Desde noviembre, 1600 personas de ocho comunidades de Leonardo Bravo y 78 pobladores de la comunidad náhuatl de Tlaltempanaca, en Zitlala, tuvieron que dejar sus casas ante la llegada de grupos armados que se hacen llamar policía comunitaria, pero que el mismo gobierno del estado de Guerrero ya ha reconocido como brazos armados de carteles en disputa por controlar territorios.
Los desplazados han señalado que solicitaron audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo, para plantear sus demandas, y no obtuvieron respuesta. Los de Leonardo Bravo piden el repliegue y desarme de los grupos armados que actúan en el corredor Filo de Caballos – Casa Verde, la puerta de entrada a la sierra de Guerrero. Y los de Zitlala piden la reubicación, por el temor de ser asesinados si regresan a sus comunidades.
Ante la inacción de las autoridades del estado, señaló Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), los desplazados decidieron trasladarse a la CDMX, el 17 de febrero, para instalarse en plantón afuera de Palacio Nacional hasta tener audiencia con el presidente López Obrador.
Olivares afirmó en entrevista, que el lunes 18 de febrero un grupo de desplazados se reunió con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), pero lo único que obtuvieron fue la promesa de gestionar la audiencia con López Obrador, lo que no ha ocurrido.
“Solo a eso se comprometió. En cuanto a lo que había dicho sobre que estaban preparando una estrategia para asegurar el regreso de la gente a sus comunidades, nos dijo que aún no había nada. Supuestamente ya tenía algo preparado, pero cuando empezó a escuchar a los desplazados dijo que le diéramos tiempo, pese a que nosotros ya hemos tenido pláticas con su equipo desde hace meses, por ejemplo con Félix Santana, director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la SEGOB”, mencionó el director del Centro Morelos.
El martes, un grupo de desplazados se acercó a Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Palacio Nacional. Relatan que Durazo les pidió que formaran una pequeña comisión, a la que él personalmente recibiría en cuanto acabara la reunión del gabinete de seguridad.
Pero pasaron las horas –dijo Olivares– y solo llegó una persona de su equipo a decirnos que Durazo había tenido que irse con el presidente a su gira por Coahuila, y que nos iba a recibir una de sus colaboradoras. “Le dijimos que sí ella tenía capacidad de decisión para resolver las demandas de los desplazados, adelante con la reunión. Ya no volvieron a llamarnos”.
Con las únicas autoridades con las que los pobladores han tenido comunicación en los últimos días es con la Secretaría de Gobierno de CDMX, que les ha ofrecido trasladarlos a un albergue a unas cuantas cuadras del Zócalo.
“Dicen que les preocupan las mujeres y los niños –contó Olivares– que estos días lloverá, y que allá estarán bajo techo, y tendrán comida, un lugar donde bañarse y camas para dormir. Y que los tanques de gas que tenemos aquí son un riesgo. Pero la gente no se quiere mover de Palacio Nacional porque temen que ya no los dejen volver a instalarse en este espacio donde su presencia y sus demandas son más visibles. Ellos lo que quieren es que los reciba el presidente”.
Amenazan grupos armados con “tomar” Chilpancingo
Este sábado, medios locales, entre ellos el Sur de Acapulco, publicaron que el Frente Unido de Policías Comunitarios del Estado de Guerrero y una comisión de comisarios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango) emplazaron a los gobiernos federal y estatal a que resuelvan el problema de violencia en Chilpancingo, de lo contrario en 30 días, 6 mil policías de esa agrupación ocuparán el poblado de Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo, y la ciudad de Chilpancingo, capital del estado, para hacerse cargo de la seguridad.
A este grupo armado de Tlacotepec se le relaciona con Guerreros Unidos, Los Rojos, Tequileros y La Familia Michoacana, en lo que parece ser una alianza para combatir al Cártel del Sur (con quien están en lucha desde 2013), en la que el Tlacotepec lleva la bandera.
El vocero del Frente también advirtió a los gobiernos federal y estatal que no intenten un desarme de su policía comunitaria (una de las demandas de los desplazados que se encuentran en el Zócalo) “porque nuestra postura es de disparar”.
Su queja es que ya “tranquilizaron” el corredor de Filo de Caballos a Xochipala, pero ahora los pobladores no pueden llegar a Chilpancingo porque los matan, y acusaron de las ejecuciones en la capital del estado a integrantes del Cártel del Sur, a quienes supuestamente ellos expulsaron de la zona de la sierra de Guerrero.
“Este grupo dice que todos los que expulsaron eran delincuentes, pero eso es mentira, nosotros no somos delincuentes. Yo trabajaba en un centro de salud, mis hijos adolescentes estaban en la escuela. Mi marido murió hace tiempo. Nosotros somos población civil que ha quedado en medio de sus pleitos con el Cartel del Sur por controlar territorios para pasar droga y armas, pero también porque es zona con potencial minero y quieren estar extorsionando”, aseguró una de las desplazadas que se encuentran en plantón en el Zócalo, quien pidió omitir su nombre.
“Ellos dicen que llegaron a nuestros comunidades a imponer la paz y que gracias a ellos todo está tranquilo, pero es mentira, cómo puedes llegar a imponer la paz cuando llegas disparando sobre los civiles, y claro, ahora dicen que está todo tranquilo, pues si casi no se quedó nadie y a los que se quedaron los obligan a colaborar con ellos”, comentó otra de las desplazadas.
Los pobladores que tuvieron que salir de Leonardo Bravo dicen que el grupo que los desplazó tiene mucha gente. En noviembre calculan que llegaron unas tres mil personas a desalojarlos. “Si dicen ahora que pueden movilizar 6 o 9 mil gentes para ocupar Chilpancingo es posible que tengan esa capacidad. Usan a la gente de Tierra Caliente, de municipios que están en condiciones económicas muy precarias, peor que nosotros, y les dicen que les van a permitir la rapiña absoluta en las comunidades que tomen, y la gente como no tiene nada, pues acepta, pero es más por la pobreza”, afirmó otro desplazado.
Los afectados por la violencia en Guerrero señalaron que el gobierno del estado no ha podido o no ha querido controlar a los grupos del crimen organizado que operan en la región, y que por eso ahora estos supuestos policías comunitarios se atreven a amenazar hasta al gobierno federal con que tomaran Chilpancingo.
Durante la conferencia de prensa que ofreció el grupo antagónico del Cartel del Sur, también amenazaron con no permitir el retorno de los desplazados que están en plantón en el zócalo, quienes ahora se sienten en mayor peligro.
Este grupo anunció que en su paso hacia Chilpancingo tomaran el control de Chichihualco, la cabecera municipal de Leonardo Bravo, donde estaban refugiados los desplazados antes de venir a Palacio Nacional, así que todo indica que ya tampoco podrán volver allá. “Estamos viendo el avance de los grupos del crimen organizado, que vienen controlando territorios y blindándolos con la creación de presuntas policías comunitarias, ante la inacción de las autoridades”, advirtió uno más de los desplazados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: ANDREA VEGA.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/02/desplazados-guerrero-amlo-palacio-nacional/