En el contexto del 13 aniversario de los operativos policíacos de corporaciones de los gobiernos federal y del Estado de México, las 11 mujeres de Atenco y sus abogados que litigaron desde 2008 el caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se mantienen a la expectativa del acatamiento cabal de la sentencia por parte del gobierno de López Obrador, mientras la actual administración impulsa megaproyectos en comunidades indígenas.
El 4 de abril, el gobierno de López Obrador a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales para el cumplimiento de la sentencia del caso Atenco, fecha en que ya se daba luces de los primeros avances.
Stephanie Brewer, responsable del área internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explica que desde entonces se comentó de la apertura de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) respecto del caso Atenco, tal como las mujeres habían exigido desde 2006, después de que ocurrieron los hechos, siendo entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
“Recientemente se les notificó que el 22 de marzo se abrió la carpeta en la FGR derivada de la sentencia; en su momento existían averiguaciones en el ámbito estatal y federal, y en 2009 la Procuraduría General de la República (PGR) declinó el caso a favor del Estado de México, a donde mandó toda la documentación y donde sigue habiendo una investigación abierta”, contó Brewer en entrevista.
Al recordar que el proceso en el Estado de México se reavivó por la presión que significó el litigio internacional, la abogada del Centro Prodh resaltó que con el gobierno de López Obrador, el proceso penal está en una etapa primaria, “en las cuestiones técnicas del inicio de la investigación abierta, en la que la tortura sexual resulta un agravante”.
La abogada destacó que, al momento, el caso sigue en la impunidad, luego que se transitó de acusaciones por tortura a actos libidinosos, abuso de autoridad y a tortura por omisión.
“No hay nadie castigado. El caso permanece en la impunidad. Ha habido procesados y sigue habiendo un par de procesos penales en contra de un grupo de policías de bajo rango, que son por tortura por omisión y las personas se han estado amparando y saliendo libres. Ha habido procesos contra los médicos, pero no hay nadie sancionada por los hechos”, puntualizó.
Para Bárbara Italia Méndez Moreno, una de las 11 mujeres víctimas, los primeros avances en el cumplimiento de la sentencia por el caso Atenco las mantiene a la expectativa de que “el enfoque que se dé a la investigación sea el ahondar en la cadena de mando, que se puedan distinguir las formas de responsabilidad que tuvieron los funcionarios en el operativo, pero también en el diseño de éste”.
Cauta, Méndez Moreno sostuvo que las 11 mujeres de Atenco se resisten a “subirse al barco de las esperanzas”, porque ya tuvieron una mala experiencia con la PGR en 2009, cuando la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevimtra) declinó a favor del Estado de México, “que derivó en este monstruo de investigación que no ha llevado a nada, que sigue abierta, que no ha implicado para nada acceso a la justicia”.
Al señalar que parte de la exigencia a la FGR es el acceso a los expedientes, Bárbara Italia destacó que “el Estado mexicano tiene una responsabilidad de resolver este caso y también la oportunidad de que estos casos no queden impunes”.
Méndez Moreno, quien junto con sus compañeras impulsaron la campaña Rompiendo el Silencio, Juntas contra la Tortura Sexual, resaltó que para las mujeres de Atenco es primordial que el Estado mexicano fortalezca el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, como lo dicta la sentencia, y que sean revisados los casos de mujeres que se encuentran actualmente en prisión.
Para Bárbara Italia y para sus compañeras, que el gobierno de López Obrador tome medidas para cumplir la sentencia, y al mismo tiempo haya iniciativas que ponen en riesgo los derechos humanos de las comunidades y del pueblo en general, “nos genera mucha ambivalencia”.
“Vemos con bastante preocupación el actual estado de las cosas, tanto en la forma de asumir las graves violaciones a derechos humanos, y estas medidas que se toman, en las que el Estado reconoce las graves violaciones, pero de cara a nuevos proyectos, a la Guardia Nacional y las leyes secundarias, no vemos claro los controles del uso de la fuerza”, expuso.
Al recordar que las 11 mujeres han acompañado las luchas por el territorio de los pueblos, resaltó que al ver los anuncios de los megaproyectos impulsados por el gobierno de López Obrador, “parece que vivimos en el cuento de nunca acabar”.
Bárbara Méndez señaló que las medidas de no repetición son de suma importancia en la sentencia, sobre todo en momentos en que se habla de megaproyectos o de la Guardia Nacional, e insistió en que el acatamiento de la sentencia de la CoIDH tiene una relevancia que va más allá de las 11 mujeres que litigaron el caso.
“Yo creo que es quehacer de toda la sociedad mexicana, exigir que tengamos realmente acceso a los derechos, que estas consultas se hagan de manera verdadera horizontales, y que al final del caso esta exigencia, que se ha tenido histórica por la transparencia, porque el Estado rinda cuentas, (y) no se diluya en el contexto actual de la 4T.
“Tienen una oportunidad inexcusable de hacer las cosas distintas, llegaron con ese discurso, que no pierdan la oportunidad, no sólo de cumplir una sentencia con medidas concretas que tienen que ver con un grupo o un colectivo de mujeres que somos las once, que este enfoque de derechos sea cotidiano en la política de Estado”, concluyó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: https://www.proceso.com.mx/582393/caso-atenco-gobierno-de-amlo-ante-la-oportunidad-inexcusable-de-cumplir-la-sentencia-de-la-coidh