Por este caso, cuya investigación inició desde hace casi tres años, la FGR (antes PGR) solicitará nuevas órdenes de aprehensión a jueces federales en las próximas semanas. Una de ellas ya se dio a conocer el pasado fin de semana en contra de Mónica Tubilla Macías, prima de Karime Macías.
Autoridades federales informaron que el 11 de julio de 2016 la entonces PGR inició la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016 en contra de Duarte y su primer círculo familiar por la denuncia presentada por Miguel Ángel Yunes Linares. A ellas se integró el acta circunstanciada AC/UEIDFF/010/2016 abierta un mes antes, por una denuncia anónima interpuesta en contra del exgobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito.
Ese fue el punto de partida de las investigaciones que permitieron corroborar presuntas irregularidades entre los recursos económicos detectados en las cuentas bancarias de Duarte y su esposa, respecto a los ingresos de los mismos. En síntesis fueron 20 millones de pesos que supuestamente transitaron por las cuentas sin actividades (legales) que las amparen. Dinero que incluso pudo llegar al extranjero.
Para verificar lo anterior la Subprocuraduría de Delitos Federales de la entonces PGR obtuvo información de distintas instituciones federales, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancara de Valores, y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Incluso se solicitaron asistencias internacionales a Estados Unidos, España y Costa Rica.
Además se solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) un dictamen técnico contable en materia de evolución patrimonial tanto de Duarte de Ochoa así como de sus dependientes económicos.
Por su parte la PGR llevó a cabo diversos peritajes en materia de contabilidad y evolución patrimonial. Uno de ellos concluyó que en el periodo del 1 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2015 existe un aumento patrimonial de Javier Duarte sin justificación. Dicho periodo coincide con los cinco primeros años de su administración.
Desde octubre de 2016 y previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Ministerio Público Federal consiguió el aseguramiento de múltiples cuentas bancarias relacionadas con Duarte, su primer círculo familiar y posibles prestanombres.
Los delitos y el retraso en la denuncia
De acuerdo con lo explicado por autoridades que participaron en la investigación, los nuevos delitos que estarían configurando en contra de Macías, Duarte y otros involucrados, son defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito equiparados.
Lo anterior ya que se detectaron recursos económicos que no están amparados ante ninguna actividad comprobable y que, por ende, tampoco fueron reportados a Hacienda ni se cumplieron las obligaciones fiscales correspondientes. La confirmación de la defraudación fiscal permite a su vez corroborar la existencia de recursos no justificados, que en el caso de Duarte y sus familiares directos es equiparable a enriquecimiento ilícito.
El progreso de este caso se vio detenido al menos año y medio debido a la falta de denuncia formal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hecho confirmado por el subprocurador Felipe Muñoz en una conferencia de prensa en octubre de 2018.
Y es que acuerdo con el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, para que pueda procederse penalmente en un caso de defraudación fiscal es indispensable que la Secretaría de Hacienda presente ante el Ministerio Público la querella correspondiente.
Fue hasta diciembre de 2018 cuando se dio a conocer públicamente que la SHCP había formalizado la denuncia por defraudación fiscal en contra de Karime Macías por las irregularidades detectadas en sus movimientos bancarios.
Cabe señalar que la investigación federal por estos delitos no solo se extendió al círculo familiar del exgobernador de Veracruz y su esposa sino a varios colaboradores.
Las autoridades consultadas informaron que el delito de defraudación fiscal equiparada se confirmó en al menos dos casos más: el del abogado fiscalista José Juan Rodríguez Janeiro por irregularidades en el ejercicio fiscal de 2012, y en el del empresario Moisés Mansur Cysneiros por irregularidades en los ejercicios fiscales 2012 y 2014.
Hasta ahora no se ha precisado públicamente si las órdenes de aprehensión en contra de ellos dos fueron solicitadas a os jueces correspondientes o aún no.
Este sería el segundo caso penal en contra de Janeiro y Mansur luego de que ambos fueron acusados, junto con Javier Duarte y otras personas más, de lavado de dinero y delincuencia organizada, caso por el cual el exgobernador de Veracruz fue sentenciado a 9 años de prisión.
Janeiro logró ser absuelto en dicho proceso a cambio de colaborar con las autoridades federales confesando los actos ilegales. Por su parte Mansur huyó a Canadá donde aún permanece junto con su familia, sin que a la fecha el gobierno de México haya conseguido extraditarlo.
Opacidad en casos Duarte y Macías
Desde el año pasado Javier Duarte y Karime Macías enfrentan procedimientos de carácter internacional promovidos por México, derivados de órdenes de aprehensión giradas en contra de ambos por jueces de Veracruz.
En el caso de Javier Duarte pesa en su contra una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada. Para que la misma pueda ser cumplimentada, se necesita que Guatemala (país que lo extraditó en 2017) autorice su ejecución como una excepción al tratado que solo permite procesar a una persona por los delitos originales por los cuales fue entregada.
En el caso de Karime Macías, la Fiscalía de Veracruz obtuvo una orden en su contra por posibles hechos de corrupción, la cual no ha podido ser cumplimentada pues, desde 2016, ella y sus hijos viven en Londres donde solicitaron refugio. Por ello se giró una ficha roja de Interpol en contra de Macías, y se puso en marcha la solicitud formal de extradición.
En ambos casos los procedimientos están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual no ha informado de avance alguno. En ese contexto Animal Político solicitó vía transparencia a la dependencia conocer el estatus de estos procedimientos que públicamente han sido confirmados, sin embargo, la SRE se negó a informar argumentando que son datos “confidenciales”.
En el caso de Karime Macías la SRE argumentó al dar respuesta a la solicitud folio 0000500236618 que “el dar a conocer si una persona cuenta o no con una petición de extradición en su contra afectaría el derecho a la presunción de inocencia y a salvaguardar su honor”.
Y respecto a la solicitud de Javier Duarte folio 0000500236518, la dependencia federal respondió con una negativa casi idéntica a la anterior. Señaló que “dar a conocer si una persona cuenta o no en su contra con una petición de excepción al Principio de Especialidad (…) afectaría el derecho a la presunción de inocencia y a salvaguardar su honor”.
En este contexto Animal Político ya promovió ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) recursos en contra de esta negativa de proporcionar la información.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/04/duarte-karime-macias-enriquecimiento-ilicito/