A través de un comunicado, las organizaciones exigieron que el Estado Mexicano cumpla la obligación de implementar un sistema público de cuidado, así como establecer medidas de protección para las mujeres que viven violencia y sus hijos.
Solicitaron al Presidente “un gobierno comprometido con revertir las condiciones de desigualdad y marginación estructural, diseñe e implemente planes de corto, mediano y largo plazo dirigidos a establecer medidas para garantizar la continuidad de estos servicios, que benefician fundamentalmente a las mujeres de bajos recursos”.Oxfam y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir externaron su preocupación al Gobierno federal por el posible retroceso a los derechos de las mujeres, particularmente luego de los recientes ajustes presupuestales y programáticos de la administración sobre los programas de estancias infantiles para madres trabajadoras.
“Estas acciones han prolongado la incertidumbre y expectación en miles de mujeres, niñas y niños que recurren a estos servicios; además éstas medidas revelan procesos de poca transparencia en la toma de decisiones, falta de sustento y nula participación de comunidades afectadas y personas expertas”, consideraron.Ambas organizaciones propusieron que se asegure el funcionamiento de estancias infantiles, refugios y cualquier otro servicio otorgado o subsidiado por el Estado, en tanto se realizan mejoras a las políticas y programas de atención dirigidos a la protección y garantía de derechos de las mujeres y de la infancia.
“Las mejoras deberán incluir evaluaciones periódicas y medición de impacto, así como contar con un modelo de participación de las organizaciones, la ciudadanía y los grupos y comunidades afectadas”, recomendaron.
Exhortaron al gobierno en sus tres niveles a abrir espacios de diálogo con estos actores para identificar la brecha de atención y la capacidad institucional requerida para diseñar programas, políticas y acciones que cuenten con financiamiento y una ruta crítica para fortalecer la capacidad del Estado en la provisión de servicios de cuidado y atención a la violencia de género.
Las organizaciones coincidieron que esto facilitará la integración de sociedad en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y ayudará a erradicar la violencia contras las mujeres, fortalecer el acceso a cuidados de calidad y atención a la niñez, y en general, no retroceder en cuanto a los derechos de las mujeres se requiere que las decisiones de política pública tomen en cuenta la justicia de género, la transparencia, la participación amplia de la sociedad y la capacidad institucional.
El pasado 6 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador; la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, dieron a conocer el plan integral con el que buscan prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México.
Anunciaron una serie de medidas que se basan en la coordinación de los tres niveles de Gobierno; atender recomendaciones internacionales; identificar zonas de riesgo; un registro nacional del transporte público y concesionado, así como campañas permanentes de prevención.
Sin embargo, representantes de organizaciones civiles y expertas feministas, consideraron que el Plan Emergente para Garantizar la Integridad, Seguridad y Vida de las Mujeres y las Niñas en México sólo es un planteamiento con puntos muy generales, e incluso ya establecidos en la Ley, por lo que pidieron clarificar los lineamientos para erradicar la violencia contra las mujeres.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://www.sinembargo.mx/13-03-2019/3549790