Los legisladores aprobaron un endeudamiento de 90 mil 210 millones 17 mil 429 pesos.
El monto es la suma del refinanciamiento de la deuda, la desalinizadora de Playas de Rosarito, el Segundo Piso en Tijuana, así como un fideicomiso para pagar pensiones acumuladas y deudas en el rubro educativo.
A esta cantidad habrá que sumar los intereses de los créditos que resulten de las tasas pendientes de determinar, y que fácilmente podrían representar el triple del monto de deuda contratado, según estimaciones fiscalistas.
De esta forma, el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid dará cumplimiento a lo dispuesto en la Ley federal al cubrir las deudas y compromisos de pago a corto plazo antes de dejar su cargo, pero a costa de un precio mayor para las siguientes administraciones estatales y para los bajacalifornianos.
La forma en que los diputados panistas Carlos Torres, Iraís Vázquez, Alfa Peñaloza, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García, José Félix Arango, Sergio Tolento, Mónica Hernández y María Trinidad Vaca; así como los priistas Alejandro Arregui, Benjamín Gómez y Patricia Ríos aprobaron el dictamen, levantó inconformidades por parte de legisladores que votaron en contra y también del sector empresarial.
Ese día, 28 de marzo, el Congreso inició sesión ordinaria con 18 legisladores. Uno de ellos, Job Montoya, de Movimiento Ciudadano, se retiró de manera anticipada.
Mientras que los diputados ausentes y cuya inasistencia facilitó la aprobación, fueron Andrés de la Rosa, Miguel Osuna Millán y Eva María Vázquez por parte del PAN; así como Marco Antonio Corona (PRI), José Antonio Casas (Transformemos) y Claudia Agatón (PT).
Durante un receso, la mesa directiva modificó el orden del día para incluir una iniciativa presentada por el diputado Ignacio García que incluía los tres decretos para autorizar el refinanciamiento de la deuda y los contratos de dos Asociaciones Público Privadas (APP), los cuales habían sido enviados por el Gobernador en noviembre y diciembre de 2018, así como en febrero del año en curso.
Debido a que la sesión inició con 18 diputados, 12 votos -menos de la mitad de los 25 legisladores que componen el Congreso- fueron suficientes para cumplir con las dos terceras partes y así lograr la aprobación.
Al momento d emitir su voto -el cual fue en contra-, los diputados Bernardo Padilla (PRI), Jorge Eugenio Núñez (PBC), Victoria Bentley (PAN), Catalino Zavala y Héctor Mares (Morena), señalaron que se estaban violentando sus derechos legislativos, no sólo por la forma en que se agregó el dictamen a la orden del día, sino por la falta de información sobre garantías de pago, corridas financieras y fuentes de ingresos para entender los términos reales del endeudamiento.
“Hemos visto que el Congreso del Estado, específicamente a través del presidente Carlos Torres, han manejado una agenda oscura. Nos llama la atención que dentro de la agenda del día no consideren un punto tan importante. Si fuera más transparente, lo hubieran puesto en el orden del día normal”, señaló Roberto Rosas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana.El dictamen justifica que se dispense el trámite parlamentario, por considerar las iniciativas de “obvia y urgente resolución”, pese a que los decretos tenían meses de haber sido recibidos por la mesa directiva del Congreso.
En el caso del refinanciamiento, se autoriza al Gobierno del Estado adquirir un crédito por 12 mil 526 millones por hasta 20 años, pero no se definen pagos mensuales, comisiones, tasas ni la institución financiera con la que se firmará el contrato.
De ahí que sea imposible calcular el costo real de la reestructuración de la deuda pública, cuya tasa de interés puede llegar hasta 8 por ciento, basado en otros créditos adquiridos por la administración estatal.
“Es una irresponsabilidad del Congreso porque no tiene los elementos suficientes para permitir el endeudamiento, lo responsable hubiera sido ajustar gastos corrientes, estructura, celulares, gasolina y demás dentro del Gobierno del Estado”, opina José Luis Padilla, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi).
PAGOS CON CHEQUE EN BLANCO
Antes que “Kiko” Vega deje la gubernatura, por disposición de la Ley de Disciplina Financiera, deberá cubrir los saldos pendientes de las deudas y compromisos de pago a corto plazo.
El esquema que eligió fue la reestructuración de la deuda de 12 mil 526 millones 980 mil 742 pesos, compuesta por 24 créditos adquiridos con instituciones fiduciarias como Banobras, Interacciones, Banamex, Bancomer, Scotiabank y Santander.
Las deudas que tienen saldos por pagar van de 82 millones 956 mil pesos hasta 2 mil 054 millones de pesos, la más próxima a vencer en 2021 y la más lejana en 2038.
