En la demanda de amparo, que acompaña el Consejo Tiyat Tlali y la organización Fundar Centro de Análisis e Investigación, la comunidad de la Sierra Norte de Puebla reclama al Estado mexicano haber entregado las concesiones sobre su territorio a la filial en México de la empresa canadiense Almaden Minerals, sin consulta previa y sin consentimiento.
Tecoltemi pide que se ordene la cancelación de los títulos de concesión pero también que se revisen diversos artículos de la Ley Minera, que, al dar preferencia a la minería sobre cualquier otra actividad, faculta a las autoridades a entregar a empresas las tierras y territorios de los pueblos indígenas y de los ejidos, lo que viola derechos reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales.
La sentencia que está por emitir el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla es tan importante —explica la abogada de Fundar Itzel Silva— que durante tres años la empresa hizo todo lo que pudo para no llegar a este punto del juicio.
“Para evitar la revisión de la Ley Minera y una condena al Estado incluso trataron de desistirse de las concesiones. Pero no lo lograron”, explica.
En 2016, la inconstitucionalidad de la Ley Minera estuvo a punto de llegar a revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero las empresas involucradas, Hochschild y Zalamera, en el juicio de amparo que interpusieron comunidades indígenas de la Montaña alta de Guerrero optaron por desistirse de sus concesiones, mientras que la Secretaría de Economía se desistió del amparo en revisión 393/2015.
“Es una estrategia que ya han usado para evitar que se revise la Ley Minera. Como ya lo sabíamos, estuvimos haciendo la defensa del caso. Metimos varios amparos peleando una revisión a tres artículos: el 6, el 9 y el 15”, señala la abogada.
El artículo 6 de esta ley establece a la minería como preferente por encima de cualquier otro uso en el terreno; el artículo 19, en varias fracciones, establece los derechos que otorgan las concesiones mineras a sus titulares, como conseguir la expropiación de los terrenos, la ocupación temporal o la constitución de servidumbre: mientras que el 15 impone la duración de las concesiones por 50 años, con la opción de prolongarlas 50 más.
Los demandantes alegan que todo eso es contrario a los derechos de los pueblos indígenas y núcleos agrarios, establecidos en la Constitución, como en el artículo 27 y el 2, y en tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en estándares internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los relatores de la ONU en el tema de consulta y consentimiento y protección de territorio de pueblos indígenas.
“Eso es justo lo que deberá revisarse para emitir la sentencia y determinar si tenemos razón respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera”, indica Silva.
No hay una fecha para que la sentencia se emita, pero se espera que no tarde más de tres meses, y aunque esto no implicaría modificar de facto la ley, “es un paso para que se siente un referente para que otros pueblos fortalezcan su defensa y quizá si una jueza se atreve a decir que es inconstitucional, los legisladores volteen a ver esto”.
Por qué se impugnaron las concesiones
La comunidad de Tecoltemi no sabía que el subsuelo debajo de su territorio estaba ya concesionado a la filial en México de la minera canadiense Almaden Minerals. La Secretaría de Economía otorgó dos concesiones, una en 2003 y otra en 2009, sobre la mayor parte del terreno del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.
“Nosotros no sabíamos que esas concesiones se habían otorgado, nos venimos a enterar hasta finales de 2013 cuando una organización de la sociedad civil, PODER, realizó un trabajo de investigación”, cuenta Alejandro Marreros, vocero de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua.
El terreno concesionado a Almaden Minerals, señala Marreros, originario de Tecoltemi, abarca 55 mil hectáreas, de un total de 60 mil que tiene el municipio de Ixtacamaxtitlán. Cuando la población se enteró de todo lo que está concesionado y los impactos que genera una minera a cielo abierto como la que pretende la empresa, fue que se organizó la movilización contra el proyecto.
“La zona donde nosotros estamos habitando que está concesionada para este proyecto minero, del que ya se hizo la fase de exploración, es la cabecera de cuenca del río Apulco, que forma parte del Río Tecolutla que recorre buena parte de la Sierra Norte y hasta el Golfo de México, pasando por varios municipios, donde se usa su agua para actividades agrícolas, pecuarias y de recreación. Todo eso podría impactar la actividad de la minera”, describe Marreros.
Hay dos comunidades que están en la zona núcleo del proyecto, afirma, la de Santa María y Zacatepec. Después hay 12 a 14 comunidades en el radio de afectación. En total hay cerca de 4 mil habitantes en el área.
“La empresa minera ha dicho tanto públicamente como en el Manifiesto de Impacto Ambiental que no habrá necesidad de reubicar a la población, cuando el lugar del tajo, que será de 1.9 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho y 250 metros de profundidad, donde removerían alrededor de 380 millones de toneladas de roca, queda a unos 100 metros de donde hay viviendas. Si el proyecto se hace eso va a ser inhabitable y la gente se tendrá que ir por su propia voluntad”.
Por todo eso, subraya, “es que esperamos que la justicia ponga el interés de las comunidades y del medio ambiente por encima de los intereses de la empresa minera”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDREA VEGA.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/03/comunidad-indigena-puebla-ley-minera/