Desde septiembre pasado, Alejandro Gutiérrez enfrentaba un proceso en libertad, con una tobillera de geolocalización y la restricción de no salir del estado de Chihuahua, por el presunto desvío de un millón 740 mil pesos.
El juicio oral 22/2019 en contra del expriista por este delito comenzó el pasado 2 de abril. Luego de algunas semanas, los jueces que integraron el Tribunal de Enjuiciamiento, lo declararon penalmente responsable del delito de “peculado agravado por el desvío de un millón 740 mil pesos, por medio de la simulación de prestación de servicios”.
La investigación ministerial estableció que Alejandro Gutiérrez y diversos exfuncionarios, entre el 20 y 23 de diciembre de 2015, llevaron a cabo la contratación de los servicios, facturaron y recibió el pago a través de dos empresas de su propiedad.
Según las evidencias, el 20 de diciembre, el exsecretario nacional del PRI, solicitó a un exfuncionario estatal apoyo de dos millones de pesos para actividades proselitistas, requerimiento que fue autorizado por el entonces gobernador, César Duarte.
Para lograr la transferencia, diversos servidores públicos acordaron que lo más viable era a través de dos contratos de prestación de servicios que implicaría la división del monto total en dos pagos para realizarlos como una compra directa.
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez proporcionó los conceptos y las facturas facilitando para ello, las empresas de su propiedad denominadas Jet Combustibles S.A de C.V y Promotora de Señalamiento Integral S.A de C.V.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el 22 diciembre de 2015 Gutiérrez presentó dos facturas, la primera por la cantidad de 904 mil por concepto de servicio de mantenimiento general de edificios en un contrato simplificado entre la empresa Promotora de Señalamiento Integral S.A de C.V y la Secretaría de Hacienda. Y la segunda por 835 mil 520 pesos, por el concepto de traslado aéreo de personal en un contrato entre la empresa Jet Combustibles S.A de C.V. y la Secretaria de Hacienda.
Ambos pagos se hicieron a la cuenta personal de Alejandro Gutiérrez el día 23 de diciembre de 2015.
El Ministerio Público demostró que dichos servicios no fueron prestados, ya que sólo fue una simulación para realizar los procedimientos administrativos que justificaran la salida del dinero, lo que constituyó el delito de peculado agravado en número de dos, con una forma de intervención como cómplice auxiliador en una conducta desplegada con pleno conocimiento de la ilicitud de su actuar.
Anteriormente Alejandro Gutiérrez había sido acusado por presunto desvío de 250 millones de pesos a través de una triangulación desde la Secretaría de Hacienda hacia la administración del exgobernador César Duarte, y posteriormente hacia las campañas estatales para favorecer al PRI, en 2016.
Por esta razón, el expriista pasó 9 meses preso en el penal Aquiles Serdán, ubicado en Chihuahua. Quedó en libertad luego de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) argumentara que la Fiscalía General de Chihuahua no aportó elementos de prueba suficientes que permitieran mantener el proceso en contra del acusado, y obstaculizó las investigaciones que la institución de justicia federal llevaba en curso para mantener y robustecer la causa penal del político.
De septiembre a la fecha se mantuvo en libertad, con la medida cautelar de la tobillera de geolocalización, para enfrentar un segundo cargo por el desvío de un millón 740 mil pesos, delito por el cual fue condenado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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