De las operaciones de refinanciamiento a realizar, la iniciativa establece que “podrán incluir los intereses, comisiones, gastos y costos relacionados e Impuesto al Valor Agregado que se generen, por lo que su importe podrá contener adicionalmente dicho conceptos”.
El plazo para la reestructura es hasta por veinte años y permite al Gobierno estatal realizar la firma de este convenio hasta el 30 de julio de 2019.
Sin embargo, la iniciativa aprobada no fija topes en las tasas de interés ni estuvo acompañada de un análisis sobre corridas financieras, proyecciones ni información financiera que permita fijar condiciones idóneas.
Por el contrario, sólo establece que la reestructura de la deuda pública puede llevarse a cabo “siempre y cuando se mejoren las condiciones actuales de los financiamientos”.
Al respecto, Gabriel Camarena, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, observa: “Puede que la mejora sea al corto plazo, pero mandas el problema a largo plazo. Esa información no la tenemos, parece que está mal, pero no sabemos si está bien”, apuntó.
De igual forma, el empresario refirió: “Entendemos que al Gobierno le urge hacerlo porque tiene finanzas precarias”.
El 3 de abril, el CCE llevó a cabo una conferencia de prensa para expresar su rechazo a la manera en que el Gobierno del Estado y los diputados “se condujeron sin transparencia, sin análisis, dándole la espalda a la sociedad y poniendo en riesgo los ingresos del Estado”
El diciembre de 2018, cuando el Gobierno estatal atravesó la peor crisis financiera en su historia, al dejar sin pago a organismos autónomos, profesores y trabajadores estatales, el CCE estableció una mesa técnica conjunta entre miembros del gabinete de Gobierno y cámaras empresariales.
Bajo la fuerte presión social de esos días por sus malos manejos financieros, el Gobierno de Vega aceptó el acuerdo, pero no aportó la información acordada.
El 22 de febrero, la mesa técnica recibió grandes volúmenes de información por parte de la administración estatal desordenada, gran parte de esta disponible en el portal de Transparencia y carente de lo más esencial para hacer un verdadero análisis a fondo.
Desde entonces, los empresarios no volvieron a tener comunicación con el Gobierno estatal hasta que el 28 de marzo se enteraron de la aprobación del refinanciamiento en el Congreso.
“No queríamos que dejara comprometidos a todos los habitantes de Baja California por las siguientes generaciones, pero no se nos proporcionó información suficiente ni veraz para poder recomendar un dictamen. Faltaba conocer a detalle el gasto corriente, los compromisos de los contratos, los compromisos de deuda de corto, mediano y largo plazo, las fuentes de ingreso, las participaciones. Con lo que nos dieron, no era posible hacer ninguna recomendación”, destaca José Luis Padilla, quien también es secretario de Coparmex Tijuana.Por su parte, Gabriel Camarena, presidente del CCE de Tijuana, aseguró que un despacho privado se contrató con recursos propios del organismo para analizar la información financiera aportada por el Gobierno estatal, el cual sigue en pie de realizar el documento si les es entregada la información.
“Todavía hay tiempo para hacer ajustes, brindar información puntal, no nos retiramos de la mesa, seguimos estando”, indicó.
MILLONES PARA PAGAR PENSIONES
Los diputados también autorizaron la contratación de un crédito por 2 mil 600 pesos a pagarse por medio de un fideicomiso financiado con las aportaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
El destino de estos recursos será “el apoyo al sistema de pensiones a cargo del Estado y para el apoyo a la educación pública”, según establece en del dictamen.
Ya que el FAFEF es una de las bolsas que recibe el Gobierno estatal de la Federación, se deberá firmar un convenio previo entre el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la aplicación específica de estos recursos al fideicomiso.
De 2014 a 2017, según cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Baja California recibió 4 mil 658 millones de pesos de estos fondos. De dicha cantidad, destinó el 72%, equivalente a 3 mil 382 pesos, para el concepto de saneamiento financiero, esto, es dinero destinado al pago de deuda y otros compromisos de pago.
No es la primera vez que la administración de “Kiko” Vega intenta destinar recursos a este adeudo histórico. Durante la pasada Legislatura, los diputados aprobaron un crédito para ello, aunque debido a un cambio en disposiciones fiscales, el dinero no pudo canalizarse.
Al respecto, el doctor Adolfo Solís Farías explica: “Para romper su rastro, se refinancia y sigue refinanciándose, es una técnica que se utiliza para esconder el destino del recurso”.
