El Gobierno del estado invisibilizó el conflicto, hasta que niños y mujeres alertaron en videos, difundidos el 12 y 17 de marzo en redes sociales, que se preparan en el uso de las armas y anuncian su adhesión a la CRAC-PF.
Después del impacto causado por los videos que tuvieron repercusión en medios del país, autoridades estatales se vieron obligadas a reunirse con uno de los dos grupos, la CRAC-PF, que es la que difundió los videos, y acudieron a Rincón de Chautla para llevar ayuda asistencial en varias ocasiones en las últimas dos semanas.Pero desde el 19 de diciembre, cuando escaló el conflicto, las autoridades no han esclarecido, no han hecho justicia y tampoco se han reunido con los familiares de 14 asesinados ese día y el 27 de enero pasado, como lo denunció el presidente de Bienes Comunales de Zacapexco, Ramón Villanueva Morales, uno de los que pertenecen al otro grupo autodenominado Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia.
Es sólo uno de dos conflictos en los que está inmersa la CRAC-PF. El otro es con el bloque de comunidades en el que está San Jerónimo Palantla, y según la organización comunitaria están vinculadas al grupo criminal Los Rojos.
El conflicto se remonta al año 2000, cuando Rincón de Chautla y Zacapexco, anexos del núcleo agrario de Zelocotitlán se negaron entrar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede).
Las diferencias se agravaron en 2015, cuando Zelocotilán entró al bloque de comunidades que conformaron la autodenominada Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia que ha sido vinculada por defensores de derechos humanos con el grupo delictivo de Los Ardillos, que controla los municipios de Quechultenango, Mochitlán, Tixtla y ahora Chilapa. Este grupo de civiles armados fue el que irrumpió en Chilapa del 9 al 14 de mayo del 2015 cuando desaparecieron a unas 30 personas.
Mientras tanto, las comunidades de Rincón de Chautla y Zacapexco forman parte de las 17 comunidades de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) que pertenecen a la CRAC-PF.
Los enfrentamientos entre ambos bloques de pueblos comenzaron hace cinco meses. El 19 de diciembre un matrimonio fue asesinado en Paraíso de Tepila; en esa comunidad había unas familias del grupo Paz y Justicia y otras de la CRAC-PF. Ahora la localidad se encuentra abandonada.
La gente de la primera organización acusó a la Policía Comunitaria de la CRAC-PF del doble crimen y de haber expulsado a las familias que no simpatizan con ellos. A su vez, la CRAC-PF acusó que Los Ardillos el 3 de diciembre habían sacado a golpes de su casa al comisario municipal, Melquiades Riqueño Hernández.
El mismo 19 de diciembre los policías comunitarios del grupo Paz y Justicia irrumpieron en Paraíso de Tepila para respaldar a los suyos, según el comisariado de Bienes Comunales de Zelocotitlán Ramón Villanueva, porque los familiares de las víctimas solicitaron apoyo al Gobierno del estado y éste se los negó.
Tras su irrupción, los comunitarios de Paz y Justicia, expulsaron a la gente de la CRAC-PF e instalaron un retén en el crucero de la carretera que conduce a Rincón de Chautla.
Al día siguiente las autoridades comunitarias de la CRAC-PF denunciaron la desaparición de 12 personas de Paraíso de Tepila, la mayoría niños. Ellos son: Rosario Ignacio Melchor, de 60 años; Alberto Espiridión Ignacio, de 40; Antonia Andraca Celedonio de 36; Ángel Espiridión Andraca, de 17; Rosaria Espiridión Andraca, de 15 años; Sergio Espiridión Ignacio, de 12; Jorge Espiridión Andraca, de 12; Emiliano Espiridión Andraca de 9; Juanita Espiridión Andraca de 7; Elena Espiridión Ignacio de 6; Zacarías Espiridión Andraca, de 6 y Anita Espiridión Andraca de 3 años, de quienes todavía se desconoce su ubicación.
