Ella estuvo trabajando ocho años en Estados Unidos, en fábricas y hoteles, y su esposo hizo lo mismo durante 14 años. Volvieron a México porque acá habían dejado a sus cuatro hijas y ya tenían dinero para levantar su patrimonio.
Las hijas mayores se casaron poco después del regreso de sus padres, pero Consuelo volvió a ser mamá a los 40 años. La niña nació con hipotiroidismo congénito. Todos los días debe tomar medicamentos. Cada mes necesita estudios clínicos. Sus padres invertían parte de lo que ganaban en su salud. En los servicios públicos no les garantizaban ni los análisis médicos adecuados ni una buena atención.
Pese a eso estaban bien, las cosas marchaban. Hasta que empezaron las disputas por territorio entre grupos del crimen organizado que quieren controlar la zona de la entrada a la Sierra de Guerrero, por donde pasan drogas y armas, pero también donde las bandas pueden desarrollar dos más de sus negocios: el cobro de piso a las empresas mineras que buscan explotar el oro de la zona, y la administración de sus propias minas.
Los enfrentamientos provocaban balaceras hasta dos o tres veces por semana. “A veces nos despertaban en la noche, o empezaban en la mitad del día y había que correr. Aguantamos dos años así, en ese terror”, cuenta Consuelo.
Pero el 11 de noviembre de 2018 ya no hubo opción: fue salir corriendo o morir. El grupo criminal que hoy controla el corredor Casa Verde-Tlacotepec entró disparando a la comunidad de Filo de Caballos. Los testigos del hecho dijeron que no parecían estar buscando a algunas personas en específico de la banda rival, entraron tirando a todos lados.
“Eran muchos hombres, muchísimos. Se escuchaba el estruendo de las descargas de las metralletas. Se oía tan fuerte, que apenas alcanzábamos a oírnos los unos a los otros. Los de las comunidades de más abajo salimos corriendo. Pocos alcanzaron a sacar sus autos”.
La mayoría huyó a pie. “La gente de los otros poblados, de más abajo todavía, como El Naranjo, nos empezaron a ayudar. Sacaron sus coches para llevarnos a la cabecera municipal. Muchos estuvieron subiendo en la noche, con lámparas, para rescatar a los que se habían quedado por la sierra”, dice Consuelo.
No se supo cuánta gente de Filo de Caballos murió. Hay varios desparecidos. “Un vecino tiene perdido a su hijo, que estaba saliendo de la escuela a esa hora que empezó todo, como a la 1:30 de la tarde del 11 de noviembre”.
Unas 1, 600 personas, de ocho poblados, tuvieron que abandonar ese día sus casas. Muchos se alojaron en el auditorio de Chichihualco, la cabecera municipal de Leonardo Bravo. Ahí aguantaron a que el gobierno estatal les diera una repuesta sobre sus demandas de replegar al grupo armado. La respuesta no llegó. El gobernador no les dio siquiera audiencia.
Hacinados en el auditorio se enteraron de que lo habían perdido todo. Algunos de los desplazados tienen la misma historia de Consuelo y su esposo: se habían ido a trabajar a Estados Unidos para ganar bien, ahorrar y luego poder retornar en calma a su tierra. Tenían sus huertos, negocios y sus casas de cemento.
Aunque el 80% de la población de la sierra de Guerrero tenía también un trabajo adicional: el cultivo de amapola, una actividad ahora en crisis, por la caída del precio de la goma de opio, ante la llegada al mercado de Estados Unidos de drogas sintéticas menos caras y más potentes.
Consuelo cuenta que los hombres que llegaron a sacarlos de sus pueblos arrasaron con todo. “Son gente muy pobre. Así hacen sus grupos, se van por la gente de Tierra Caliente, que no tiene nada, y les pagan con lo que pueden sacar de las casas”.
Los huertos de ella y su esposo pronto van a dar frutos. En junio o julio estarán listos los duraznos. Pero serán los que llegaron a desplazarlos quienes se quedaran con la ganancia del producto, como se han quedado con viviendas, autos, muebles, ropa.
La ida a la capital y las promesas
Después de aguantar casi tres meses en el auditorio de Chichihualco por una repuesta del gobierno estatal, una parte de los desplazados, unos 400, entre ellos Consuelo, su hija y su esposo, decidieron viajar a la Ciudad de México, y ponerse en plantón frente a Palacio Nacional hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador les diera audiencia. Tampoco los recibió.
Quien se encargó de atenderlos fue Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y su equipo. Llegar a un acuerdo con ellos no fue rápido. “Nosotros pensamos que estaríamos en plantón unos tres o cuatro días, creímos que el presidente nos recibiría pronto y que habría solución”, comenta Crescencio Pacheco, desplazado de la comunidad de Campo de Aviación, quien se ha convertido en uno de los líderes y vocero del grupo.
Pero tuvieron que pasar 39 días afuera de Palacio de Nacional para llegar a un acuerdo con Encinas. Durante ese tiempo, los desplazados solo recibieron apoyo de organizaciones de la sociedad civil para resolver las cuestiones de alimentación y agua.
Tuvieron que “tomar” casetas para sacar dinero y rentar unos baños portátiles por los que les cobraban mil 600 pesos por día, y a los que preferían entrar solo cuando la vejiga o el intestino no daba más. El uso, la falta de agua y el calor los tenían desbordados de suciedad y mal olor.
Todos trataban de ocupar el tiempo en algo. Las mujeres montaron una cocina con lonas y organizaron los víveres donados por la sociedad civil. Designaron brigadas para cocinar por semana. Guisar para 400 personas les resultaba pesado, pero era peor cuando no tenían que cumplir esa encomienda y entonces no había nada qué hacer en todo el día.
