este caso el organismo apunta que en México “un estudio de 2017 realizado por investigadores de la Universidad de Miami y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México mostró que casi el 70 por ciento de los periodistas manifestaron haber recurrido a la autocensura por temor a su seguridad”.
Además, según datos oficiales, en México fueron asesinados 110 periodistas y 25 desaparecieron, de enero de 2000 a agosto del 2018.
Los Derechos de mujeres y niñas también se encuentran vulnerados en México, pues el Estado no protege adecuadamente a las víctimas de violencia doméstica y sexual. Además, entre 2007 y 2016, de acuerdo con cifras del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), México condenó a 98 mujeres por realizarse un aborto.
Los Derechos Humanos de los migrantes también están vulnerados en México, HRW recoge en su informe datos de la CNDH sobre abusos y violaciones de al menos tres mil personas.
En el caso de la orientación sexual e identidad de género, el organismo destaca que aunque hay 12 entidades donde el matrimonio del mismo sexo es legal, en el resto de los estados de la República las personas del mismo sexo deben solicitar amparos para contraer matrimonio.
Sobre los Derechos de las personas con discapacidades, HRW indica que a pesar de los avances, México todavía tiene atrasos “en materia de acceso a la justicia, situación legal y derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación”.
El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, aseguró en una entrevista a Efe que decir que el autoritarismo cotiza “al alza” no es contar toda la historia y que en el subcontinente se han registraron “importantes buenas noticias” el año pasado, como la condena al “desastre” de Venezuela, abanderada por el Grupo de Lima.
Roth espera que Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente mexicano, mantenga su promesa de retirar al ejército de la lucha contra el narcotráfico, una participación que ha sido “un desastre” y de terminar la guerra contra las drogas, ya que lo contrario sería “decepcionante”.
Nicaragua, señala Roth, “sigue los pasos de Venezuela”. HRW está preocupada por la “enorme concentración de poder” del presidente Daniel Ortega, que ha desmantelado los controles recíprocos entre instituciones y permitido que el gobierno cometa “escandalosos abusos contra críticos y opositores con completa impunidad”.
El informe alerta asimismo de que la “grave obstrucción” del Gobierno guatemalteco en la lucha por los derechos humanos, pues está poniendo en “peligro” los esfuerzos para perseguir la corrupción y el abuso, en referencia a su oposición a que la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) continúe sus trabajos.
Sobre Honduras, HRW subraya la represión violenta de las protestas, la “corrupción y los abusos” dentro de las fuerzas de seguridad y los ataques a periodistas, activistas por el medioambiente, gais, lesbianas, bisexuales y transgénero: “La impunidad por los crímenes y los abusos de los derechos humanos son la norma”.
En El Salvador, documenta el informe, las bandas “asesinan, hacen desaparecer, violan o expulsan” a funcionarios, periodistas e incluso a las fuerzas de seguridad, incapaces de proteger a la población civil. La ONG señala asimismo las condenas por homicidio a las “niñas y mujeres” que presuntamente han abortado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://www.sinembargo.mx/17-01-2019/3523687