La CRAC-PF demandó públicamente muchas veces la intervención del Gobierno del estado para la búsqueda de los desaparecidos y el retiro de los civiles armados que, insistió, pertenecen al Los Ardillos. También demandó la instalación de un retén militar en Paraíso de Tepila, pero fueron ignorados.
Las autoridades comunitarias entregaron, asimismo, un oficio con las mismas demandas al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Tlapa el 11 de enero, pero tampoco recibieron respuesta, y los civiles armados continuaron bajo el control de Paraíso de Tepila.
El 27 de enero, aproximadamente a las 11 de la mañana, integrantes de Paz y Justicia fueron emboscados en la entrada de Paraíso de Tepila cuando iban a relevar a sus compañeros en el retén instalado en la entrada a Rincón de Chautla. En el lugar fallecieron 10 de ellos.
La versión por escrito de Paz y Justicia dice que ese día, a las 11 de la mañana “los comunitarios de la CRAC-PF encabezados por Samuel Hernández Sánchez, Rubén Hernández Sánchez, Antonio Rodríguez Morelos, Jordán Luna Virgenio, Crescenciano Luna Martínez, Panuncio Rodríguez, Benjamín Sánchez Hernández, Getulio García Luna, Alvino Rodríguez Castillo, Cornelio Rodríguez Rodríguez, Flavino Rodríguez Rodríguez, Bernardino Sánchez Luna, Casimiro Hernández Virgenio, Oscar Hernández Virgenio, Cristino Andraca Celedonio y Melquiades Virgenio Hernández emboscaron al grupo de comunitarios por la Paz y la Justica.
Asegura que estas mismas personas habían participado en el asesinato del matrimonio en Paraíso de Tepila el 19 de diciembre, cuando resurgió el conflicto, y que fue el motivo de por el que se hicieron cargo de la seguridad de ese pueblo.
Refiere que después de la emboscada antes del medio día del 27 de enero, los comunitarios de la CRAC-PF, quienes utilizaron armas AK-47 y AR-15 se dieron a la fuga, “luego se persiguieron a los asesinos hasta llegar a la comunidad de Rincón de Chautla donde se inició un enfrentamiento”, concluye el texto en el que no se menciona que allí fallecieron otros dos de sus compañeros y dejaron abandonadas cinco de las 15 camionetas en las que llegaron aproximadamente 150 para atacar al pueblo.
De los muertos de la emboscada y el enfrentamiento de ese día, cuatro eran de Zelocotitlán, cinco de Buenavista, y los otros tres de Coatzingo.
La violencia siguió el 4 de febrero, cuando policías comunitarios de la CRAC-PF retuvieron en Xicotlán a siete policías municipales de Chilapa, entre ellos a su director de seguridad pública Juan Carlos Jiménez y a su padre Norberto Jiménez Nava. Así como a 7 policías de Paz y Justicia, entre éstos a su líder Tranquilino Palatzin Tranquero.
La versión de la CRAC-PF fue que la retención ocurrió para canjearlos por dos policías comunitarios y un vecino que habían sido levantados ese mismo día en Atzacoaloya por integrantes de Los Ardillos.
El canje ocurrió al día siguiente, mediante una negociación en la que no se tuvo conocimiento que haya habido la intervención del Gobierno, al menos no se supo oficialmente, pues solo se informó mediante un escueto boletín de la liberación de las 14 personas.
El 4 de mayo pasado fue asesinado en el bulevar de Chilapa el consejero regional de la CRAC-PF de Xicotlán, José Lucio y su acompañante, Modesto Verales Sebastián, y el 16 de mayo una pareja de San Jerónimo Palantla de nombre Martín Salgado de Jesús y María Ricarda Xochitempa Chautla, fueron levantados cerca de Xochitempa.
Los dos homicidios se atribuyen a Los Ardillos y la desaparición de Martín a la CRAC-PF, sin embargo, la agrupación comunitaria se deslindó en un comunicado y demandó al comisario de Xochitempa la búsqueda de la pareja y que denuncie la desaparición ante las autoridades denuncia ante las autoridades.
