Sin noticias al paso de los días, habitantes de la comunidad –ubicada a pie de la autopista Irapuato-Querétaro– bloquearon la vialidad en dos ocasiones para exigir la localización de las víctimas, que un principio se creyó habían sido detenidas por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
A casi dos años y medio de su desaparición, nadie sabe dónde están Saúl Arce Ramírez, Israel Ramírez Alberto, Juan Paulino Miranda Romero, Oscar García, Mario Ramírez Salazar, Víctor Manuel Gallardo Ramírez y Julio César García, aunque en diversas ocasiones la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha presumido que tiene pistas sobre su paradero.
Según la PGJ, una línea de investigación sobre el caso apunta al robo de combustible, que se acentuó en 2016.
Un par de semanas después del secuestro, entre el 5 y 6 de septiembre, tres hombres –dos de ellos padre e hijo– fueron sacados de su domicilio, en una comunidad de San Felipe, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGJ, para interrogarlos sobre la desaparición de las siete personas.
Posteriormente, los tres hombres denunciaron ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (PDHG) que los agentes de la AIC los torturaron con golpes, descargas eléctricas en los genitales, chorros de agua en la cara y agujas bajo las uñas. También los amenazaron con violar a sus esposas e hijas, y abusaron sexualmente de ellos con un objeto, hasta obligarlos a firmar hojas en blanco.
En la recomendación del expediente 236/16-A, del que Apro tiene copia, se muestra el horror de lo vivido:
“…Pude observar que varias de las personas armadas que arribaron al lugar traían playeras de manga corta con botón y gorras que decían AIC, dichas playeras eran de color gris y algunos traían pantalón café, con bolsas a los lados, de los que le llaman táctico; además había otros que traían uniforme color azul con chaleco antibalas y el chaleco decía AIC, estos traían la cara tapada… después de que me subieron a la camioneta a la cabina trasera, y yo iba en medio y dos personas a mis lados, me llevaron hacia un lugar que no conozco, sólo recuerdo que estuvimos avanzando aproximadamente unos 50 minutos, de estos un tramo sentí que circulábamos sobre pavimento a velocidad considerable, por lo que intuyo que agarramos un tramo de carretera y luego un tramo de terracería, y me bajaron en un paraje que desconozco dónde sea, sólo recuerdo que había un río, y ahí me bajaron y me quitaron la playera de la cabeza, y me percaté que eran 4 personas que estaban armadas, eran dos de uniforme azul con el chaleco que traía el logo de AIC y los otros dos andaban de civiles y me empezaron a preguntar que donde estaban los 7 desaparecidos, pero yo no sabía de qué me hablaban y eso los molestó y me empezaron a golpear, esto entre insultos, pero yo les decía que me dejaran por favor, ya que yo no sabía nada, sin embargo insistían y cada que les decía que no sabía nada, me golpeaban, también me preguntaban por personas que no conozco, como (…) y de la misma forma al responderle que no los conocía me golpeaban, después de esto me mojaron el pants que traía puesto, en mi zona genital, y me pusieron un aparato cuadrado el cual como que comprimían o apretaban y soltaba descargas, lo colocaron en mi zona genital y entre tres me detuvieron para que no me moviera, mientras el cuarto me aplicaba descargas eléctricas con el aparato que referí en mi zona genital, y me volvían a preguntar sobre los desaparecidos y por las personas que mencioné, sin embargo, pues no sé nada de esas personas y les contestaba eso, hasta que uno de ellos dijo: pásale el retráctil, y lo que hicieron fue bajarme el pants que llevaba, y me colocaron acostado boca abajo y me introdujeron algo por el ano, que me dolió y que se sentía duro como un fierro, yo les decía que me dejaran ya que no sabía nada, después de esto me introdujeron por las uñas unos alfileres o agujas con el mismo fin de que les dijera información que desconocía, después de esto me grabaron con una cámara de video y me forzaron a que dijera que el (…) eran los líderes de un grupo delictivo y que yo formaba parte de él, todo esto lo tuve que decir debido a la tortura psicológica y física de la que había sido objeto, y también querían que dijera que nosotros habíamos levantado a los 7 desaparecidos de Salamanca, pero eso sí no lo dije…”.Otra de las víctimas dijo a los investigadores de la PDHG:
“Me empezaron a preguntar por unas personas como (…), me preguntaban si habían sido ellos quienes secuestraron a los siete de Salamanca o si lo había hecho mi hermano, indicándoles que yo no sabía, siempre golpeándome en la cabeza e insistiéndome con que les dijera dónde estaban los cuerpos de las personas “levantadas”…me llevaron a un rancho…llegamos hasta un banco tezontle y me preguntaron si en éste estaban los cuerpos, les respondí que no sabía por lo que me siguieron golpeando en la cabeza. Nos quedamos en esa ubicación como una hora, y pude ver que había en el lugar como unos seis o siete vehículos, de ellos sólo recuerdo que había una RAM gris oscuro de cuatro puertas y una SUBURBAN gris plata…una vez más me taparon el rostro, pero ahora con una bolsa de hule negra, me dio la impresión de que nos fuimos con rumbo a Salamanca…llegamos a unas oficinas, me pasaron a un pasillo de éstas y me hincaron ahí, siempre esposado. En ese lugar me siguieron preguntando por los desaparecidos, y como les decía que no sabía nada de eso, me empezaron a torturar diciéndome que me iban a traer a mi esposa y a mis hijas para golpearlas enfrente de mí; me torturaban preguntándome que a cuál de mis hijas me traían primero, para golpearla y violarle enfrente de mí…”.
La coordinadora del Área de Derechos Humanos, María Alejandra Licea, y la directora general jurídica de la PGJ, Elizabeth Durán, presentaron a la PDHG informes por escrito en los que se afirma que los elementos acudieron al domicilio de las víctimas a cumplir una orden de investigación y recabar la entrevista de los tres “en calidad de testigos, precisando que de manera voluntaria acompañaron a los servidores públicos” y que “fueron regresados al domicilio donde fueron encontrados”.
Sin embargo, la PDHG recibió diagnósticos e informes médicos de cuatro distintas fuentes donde se corroboraron y precisaron las lesiones externas y las producidas por la violación.
Además, el expediente del organismo asienta:
“Se cuenta con dictámenes realizados a (las víctimas) con base en el Protocolo de Estambul realizado por el perito médico Enrique Vázquez Delgado y el perito psicológico Eloy Antonio Gutiérrez Sotelo, en el que determinaron que los inconformes sí presentan elementos necesarios para considerarlos víctima de tortura”.Pasó un año y medio hasta que, el 7 de marzo de 2018, el ombudsman Raúl Montero de Alba emitió un Acuerdo de Recomendación para iniciar un procedimiento disciplinario y desahogar una investigación penal en contra de dos agentes identificados en la investigación, Juan Aguirre Casas y Nicolás Zavala Vázquez, quienes aseguraron ser los únicos que intervinieron en la “presentación de testigos”, aunque en las declaraciones de las víctimas, familiares y testigos, se señala que fueron más de 10 camionetas y numerosos agentes los que llegaron para sacarlos de la casa.
En la parte final, la recomendación de la PDHG alude a la “violación al derecho a la integridad personal”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICAS ESPINOSA (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: https://www.proceso.com.mx/567755/la-tortura-como-medio-para-la-autoinculpacion