Sobre ese punto, el diputado Bernardo Padilla apunta que si bien, la figura del fideicomiso representa un candado para que los recursos sólo se destinen a este rubro, pero no se aporta información básica para entenderlo mejor, “no se sabe quién va a administrar el fideicomiso, si es una institución financiera y cómo se va a constituir o si ya se constituyó”.
GOBIERNO ABSORBE RIESGO FINANCIERO
Para la construcción de la planta desalinizadora en Playas de Rosarito, establecida por medio de una APP con el consorcio Aguas de Rosarito, el Gobierno estatal deberá pagar mensualmente y durante 37 años, 138 millones 799 mil 528 pesos con IVA incluido a la empresa por esta obra, lo cual arroja un total de 61 mil 626 millones 990 mil 680 pesos.
El monto se cubrirá con las cuotas por pago de agua que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) recaude de usuarios domésticos, comerciales, industriales y de Gobierno.
Si estos recursos resultan insuficientes, entonces el Gobierno estatal podrá recurrir al uso total de lo que se capte a través del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP).
Estas dos garantías de pago, según se estableció en un primer contrato, permitían a la empresa presentar un respaldo financiero al momento de buscar financiamientos con distintas instituciones, pero gracias a la venia de los diputados, será el Gobierno quien contrate estos créditos.
Los diputados autorizaron al Poder Ejecutivo la contratación de un crédito “a efecto de garantizar el cumplimiento de los posibles faltantes de liquidez en las contraprestaciones mensuales por un monto equivalente a los tres meses de pago de la contraprestación más IVA”.
El crédito podrá ser entonces de 416 millones 398 mil 585 pesos, y funcionará como una garantía adicional para la empresa de que el Gobierno cuenta con los recursos para cubrir las contraprestaciones mensuales.
Además, el Congreso autorizó al Gobierno estatal realizar los ajustes que consideren necesarios, ya que los costos estimados de la obra se hicieron bajo los valores de febrero de 2016, por lo que la cantidad podría aumentar aún más.
De igual forma y como un esquema para no registrar el compromiso de pago total ante la Secretaría de Hacienda, lo cual es una disposición de Ley, dividieron el total del monto de deuda por más de 61 mil millones de pesos a sólo 7 mil 487 millones 404 mil 620 pesos.
Esto bajo la justificación de que es la inversión requerida para la primera fase, pese a que en el contrato original no existía esta distinción.
Las modificaciones de dicho dictamen podrán hacerse válidas en un plazo no mayor al 31 de diciembre de 2019.
Los diputados también aprobaron la firma del convenio para el diseño, construcción, operación, mantenimiento y conservación del Periférico Aeropuerto-Zapata por medio de un doble piso hasta la Avenida Internacional en dirección a Rumbos de Playas de Tijuana por medio de una APP.
Considerando ya el IVA, el consorcio recibirá 13 mil 865 millones 6 mil 345 pesos de fondos públicos por la obra.
Conforme al dictamen, las contraprestaciones mensuales serán de 27 millones y medio de pesos, un total de 330 millones de pesos al año, durante un plazo de 27 años.
Mientras que la fuente de pago para cubrir este monto saldrá de “los ingresos propios del Poder Ejecutivo, participaciones y cualquier otro ingreso”.
El consorcio es integrado por Cointer, empresa de origen español, y Ramher, una compañía nacional. Cuando resultaron ganadores, Víctor Hermosillo, accionista de la segunda, era senador por el PAN.
El Gobierno estatal tendrá hasta el 31 de diciembre de 2019 para hacer válido este contrato.
EXIGEN TRANSPARENCIA
Cuestionado por la prensa, el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid argumentó desde distintas defensas el dictamen aprobado. Primero dijo que se trataba de dinero que sólo se usaría en caso de emergencia si se requerían recursos adicionales. Otro día comentó que se trataba del financiamiento de obras que ya eran conocidas por todos.
Desde hace meses, el Ejecutivo estatal presionaba a los diputados panistas para que buscaran acuerdos entre los diputados para la autorización de estas obras.
Tres días antes del cambio de mesa directiva, el diputado panista Carlos Torres presidió la sesión en la que se dio aprobó este dictamen junto con los miembros del PAN conocidos por siempre votar en el sentido que se acuerda al interior del partido.
Para el 31 de marzo, el diputado priista Benjamín Gómez, quien aportó otro voto a favor del dictamen, fue nombrado presidente de la mesa directiva.
Zeta buscó al diputado Carlos Torres para entender la forma en que la mesa directiva incluyó el dictamen en el orden del día y conocer su respuesta ante los señalamientos de que la autorización se dio de manera opaca e irresponsable.
