Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es congruente con su discurso de respeto a los derechos humanos, debe cumplir la sentencia judicial que ordena al Estado mexicano explicar la actuación de militares y policías estatales en la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, suscitada en mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca.
Esta mañana, Nadín Reyes, hija de Reyes Amaya y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, y otros activistas ofrecieron una conferencia frente a Palacio Nacional para referirse a la "histórica" sentencia, emitida hace cinco años por un tribunal colegiado y ratificada el pasado 6 de mayo por un juzgado de distrito en materia de amparo.
"El actual gobierno no es responsable directo del cometido de este crimen atroz contra la humanidad de los (dos) luchadores sociales; no obstante, la desaparición forzada es un crimen continuado e imprescriptible, por lo tanto, se comete cada día en tanto la administración federal, ya sea por omisión o comisión, será responsable si no acata esta resolución judicial", señaló la coordinadora del Comité.
El 25 de mayo de 2007, en el contexto del conflicto de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, policías del estado y militares participaron en la desaparición forzada de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, militantes del EPR, de quienes desde entonces no se sabe nada. Sandino Rivero, abogado que acompaña a los familiares de los luchadores sociales, informó en la conferencia que hay una línea de investigación que apunta a que habrían sido conducidos al Campo Militar Número Uno de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En su edición impresa del domingo, La Jornada adelantó el contenido de este fallo judicial que ordena a la Sedena, a la Secretaría de Gobernación, al gobierno de Oaxaca y a otras instancias del Estado resarcir el daño, realizar todas las diligencias para la localización con vida de ambos eperristas, la apertura de cuarteles militares, la comparencia ante las autoridades de justicia de mandos del Ejército y la creación de una comisión especial de búsqueda para este caso particular, entre otras.
El 25 de mayo de 2007, en el contexto del conflicto de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, policías del estado y militares participaron en la desaparición forzada de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, militantes del EPR, de quienes desde entonces no se sabe nada. Sandino Rivero, abogado que acompaña a los familiares de los luchadores sociales, informó en la conferencia que hay una línea de investigación que apunta a que habrían sido conducidos al Campo Militar Número Uno de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En su edición impresa del domingo, La Jornada adelantó el contenido de este fallo judicial que ordena a la Sedena, a la Secretaría de Gobernación, al gobierno de Oaxaca y a otras instancias del Estado resarcir el daño, realizar todas las diligencias para la localización con vida de ambos eperristas, la apertura de cuarteles militares, la comparencia ante las autoridades de justicia de mandos del Ejército y la creación de una comisión especial de búsqueda para este caso particular, entre otras.
"Esta vez, el Estado no podrá argumentar que no es una resolución definitiva como pretexto para no realizar las acciones necesarias parea buscar a nuestros familiares en cuarteles militares, así como tampoco eludir su responsabilidad en la comisión de este crimen, pues la sentencia es en sí misma un acto de reconocimiento de esta grave violación a los derechos humanos cometida en contra de dos luchadores sociales", afirmó Nadín Reyes.
Margarita, hermana de Cruz Sánchez, exigió a nombre del Comité que el gobierno de López Obrador acate cabalmente el fallo judicial y desistirse de todo recurso legal que impida el ejercicio del mismo, además de ordenar a las instancias locales que no lo hagan. "Hacerlo significaría la continuidad de la política de revictimización de los familiares y la impunidad que encubre a los perpetradores".
El abogado Rivero dijo que el plazo para que la FGR pueda impugnar la resolución vence entre el 23 y 24 de mayo. Aseveró que de hacerlo, la fiscalía mandaría un mensaje negativo a la sociedad en temas de graves violaciones a los derechos humanos.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO