En conferencia de prensa, Javier Jiménez Espriú leyó esta mañana un informe amplio que involucra a empresas privadas y a ex servidores y servidores públicos en presuntos actos corrupción.
Jiménez Espriú expuso que se creó una “ingeniería financiera” compleja para defraudar y mentir. Por ejemplo, con el financiamiento. Dijo que el Nuevo Aeropuerto sería financiado mayoritariamente por el Gobierno de México, con recursos de los mexicanos, y no con inversión de los privados. Eso se ocultó con ingeniería financiera, expresó.
Dijo que hay una hoja donde dice que dentro del grupo aeroportuario encargado del proyecto hay asesores estratégicos que tienen funciones importantes en política, para controlar efectos adversos y sobre acciones compensatorias para los participantes en el proyecto en los gobiernos estatales de México, Ciudad de México e Hidalgo. “Encabeza la lista Alfredo del Mazo y el ingeniero Elías Ayub”, dijo.
“El aeropuerto de Texcoco nunca debió aprobarse y menos iniciarse”, dijo al iniciar su conferencia.
Alertó que la sobre explotación de recursos como el agua, el dispendio de enormes recursos públicos y la herencia de altos compromisos financieros a siguientes gobiernos son algunos de los aspectos que se tomaron en cuenta para cancelar la obra. También dijo se evitó el cierre de dos aeropuertos y la construcción de uno nuevo en un terreno inestable y complejo.
Jiménez Espriú destacó que los promotores del NAIM dijeron siempre que se trataba de una gran infraestructura pero emitieron la consideración de los efectos negativos y las violaciones a los derechos humanos de los pobladores en la zona; así como que era una inversión muy grande para un país como México.
LA ALERTA DE PARSON
Javier Jiménez Espriú explicó que Parson, la empresa gerente del proyecto, señaló el 22 de junio de 2016 que el costo de la primera fase del proyecto se levaría a entre 16 y 17 mil millones de dólares y la fecha de inicio sería en septiembre de 2024 “si no hubiera contingencias. Jiménez Espríu aseguró que esto nunca se hizo de conocimiento público, ni de la SHCP ni de inversionistas de bonos, ni tampoco al equipo de transición del Gobierno de López Obrador.
Esta información tampoco aparece en el libro blanco del proyecto. “Se archivó y se mintió sin recato, por eso hemos afirmado que no se sabía ni cuánto iba a costar”, dijo.
“Se trataba de un elefante blanco, un pozo sin fondo, con un daño patrimonial que deberán evaluar las autoridades competentes”, añadió.Aseguró que Hacienda debió suspender el proyecto dos o tres años antes de 2018, por la desviación de los costos.
Anunció que están abierto procesos fiscalizadores, se analizan la probable comisión de daño patrimonial por un monto total de 6 mil millones de pesos.
LA FIBRA E
El titular de la SCT explicó que la contratación de la fibra E fue una inyección innecesaria de recursos en ese momento pues se tenían más de 100 mil millones de pesos disponibles. Pero significó costo adicional.
Dijo que en su contratación se dieron enormes ventajas para los inversionistas: adelantos de pagos, incremento de porcentaje en caso de cancelación, o que no iniciar operaciones en enero de 2025, se concedieron a sabiendas de que el proyecto no se concluiría a finales de 2024, como Parson advirtió de 2016.
Aseguró que fue algo doloso, pues manifestaron que no tenían conocimiento de información relevante. Insistió que nada de esto se informó durante el proceso de entrega recepción.
En la suscripción de fibra e el Grupo, dijo, el costo de la primera parte atendería a 55 millones de pasajeros, sólo 10 millones más que el aeropuerto Benito Juárez. Ya que para los 140 millones se abría requerido inversión adicional de 10 mil millones de dólares.
EL CONTRATO CON PARSON:
Jiménez Espriú dijo que el contrato a Parson se dio por adjudicación directa y por un monto 2 mil 362 millones de pesos con vencimiento 8 de octubre de 2020, luego se aumentó el monto del contrato.
El contrato con Parson, que según se dijo siempre estaba a la vista del público, estaba el contrato pero no los anexos, en ellos hay información muy seria y delicada.
Explicó que en el anexo C hay una hoja de asesores donde dice que dentro del grupo hay asesores estratégicos que tienen funciones importantes: en política, para controlar efectos adversos y sobre acciones compensatorias para los participantes en el proyecto en los gobiernos estatales de México, Ciudad de México e Hidalgo.
“Encabeza la lista Alfredo del Mazo [González] y el ingeniero Elías Ayub”, anunció.
El titular de la SCT precisó que es un contrato donde ellos fungen como asesores financieros y políticos y que ya se están revisando.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://www.sinembargo.mx/26-04-2019/3571759