El legislador argumentó que el pleno aprobó la inclusión del dictamen “en votación económica, toda vez que no existe disposición expresa que lo prohíba”, por lo que a su consideración, “se cumplieron las disposiciones de índole constitucional y legal”.
Respecto a la falta de información sobre corridas financieras y el costo real que representará el refinanciamiento, sólo respondió, sin precisar cómo, “el refinanciamiento va a generar un ahorro de 400 millones de pesos para el Estado”, dando por finalizada la comunicación.
En la opinión de Gabriel Camarena, titular del CCE de Tijuana, “ya no se debe permitir que esto esté sucediendo a las alturas de la vida democrática del país. El Congreso debe ser un tema de contrapesos, análisis, tiempos, y eso forzaría al Gobierno presentar su propuesta a tiempo suficiente para ser analizadas y que no sean aprobadas al vapor”.
Sobre el panorama general de este endeudamiento, el doctor Adolfo Solís Farías declaró: “Estamos contratando deuda para pagar deuda, el dinero que estamos trayendo ya no es para invertirlo en la sociedad, es para pagar las deudas porque han crecido. Ese tipo de prácticas se tienen que terminar, donde no hay transparencia. Si nadie ha tomado (algo) que no sea suyo, que sean transparentes”.
El experto en Derecho Fiscal y quien participó en un inicio en la mesa técnica de análisis de la iniciativa privada con el Gobierno estatal, observó que Baja California está adquiriendo obligaciones mensuales a mediano y largo plazo de forma preocupante.
“No tenemos dinero para pensiones ni jubilaciones y ahora tenemos que pedir dinero para pagar deudas, aparte vamos a endeudarnos y comprometer nuestras participaciones. La pregunta es: Al rato que estemos endeudados y todo esté comprometido, cuando necesitemos dinero de verdad, ¿de dónde lo vamos a conseguir?”.
Por este motivo, hizo un llamado para que “no haya intereses, beneficiados, porcentajes otorgados ni personas enriqueciéndose a costa de los ciudadanos. Es un tema de sensatez, ya ni siquiera presupuestal. Es un tema donde no puedes vivir de la deuda.
No es malo endeudarse, financiar o refinanciar, lo que es malo es sobre-endeudarse”, remató.
LOS DIPUTADOS QUE VOTARON
Entre las exposiciones en contra dadas el día de la sesión, el diputado Jorge Eugenio Núñez subrayó los casi 100 mil millones de pesos de deuda representan 30 veces el costo anual de un Ayuntamiento. “Si de por sí este Gobierno evidenció el problema financiero, no sé qué va a pasar con estos compromisos que se están adquiriendo”, advirtió.
Consultado días después, el diputado por el Partido de Baja California (PBC) expuso que ya prepara la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la forma en que se violentaron los derechos de los diputados al hacerlos votar un documento que no habían visto antes.
Por su parte, Bernardo Padilla, consideró que el problema más fuerte es la carga financiera que se heredará a las siguientes administraciones estatales, puesto que en seis meses iniciarán los pagos por estos créditos autorizados.
“Me siento preocupado porque no hay claridad de las condiciones de mercado, cómo se va a contratar el refinanciamiento, una cosa es que todos sepámoslo que son las APP, los famosos dictámenes, pero nunca hubo claridad de la situación financiera propia del crédito, cuando se va a contratar. Nadie de los diputados tenía una corrida financiera”, planteó.
El diputado Miguel Osuna Millán, uno de los legisladores que más se había opuesto públicamente al proyecto de la desalinizadora y a contraer más deuda, dijo a ZETA que el motivo de su inasistencia fue una razón personal, pero por parte de su bancada (PAN), no le fue notificado que ese dictamen sería incluido en el Orden del Día.
“Le había pedido al presidente de la Cámara que de tratarse temas que afectaran el interés general de los bajacalifornianos, se nos convocara 24 horas de anticipación como mínimo, como marca el reglamento de la Cámara de Diputados, que evitáramos dar esta imagen que no ayuda en la opinión que tienen los bajacalifornianos de su Congreso”.
Sobre la desalinizadora, detalló se trata de un tema “con graves exageraciones en lo técnico, graves repercusiones en lo económico, en el futuro financiero de nuestro Estado y que podría haber tenido otras opciones que no involucraran ese gravísimo endeudamiento”.
Y concluyó: “Esa desalinizadora, así de concreto, se debe cancelar por el próximo Gobernador de Baja California en bien del interés general de los bajacalifornianos”.
FUENTE: SIN EMBARGO/SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN/INÉS GARCÍA RAMOS.
LINK: https://www.sinembargo.mx/09-04-2019/3563605