Entre las principales promesas del Presidente López Obrador están no aumentar el precio de los combustibles más allá de la inflación, dejar de comprar energéticos al extranjero y reducir el costo de la energía eléctrica en la franja fronteriza.
El proyecto del nuevo Gobierno federal plantea generar autosuficiencia petrolífera con la flexibilización del mercado de las gasolinas y el incremento de la exploración y de la producción. En el caso de la autosuficiencia eléctrica, pretende transformar las termoeléctricas para hacerlas más eficientes y benignas con el medio ambiente, así como dar impulso a las hidroeléctricas y a las energías renovables.
Las propuestas de López Obrador –al menos en el discurso– son “buenas” y “ambiciosas”. No obstante, existe “una brecha entre la narrativa del Gobierno y las expectativas del mercado”, ya que “el fortalecimiento que plantea la nueva administración requiere de tiempo y dinero, que es lo que no tiene”, dijo a SinEmbargo el analista energético de la consultora Mercury, Arturo Carranza.
A más de tres meses de gobierno, Pemex y CFE no han presentado un diagnóstico claro y/o eficiente. Más bien, algunas de las políticas de la nueva administración reflejan “un país pensado por un solo hombre” (es decir AMLO), coincidieron los doctores Miriam Grunstein Dickter (Brilliant Energy) y Fabio Barbosa Cano (UNAM).
En ese sentido, Grunstein recalcó que “no es la modalidad pública o privada la que hace que algo sea eficiente o no”, sino la toma de decisiones con conocimiento (know-how) técnico, basada en un proyecto nacional que requiere, pero que no depende por completo, de las decisiones políticas.
Ella, como Carranza y Cano, refirió que las opciones del Presidente son acotadas y deben ser quirúrgicas. AMLO deberá evitar la “impaciencia que devora al actual Gobierno” (Cano) y pensar de manera “inteligente” si quiere impulsar la autonomía energética de México.
Por un lado, el Gobierno de AMLO deberá ir a donde está el dinero. Es decir, estrechar lazos con el sector privado para generar asociaciones que permitan desarrollar proyectos definidos, al mismo tiempo que reestructura a Pemex y CFE para volverlas más eficientes. Ello implica liberar presiones fiscales –como en el caso de Pemex– sin generar riesgo de más endeudamiento (que es la crítica al proyecto de AMLO por parte de las calificadoras crediticias a nivel internacional).
Por el otro, deberá responder con medidas a corto plazo sin afectar al mercado interno –como sucedió este año con la crisis de distribución de gasolinas por la implementación de medidas contra el robo de combustible o “huachicoleo”–. Ello implica, por ejemplo, el impulso a una cultura de ahorro de energía (institucional y social) para la disminución de la demanda y el uso eficiente de los recursos energéticos a nivel nacional (mientras se logra el desarrollo de las políticas a mediano y largo plazos).
RESCATAR A PEMEX
Durante su sexenio, AMLO ha propuesto modernizar las seis refinerías existentes; construir una nueva en Dos Bocas, Tabasco; impulsar las energías renovables y nuevas tecnologías de producción; ampliar y modernizar la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución de petrolíferos, así como fortalecer y hacer más eficientes los sistemas financiero (con la evaluación y revisión de licitaciones y contratos) y operativo (con una “estructura vertical de la cadena de suministros de petróleo y gas”) de Pemex.
Las medidas de apoyo del Gobierno federal a Petróleos Mexicanos incluyen un aumento de 19 por ciento al gasto neto total de la empresa productiva del Estado. Para 2019, Pemex podrá ejercer 466 mil 946 millones de pesos. Esto es 75 mil millones de pesos más que el año pasado, de acuerdo con los presupuestos de egresos de la Federación.Entre las medidas anunciadas para 2019, están reducir en 15 mil millones la carga fiscal de Pemex (que utiliza el 46.02 por ciento de sus ingresos, 932.8 mil mdp en 2018, para el pago de impuestos y derechos sobre la producción); capitalizar a la empresa con 25 mil millones (cantidad equiparable al 13.24 por ciento de los gastos de inversión de la petrolera, o al 2.95 por ciento de sus gastos operativos); y darle 35 mil millones de pesos adicionales para el pago de su deuda (2 billones 5 mil 800 millones de pesos, equivalentes al 98.95 por ciento de sus ingresos en 2018).