A pesar de los reiterados hechos de violencia, los pobladores aseguraron que la zona siguió desprotegida, aún cuando siguieron insistiendo en la presencia de militares y policías estatales y hasta propusieron puntos estratégicos donde debían instalarse las fuerzas federales y estatales para garantizar la seguridad.
Entre el 11 y 12 de mayo pasado, 7 niños y dos niñas, aparecieron en un video difundido en las redes sociales, grabado en Rincón de Chautla, en el que se muestran realizando prácticas de autodefensa y uno de ellos leyó un comunicado en el que anuncia su adhesión a la CRAC-PF para defender a sus pueblos de Los Ardillos.
Fue hasta entonces que, dos días después de que comenzó a circular el primer video, el Gobierno del estado informó en un comunicado de prensa que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y el Subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, acudieron a esa población.
El coordinador de la CRAC-PF, David Sánchez Luna, dijo que ese día no encontraron a las autoridades del pueblo y que los funcionarios regresaron el miércoles, cuando dialogaron con ellos y comenzó a fluir la ayuda, cuando menos despenas, material de construcción y víveres, así como brigadas médicas y asistenciales.
El miércoles 15 de mayo, La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó en un comunicado a las autoridades federales y del estado a “salvaguardar” los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la comunidad de Rincón de Chautla, que participaron en el video.
La CNDH demandó a las autoridades de los dos niveles de gobierno que adopten “de inmediato” las medidas pertinentes para salvaguardar los derechos de esos niños y adolescentes, “que se manifestaron unirse a las autoridades comunitarias para defender a la población del presunto ataque armado del grupo delincuencial Los Ardillos” el pasado 27 de enero.
Por la noche, el Gobierno del estado respondió en un boletín de prensa. Dijo que las autoridades estatales han realizado reuniones con los pobladores y acciones en beneficio de los menores.
El coordinador de la CRAC-PF de Rincón de Chautla, David Sánchez Luna, informó el viernes 17 de mayo que no sólo los niños están aprendiendo técnicas de autodefensa por la Policía Comunitaria, sino también las mujeres de 17 pueblos donde opera la CRAC-PF.
Ese mismo día la CRAC-PF difundió otros dos videos. Esta vez de mujeres que aparecen armadas, quienes demandan apoyo y garantías de seguridad al Gobierno.
Presionados por el llamado de la CNDH y los nuevos videos el Subsecretario de Gobierno Martín Maldonado y el presidente de la Coddehum, Ramón Navarrete, regresaron el 18 de mayo a Rincón de Chautla para llevar más apoyos y anunciaron que el lunes siguiente iría la presidenta del DIF, Mercedes Calvo y el Alcalde Jesús Parra.
Ésta, la de la presidenta del DIF estatal, fue la cuarta visita de autoridades estatales y municipales a esa comunidad nahua en menos de ocho días.
El domingo 19 de mayo, el comisariado de Bienes Comunales de Zelocotitlán, Ramón Villanueva, reprochó al Gobierno del estado que sólo estaba entregando apoyo a la gente de la CRAC-PF, y no a los familiares de las víctimas de los asesinados del 27 de enero, denunció que no se ha hecho justicia.
A pesar de las constantes visitas de funcionarios del Gobierno del estado y del alcalde de Chilapa, la C RAC-PF siguió exigiendo medidas de seguridad en el tramo carretero Chilapa-Hueycantenango, principalmente del crucero del Jaguey a Chilapa en donde opera el grupo Por la Paz y la justicia, pero las autoridades no atendieron la petición.
A la una de la tarde del jueves pasado, el comandante regional de la CRAC-PF Bartolo Morales Hilario y el policía comunitario Isaías Xantenco Ahuejote, fueron levantados en el entronque hacia la comunidad de El Jaguey y sus cuerpos descuartizados fueron encontrados distribuidos en seis bolsas en el punto conocido como Las Antenas a orillas de la carretera Chilpancingo-Tlapa, a unos 15 minutos de Chilapa.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ZACARÍAS CERVANTES.
LINK: https://www.sinembargo.mx/28-05-2019/3587759