Los niños, unos 70 en total, se entretenían a ratos corriendo de un lado a otro, pero después el cansancio y el aburrimiento los hacía quedarse quietos, solo mirando, como los adultos. A los hombres les tocaba conseguir el dinero, en las casetas o en colectas por la calle.
Fue hasta el 27 de marzo cuando los desplazados y el subsecretario de Gobernación firmaron un acuerdo, con la primera condición de que levantaran el plantón y volvieran al auditorio de Chichihualco, en la cabecera municipal de Leonardo Bravo. Al día siguiente los pobladores levantaron sus ropas, colchonetas y tiendas de campaña y se fueron.
Ellos cumplieron su parte. El gobierno lo ha hecho muy a medias. En el acuerdo firmado se estableció que durante el primer mes de retorno se haría un censo entre los desplazados para saber edades y perfiles, y afiliarlos a los programas sociales del gobierno federal. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) fue la encargada de levantarlo y ya está concluido.
También se acordó que las autoridades asumieran el pago de la renta de viviendas para que las familias desplazadas no tuvieran que seguir viviendo en el auditorio municipal, en tanto se organizaba la estrategia de seguridad para el retorno a sus comunidades.
Las casas ya se rentaron, pero fueron los mismos desplazados quienes tuvieron que conseguir para pagarlas, porque el gobierno no les ha transferido. El compromiso es que lo harán para finales de este mes o principios de mayo.
“También entendemos que el papeleo para reunir las denuncias de los afectados por despojo y los papeles para comprobar el arrendamiento de las viviendas y organizar el mismo censo que se hizo no es sencillo”, comenta Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), quien ha estado dando acompañamiento a Las pobladores.
Para lo que no encuentran mucha justificación es para el incumplimiento de otro compromiso firmado en el acuerdo con la subsecretaría de Derechos Humanos, de la Segob: el establecimiento de un perímetro de seguridad para los desplazados, con tres puntos de vigilancia hacia la sierra y hacia Chilpancingo: en el Naranjo, el Carrizal y la Quebradora, rutas por donde el grupo armado que los desplazó podría ingresar en caso de que quisiera atacarlos.
“Esos puntos de vigilancia no se establecieron. Solo se han estado haciendo patrulleos en la sierra. Lo que nos dijeron es que lo estaban viendo con el Secretario de Seguridad para ver si eran necesarios porque ya hay bastante presencia de militares. Pero por lo pronto ese parte del acuerdo no se ha cumplido”, advierte Pacheco.
Problemas económicos
Consuelo y su esposo tuvieron que buscar un cuarto para rentar. El gobierno condicionó que los desplazados debían buscar un lugar donde vivir, instalarse y después se harían los depósitos para tres meses de renta.
“Con lo que nos había sobrado de las ‘tomas’ de la casetas en la Ciudad de México cubrimos un mes de alquiler. Logramos que el casero nos permitiera pagarle el depósito después. Ahora, a más tardar el 12 de mayo tenemos que pagar eso y el segundo mes de renta, esperamos que el dinero que prometió el gobierno llegue antes de esa fecha”, dice Consuelo.
La señora cuenta que hace quince días llegó a visitarlos Neftalí Granados, la persona que Encinas nombró como enlace entre la subsecretaría de Derechos Humanos y ellos. “Nosotros ya hicimos todo lo que nos dijeron, fuimos ya a rentar, ya entregamos el auditorio de Chichihualco donde estábamos. Ya hicimos todo el papeleo que nos dijeron. Nos pidieron abrir una cuenta en Banco Azteca o en Serfín para recibir los depósitos, como ese de Serfín hace mucho que no lo vemos, todos fuimos a Banco Azteca por las cuentas”.
A Consuelo, además de la renta, le preocupa no poder hacerle a su hija menor los estudios médicos que necesita y no poder proveerle su medicamento. Esa ha sido su angustia principal durante estos meses. “Como lo perdimos todo: casa, trabajo, pertenencias, ya no tenemos de dónde pagar la atención para la niña. El 6 de mayo tiene su consulta en el Hospital General, pero debo llevarla con el perfil tiroideo ya hecho, y en el servicio público no se lo hacen nunca completo ni bien. Y ahora no tenemos para pagar uno privado”.
Consuelo dice que ella, como todos los desplazados, solo quiere un trabajo temporal, mientras pueden regresar a su comunidad, donde saben que tendrán que empezar todo desde cero. “Ya le pedimos al secretario de gobierno de Guerrero que nos ayude a conseguir un empleo, porque aquí es difícil, pero aunque sea barriendo las calles, recogiendo la basura, no importa, nosotros no queremos estar estirando la mano, queremos trabajar para tener nuestro dinero, a eso estamos acostumbrados”.
Aunque lo que de verdad quieren es volver a casa, y el gobierno federal les prometió que podrían hacerlo tres meses después de firmado el acuerdo con Alejandro Encinas. “Ya llevamos casi uno. Dejamos el plantón en la Ciudad de México, el 28 de marzo, así que ya está por cumplirse el primer mes. Les quedan dos. Aunque ahora que vino Neftalí Granados nos dijo que para pacificar la zona y que pudiéramos volver iban a tardar seis meses, pero ese no fue el acuerdo, y si no cumplen, nos volveremos a movilizar”, advierte Roberto, desplazado de la comunidad de Filo de Caballos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDREA VEGA.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/04/guerrero-desplazados-compromisos-gobierno/