A estas medidas (por un total de 75 mil mdp) sumarían 32 mil millones adicionales, que según el Gobierno federal, resultarán del combate al robo de combustible o “huachicoleo”, y que son equiparables al 1.58 por ciento de los ingresos de Pemex en 2018. En total, el Gobierno prevé apoyar a Pemex con una inyección de 107 mil millones de pesos para revertir su déficit fiscal (el año pasado la compañía registró pérdidas de 63.2 mil mdp).
Sin embargo, la estrategia de rescate y la promesa de no endeudar más a Pemex no convencieron a calificadoras como Standard and Poor’s, Fitch y Moody’s, que castigaron a la petrolera con una baja perspectiva y/o reducción de su calificación crediticia.
Ayer, la agencia Standard and Poor’s señaló que “el riesgo de ejecución para Pemex es elevado”, ya que “la implementación del plan de negocios de la empresa sigue expuesto a decisiones políticas que podrían entrar en conflicto con los objetivos financieros y de negocio. Además, la constante supervisión de parte del Gobierno federal podría resultar en trabas no deseadas que pueden afectar las operaciones de la empresa y posiblemente retrasar la puesta en marcha de sus proyectos”.
La semana pasada, CitiBanamex refirió que “Pemex no se volverá más eficiente ni rentable” con las estrategias anunciadas, “ya que asignará capital a actividades de bajo rendimiento [y] no mejorará significativamente los procesos operativos y de gestión”, además de que el proyecto no contempla asociaciones público-privadas en la “mayoría de las actividades”.
El desempeño de Pemex es elemental para las finanzas del Gobierno mexicano. En promedio en los últimos cinco años, la cuarta parte (23 por ciento) de los ingresos presupuestarios del sector público mexicano provino de ingresos petroleros.
No obstante, entre 2013 y 2018 la producción de crudo decayó en 26.5 por ciento (pasó de 2.5 a 1.8 millones de barriles diarios). Hoy en día importamos el 38 por ciento de los petrolíferos y el 74 por ciento de las gasolinas, y las seis refinerías nacionales operan, en promedio, al 40.27 por ciento de su capacidad productiva (procesan 620 mil barriles diarios de petrolíferos).
En este contexto, las estrategias propuestas por AMLO –incluidas las de su “Proyecto de Nación 2018-2024”– buscan impulsar la eficiencia de Pemex, lo que implica una inversión de 288.4 mil millones de pesos en inversión (36 por ciento más que en 2018), sobre todo para exploración y producción, con la finalidad de reducir la dependencia nacional al extranjero, generar mayores ingresos petroleros a través de las exportaciones, y por ende, detonar el desarrollo nacional.
El problema con la estrategia de López Obrador es que implica procesos a mediano y a largo plazos, en la mayor parte de los casos, además que la apuesta a la exploración y producción, con la “dotación geológica [de petróleo actual], ya no permite ilusiones para que sobre ella descanse un programa de crecimiento económico basado en los hidrocarburos”, dijo a SinEmbargo el especialista en economía del sector energético, Fabio Barbosa Cano.
Según el académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), “todavía hay mucho petróleo en el subsuelo de México. Pero ni siquiera en Cantarell se ha sacado el 50 por ciento y nuestro factor de eficiencia, en promedio en este país, es abajo del 20 por ciento. Quiere decir que el 80 por ciento del petróleo […] todavía está en el subsuelo”, explicó.
Aunque la rehabilitación del “deteriorado aparato de refinación es un acierto” para “aminorar” el repunte de los precios de los combustibles, el “error fundamental” del proyecto de AMLO es creer que “a Pemex se le pueden encargar tareas como si fuera una rama de exploración y producción que apenas está naciendo. La mayoría de nuestros campos petroleros se encuentran en severa declinación. […] La mitad de nuestra extracción petrolera depende de un sólo complejo que se llama Ku-Maloob-Zaap” cuya producción “se va a desplomar en los próximos años”, abundó Cano.
