Ayer, Animal Político publicó que tres funcionarios de Pemex que firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país, por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares como parte de La Estafa Maestra, ocupan cargos directivos de Petróleos Mexicanos en la actual administración.
Se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien fue nombrado director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.
“Si estuvieran involucrados en actos de corrupción o están denunciados por delitos no pueden trabajar en este gobierno”, dijo al ser cuestionado sobre estos funcionarios.
“Si los contrataron hicieron mal, en el caso de que estén involucrados en el delito de la llamada Estafa Maestra”.
El tabasqueño indicó que debe haber una investigación abierta en la Fiscalía sobre los involucrados en los desvíos de recursos. “Hay que pedirle información al fiscal y si no se está haciendo nada, seguirlo denunciado”.
Dijo que pediría al titular de Pemex, Octavio Romero, que le informe quiénes son esos funcionarios. “Yo mañana mismo le informo a toda la gente sobre este asunto. Pero sí les adelanto, si están involucrados en actos de corrupción no tienen trabajo en el gobierno”.
Funcionarios de Pemex involucrados
Miguel Ángel Lozada Aguilar se integró a la nueva estructura de Petróleos Mexicanos, para encargarse de la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos en México y en el extranjero. Este es el puesto más alto que ha obtenido desde que comenzó a trabajar en Pemex en 2002 como ingeniero técnico especialista B, de acuerdo con su historial en Declaranet.
Sin embargo, en 2014 como administrador del Activo de Producción Cantarell, adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de Pemex-PEP, firmó un convenio por más de 82 millones de pesos que acabaron, prácticamente en su totalidad, en siete empresas fraudulentas.
Se trata del convenio 422082806, del que Animal Político tiene copia, a partir del cual Pemex-PEP le entregó 82 millones 863 mil pesos a la Universidad Popular de la Chontalpa, para que ésta le diera servicios de asistencia técnica en materia de perforación y producción de pozos petrolíferos.
El segundo funcionario involucrado en el esquema de desvío de recursos es Héctor Salvador Salgado Castro, quien es subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex Exploración y Producción, es decir, su puesto depende de Lozada Aguilar, y está encargado del manejo y comercialización de hidrocarburos, según se informa en el directorio del Consejo de Administración de Pemex.
Él era gerente de proyecto de Desarrollo Aytsil-Tekel, en la subdirección de Desarrollo de Campos de Pemex-PEP, cuando firmó el convenio 428813823 por 90 millones 213 mil pesos que, a través del Instituto Superior de Comalcalco, desaparecieron en la empresa Integrated Reservoird Management de México SA de CV; una compañía que no hizo los servicios, que fue desmantelada poco tiempo después de recibir el dinero público, y que tenía entre sus socios accionistas a prestanombres que vivían en zonas pobres de Villahermosa, Tabasco.
El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco violó la ley de adquisiciones para entregarle 83 millones 898 mil pesos a Integrated Reservoird Management de México SA de CV, y además se quedó con una ‘comisión’ de 6 millones 315 mil pesos solo por hacer de intermediaria en la subcontratación.
El tercer funcionario es Luis Galván Arcos, que según el directorio del Consejo de Administración de Pemex es gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística, dependiente de la Dirección Corporativa de Finanzas, a cargo de Alberto Velázquez García.
Cuando era gerente de Suministros y Servicios Administrativos de Regiones Marinas en Pemex-PEP, firmó cuatro convenios, todos en poder de este medio, por hasta 176 millones de pesos que, a través de la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche (Unacar), la Universidad de la Chontalpa, y el Instituto Tecnológico de Comalcalco, acabaron en las cuentas de nueve empresas fantasma o irregulares, que tampoco cumplieron con los servicios.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/01/funcionarios-estafa-maestra-no-deben-trabajar-gobierno-amlo/