De acuerdo con la información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Secretaría de Energía (Sener) y Pemex, Ku-Maloob-Zaap tiene el 38.99 por ciento (3 mil 308.5 de 8 mil 483.7 millones de barriles) de las reservas probadas de petróleo crudo a nivel nacional. Al ritmo de producción actual (1.8 millones de barriles diarios de crudo y 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas) las reservas probadas (recursos listos para ser explotados) durarán cerca de nueve años.
Inclusive si pudiéramos explotar todo el petróleo del subsuelo, estaría el problema de las refinerías que fueron construidas entre los setentas y ochentas para procesar crudos ligeros.
Según Pemex, el 58 por ciento del crudo que produce México es pesado, el 31 es ligero y el 11 superligero. Esto supone que las refinerías trabajen más lento y con menor eficiencia. Para revertirlo, serían necesarias décadas y miles de millones de pesos anuales en inversión tecnológica, tiempo y dinero con los que el actual Gobierno no cuenta (aunque pueda generar avances importantes).
¿QUÉ OPCIONES TIENE AMLO?
En febrero de este año, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que durante el sexenio serán desarrollados 20 nuevos campos de exploración y producción de hidrocarburos mediante contratos de servicios múltiples (el modelo previo a la Reforma Energética de 2013) y no de asociaciones público-privadas o “farmouts”.
De acuerdo con Arturo Carranza, los contratos de servicios “permiten que Pemex decida en dónde, cómo y qué yacimientos explotar. Le permite tener el control de lo que se va a explotar y realizar actividades en tiempo más breve”. Sin embargo, añadió, “con estos contratos Pemex tiene que asumir todo el costo financiero y Pemex, en un contexto general, lo que menos tiene es dinero”.
Al respecto, Carranza señaló que lo ideal sería que Pemex utilizara los dos mecanismos. Por ejemplo, “contratar servicios en aguas someras –frente a Campeche y Tabasco– y generar asociaciones en aguas profundas con grandes empresas” (Exxon, Shell, entre otras).
Grunstein refirió, en cambio, que no existe una estrategia adecuada por parte de la nueva administración y que, sin un diagnóstico claro, será difícil sacar adelante a la empresa productiva del Estado.
La socia fundadora de Brilliant Energy señaló que el problema es que la iniciativa privada no ha dado los resultados esperados –ya que nunca estuvo “sometida a una planeación de largo plazo realizada por el Estado”– y que, por otro lado, regresar a los contratos de servicios será insuficiente porque Pemex es un operador “inidóneo”.
Para mejorar las condiciones, urgió la necesidad de profesionalizar y hacer más eficiente al personal de Pemex, establecer un mayor rigor en el cumplimiento de los programas de exploración y producción, además de generar una verdadera fiscalización y rendición de cuentas que impulse, en parte, las propuestas de modernización de la compañía.
También dijo que sería importante dotarla de contrapesos al interior, para evitar el manejo de Pemex desde lo político y empezar a tratarla desde una visión técnica y empresarial que incentive a privados a invertir con ella.
Al respecto, entre las propuestas del Proyecto Nación de AMLO, están pendientes la eliminación de “asimetrías regulatorias en la cadena de valor” de Pemex, la abrogación de impedimentos “que le prohiben la libre competencia” (en México y el mundo), darle autonomía presupuestal y de gestión, así como “integrarla como una sola empresa y modificar su gobierno corporativo”.
A corto plazo y en un contexto de caídas del precio del petróleo desde 2014, malas gestiones –con perfiles más políticos que técnicos– y elevados cobros de impuestos que han impactado las finanzas de Pemex, Cano mencionó que lo más importante sería “eficientar” el uso de los energéticos.
“Si desde el lado de la oferta no puede hacerse mucho y tampoco pueden lograrse resultados en el corto plazo, lo que el Gobierno tiene que hacer es emprender medidas […] para cortar la demanda”, comentó. Esto implica, por ejemplo, impulsar sistemas de transporte en todo el territorio nacional y evitar el crecimiento “exacerbado” del mercado de motores fósiles. “Sólo en la Ciudad de México, cada año, ingresan alrededor de 200 mil nuevos autos”, recalcó.
La propuesta de Cano, no obstante, figura entre las “Diez líneas de Acción de la Propuesta del Programa del Petróleo” de López Obrador.
Según el proyecto, la “reducción de la demanda” partiría de “mejorar la manera como se manejan los recursos energéticos del país”, a partir del ahorro y uso eficiente de la energía y mejores procesos de transformación; de elevar las normas de eficiencia en el uso de petrolíferos en el sector transporte; del impulso a la cogeneración en todas las industrias y de la creación de “ciudades inteligentes de bajo consumo”, con cultura de ahorro de energía.
Entre otras propuestas que podríamos ver a corto plazo, también está la “fiscalización de combustibles” para reducir costos ambientales y “desactivar el uso de los automóviles particulares”. Con los impuestos coligados, el nuevo Gobierno financiaría el transporte público, la transición energética y la preservación del medio ambiente.
RESCATAR A CFE
El 25 de febrero pasado, El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Proyecto Integral Morelos y la termoeléctrica en la Huexca seguirán adelante, ya que la consulta popular realizada –y que ha sido rechazada por las comunidades de Morelos– fue aprobatoria con el 59.5 por ciento de los votos a favor.
Este proyecto, como el de siete gasoductos detenidos por diversas problemáticas de índole social, serán parte de los grandes retos del Gobierno de AMLO.
Para el analista energético Arturo Carranza, la situación de los ductos y de la termoeléctrica de Huexca reflejan la falta de planeación de la Comisión Federal de Electricidad al momento de realizar proyectos que involucran a la iniciativa privada.
En el caso de los gasoductos que atraviesan por al menos 15 estados de la República Mexicana y que están a cargo de las empresas privadas Carso Energy, Fermaca, IEnova y TransCanada, refirió que se trató de contratos “adecuados” –porque buscaron aumentar la capacidad de distribución de gas, “el principal energético de CFE para generar electricidad”– cuya gestión falló por falta de estrategia y tacto sociales.
El plan del nuevo Gobierno, empero, reconoce la necesidad de invertir en proyectos sociales, en los que incluye ocho “Programas de Energías Alternativas” que contemplan, por ejemplo, apoyos a “45 mil comunidades marginadas de hasta 300 habitantes cada una”, mismas que se encuentran “aisladas del Sistema Eléctrico Nacional”.
Más allá de las problemáticas sociales a las que se enfrenta la administración de AMLO, Carranza reconoció que la situación financiera de CFE “es muy diferente a la de Pemex”, que reporta utilidades (18.1 mil mdp en 2018) y su deuda consolidada (1.1 billones de pesos a 2018) no es tan amplia como la de la petrolera. “Eso le permite tener más tiempo y recursos para sus proyectos”, refirió.
Al igual que los doctores Miriam Grunstein Dickter (Brilliant Energy) y Fabio Barbosa Cano (UNAM), Carranza refirió que el reto de CFE será “que pueda repartir el pastel” con la iniciativa privada, en un proceso que garantice la eficiencia y la autonomía energéticas, así como el desarrollo de fuentes renovables para diversificar mercados y preservar las condiciones ambientales.
El Proyecto Nación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) plantea “conservar la generación termoeléctrica actual”, lo que implica evitar el retiro de aquellas que no operan de manera adecuada, que no operan o que fueron desmanteladas, para modernizarlas, repotenciarlas o ajustarlas para la quema de “combustibles más económicos” y para “combustión dual”, o en su defecto, para utilizar los predios para nuevos proyectos.
A la par, como parte del plan de rescate de la Comisión, el Gobierno federal anunció inversiones para las 60 hidroeléctricas del país, con erogaciones por 34 mil millones de pesos (24 mil mdp para el mantenimiento y reactivación de centrales eléctricas y 10 mil mdp para fortalecer a la CFE, con la finalidad de igualar sus condiciones de competencia frente a la iniciativa privada).
Según los analistas consultados, el aspecto más importante del proyecto de AMLO es el impulso que busca dar a las hidroeléctricas (que producen el 14.3 por ciento de la electricidad a nivel nacional), en un escenario en que la mitad (el 48 por ciento, de acuerdo con datos de CFE y Sener) de la producción de electricidad es generada por privados, y en que el 84.7 por ciento de la electricidad es generada en termoeléctricas.
No obstante, recalcaron que el proyecto sigue siendo “ambicioso” y de difícil consecución en un periodo de seis años, sobre todo porque no hay diagnósticos claros. En su Proyecto, Morena extiende las perspectivas del sexenio sin explicar cómo y de dónde obtendrá los recursos necesarios para su consecución.
Propone, por ejemplo, la inversión “privada” y “escalonada” de 121.3 mil millones de pesos para la instalación de 112 centrales hidroeléctricas, que para el año 2030, generarán un total de 13 mil 255 teravatios por hora.
Asimismo, plantea la necesidad de sustituir a los Productores Independientes de Energía –que hoy en día generan el 27 por ciento de la electricidad nacional, de acuerdo con cifras oficiales– ya que, a pesar de que producen a un costo 30 por ciento menor que el de la CFE, su tarifa doméstica “tiende a incrementarse debido a que dependen de los costos de cada uno de los procesos que intervienen en hacer llegar la electricidad a los hogares, como son generación, transmisión, control de energía, distribución y comercialización”, se lee en el “Proyecto de Nación 2018-2024”.
A corto plazo, al igual que con Pemex, los analistas observaron el potencial de sanar las finanzas de CFE con el combate a la corrupción y la austeridad gubernamental.
Empero, destacaron la necesidad de comenzar, “desde ya”, las inversiones con privados en materia de energías renovables, que según el plan de Morena, para 2024, podrían alcanzar un 23 por ciento de crecimiento y representar el 16 por ciento del volumen de generación eléctrica del país, con una reducción de emisiones de carbono de hasta 10 por ciento.
Por el momento, el nuevo Gobierno podría sacar adelante los Certificados de Energía Limpia (CEL’s) cuyo valor comercial, hasta el año pasado, fue de 300 pesos.
Comercializar los CEL’s, de acuerdo con el plan del Gobierno federal, “podría significar un recurso importante para las energías limpias y dar un valor agregado a la generación hidroeléctrica, aparte de la reducción de las emisiones de carbono de efecto invernadero. Se estima que, para 2024, la obtención de CEL’s podría aportar 189 millones de dólares adicionales” al país.
S&P BAJA PERSPECTIVA
Standard & Poor’s rebajó este lunes la perspectiva de la CFE de estable a negativa, la misma que ya otorgó a Petróleos Mexicanos y a la nota soberana de México.
La calificación de CFE fue ajustada como resultado de la revisión de la nota de México de estable a negativa y reflejo del riesgo de que un reciente cambio en políticas públicas dirigidas a reducir la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico, sostuvo la agencia en un comunicado.
Además de bajar la puntuación de la CFE, la calificadora ha reducido las perspectivas de las empresas de infraestructura Red de Carreteras de Occidente y Concesionaria Mexiquense como resultado de la revisión a la baja de la perspectiva de México.
La baja de la calificación de México indica “la reciente disminución de la confianza de los inversionistas” y la preocupación sobre pasivos potenciales del sector energético que “podrían desalentar la perspectivas de crecimiento del PIB (producto interior bruto) del país y debilitar su perfil financiero, explicó.
Confirmó que en el caso de México, ha bajado de estable a negativa su Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA por sus siglas en inglés) se mantiene en “4”, la calificación de riesgo económico en “5” y el riesgo de la industria en “3”.
“Existe un riesgo de que persista un crecimiento económico débil, lo que afectaría la resiliencia económica del país y complicaría las condiciones operativas para las instituciones financieras locales”, sostuvo.
La S&P revisó la perspectiva crediticia de ‘estable’ a ‘negativa’ de otras 77 instituciones financieras mexicanas.
La noticia llega después de que la misma firma también pasara a ‘negativa’ la perspectiva de Petróleos Mexicanos, así como a algunas de las empresas más grandes del país, como América Móvil, Coca-Cola Femsa y Liverpool, y días después de rebajar la perspectiva del Gobierno de México.
La calificadora explicó en un comunicado que recientemente ha disminuido la confianza de los inversionistas y existe incertidumbre sobre la política energética del Gobierno, así como su capacidad para lidiar con pasivos de Pemex.
“En nuestra opinión existe un riesgo de que persista un crecimiento económico débil, lo que afectaría la resiliencia económica del país y complicaría las condiciones operativas para las instituciones financieras locales”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EFRÉN FLORES.
LINK: https://www.sinembargo.mx/05-03-2019/3545384